Dos exmilitantes de Montoneros defenderán a Facundo Jones Huala en el juicio de extradición

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El juicio de extradición de Facundo Jones Huala se realizará este jueves a partir de las 10 en Esquel, provincia de Chubut, donde el líder mapuche permanece detenido desde febrero.

A cargo del juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, el juicio se llevará a cabo en el Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional. El lugar elegido está en el mismo predio de la Unidad 14, en la que Jones Huala cumple prisión preventiva.

Por razones de seguridad, unas 40 personas -entre prensa y público general- podrán presenciar el juicio de extradición, que se hará en un recinto pequeño. Si bien la Justicia Federal había programado la audiencia para el 3 de julio, el juicio se postergó a pedido de uno de los abogados defensores de Jones Huala, Eduardo Soares, integrante de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina.

Soares y su colega Gustavo Franquet asumieron la defensa de Jones Huala hace unos meses. Ambos formaron parte de Montoneros en la década de 1970. El abogado marplatense Soares pertenece a la agrupación Convocatoria Segunda Independencia, mientras que Franquet integra la Coordinadora Barrial Resistencia y fue referente de la CTD Aníbal Verón.

Los integrantes de la Gremial de Abogados también forman parte del equipo legal de las mujeres mapuche detenidas en Villa Mascardi durante el operativo de desalojo que se hizo en octubre del año pasado. Las mujeres, que tenían prisión domiciliaria, fueron liberadas en junio pasado.

En el caso de Jones Huala, además de alegar que se trata de un perseguido político, la defensa había criticado a Villanueva por desestimar pruebas para la audiencia y por no permitir citar a diversos testigos. El juez advirtió que el juicio de extradición “no reviste el carácter de un verdadero juicio criminal, pues no envuelve el conocimiento del proceso en el fondo ni implica decisión alguna sobre la culpabilidad o inculpabilidad del individuo requerido en los hechos que dan lugar al reclamo”.

Villanueva añadió que “la cuestión atinente a la supuesta existencia de un delito político o de una persecución política en el país requirente respecto de personas que se identifican por su pertenencia al pueblo mapuche ya fue abordada y descartada por esta sede y la Corte Suprema al confirmar la procedencia de la extradición del requerido a la República de Chile por los mismos delitos por los que ahora se lo requiere”.

En ese sentido, el juicio de extradición de este jueves solo se ocupará de analizar la solicitud de Chile para extraditar a Jones Huala. El líder de la RAM fue detenido en El Bolsón a fines de enero pasado, luego de permanecer prófugo de la Justicia chilena durante casi un año, desde el 11 de febrero de 2022.

En enero de ese año obtuvo el beneficio de libertad condicional por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco, pero la Corte Suprema revocó al mes siguiente la decisión. Sin embargo, Jones Huala nunca volvió a la cárcel.

Tras su detención en El Bolsón, en el país trasandino se cumplieron todos los pasos para que Jones Huala regrese a Chile a terminar de cumplir una sentencia a nueve años de prisión por los delitos de incendio y tenencia ilegal de arma de fuego, cometidos en 2013.

Este es el tercer juicio de extradición que se realiza al líder de la RAM: Villanueva intervino en el segundo juicio, que se hizo en febrero de 2018 en Bariloche. En aquel momento, fue extraditado para ser juzgado en Chile por los delitos por los que luego lo condenaron. La defensa de Jones Huala había recusado a Villanueva por haber intervenido en el trámite anterior, pero el juez que subroga el juzgado federal de Zapala rechazó el planteo.

En diciembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia condenó al líder mapuche a 6 años de prisión como autor del incendio de una vivienda habitada y le aplicó otra condena de 3 años y un día de prisión por tenencia ilegal de armas. Como el tribunal de juicio le computó a favor los 1178 días de prisión preventiva que cumplió en Argentina y Chile, el 26 de junio de 2024 agota la pena.

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