El gobierno de Kicillof auxiliará al municipio donde el intendente radical dejó el cargo sin pagar los sueldos

El nuevo gobierno municipal de Puan recibirá una inyección de dinero de parte del gobierno bonaerense de Axel Kicillof que le permitirá cubrir una porción de los salarios de noviembre de los empleados públicos, que el exintendente Facundo Castelli dejó impagos al finalizar su gestión, la semana pasada, en una salida que incluyó un pedido de perdón en una carta de despedida. Con esos fondos, cobrará un segmento de los empleados de planta permanente y quedarán pendientes los salarios de médicos y la planta política, según afirmó el nuevo intendente, Diego Reyes. El monto total que necesita la comuna para saldar la deuda salarial es de $600 millones.

“Nos habilitaron un ATP [Aporte del Tesoro Provincial] de $250 millones, que se verá reflejado en las cuentas municipales el viernes, siendo optimista. Con ese fondo, se cancelará el ‘descubierto’ heredado, que hoy está en $60 millones negativos, y con los $190 millones restantes se pagará parte de la tanda uno de los sueldos, que es personal de planta”, señaló Reyes a LA NACION. Quedará para más adelante el pago a médicos y a la planta política, indicó el jefe comunal, que pertenece a Juntos por el Cambio.

Los municipales de Puan están en huelga desde el sábado y prevén una concentración frente a la municipalidad este viernes, a la que convocaron también a los gremios municipales del resto de la sexta sección electoral. El intendente adelantó que mañana se reunirá con los representantes sindicales “para evaluar la manera más equitativa de repartir” el dinero que le llegará al distrito. La planta permanente incluye a unos 1300 trabajadores.

En paralelo a la cuestión salarial, comenzó ayer a desarrollarse una investigación judicial por posibles delitos económicos en la gestión de Castelli. Este miércoles, la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Puan se presentó como particular damnificado en el expediente, que investiga el fiscal de Bahía Blanca Gustavo Zorzano. El gremio pidió una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense. La causa judicial comenzó de oficio en la Ayudantía Fiscal de Puan y el intendente Reyes aportó información sobre los manejos económicos de su antecesor.

Entre las denuncias de presuntas irregularidades contra Castelli, tanto el nuevo intendente como desde el gremio municipal resaltan la transferencia de $83 millones al Frente Vecinal, la agrupación política del exintendente, que está enrolado en el radicalismo (su sucesor es de Pro y se enfrentaron en las internas de agosto).

Castelli dejó el municipio con una despedida en una carta pública en la que pidió “perdón” por la falta de pago del mes de noviembre y afirmó que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico ambulatorio. No hizo declaraciones luego de ese mensaje y tampoco respondió los mensajes y llamados de LA NACION.

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