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La CGT convocó a una reunión de urgencia y rechazó los anuncios económicos con un duro documento
Los gremios reclamaron que se abra una negocación con el Gobierno y calcularon una inflación mensual de entre 20 y 30% hasta el primer cuatrimestre
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LA NACIONNicolás Balinotti
La CGT se reunió hoy de urgencia para analizar el impacto de los anuncios que hizo ayer el ministro de Economía, Luis Caputo. Por ahora, manda la prudencia en las distintas tribus, incluso en las más identificadas con el kirchnerismo. Aunque reforzaron su disconformidad con un duro documento cuyo título es “No es la casta. Al ajuste lo paga el pueblo”.
A los caciques sindicales no les sorprendió el drástico recorte anunciado por la gestión de Javier Milei en el gasto público como tampoco la quita de los subsidios o la posibilidad de modificar las leyes vinculadas a las jubilaciones o el impuesto a las ganancias. Sí, en cambio, les llamó la atención la falta de precisiones de la hoja de ruta que expuso el funcionario. “No estamos ante un plan económico, estamos ante medidas desordenadas de ajuste”, señalaron los gremios.
“La gente acompañó con su voto a este gobierno y sabía de qué se trataba. Nosotros vamos a ser prudentes y a esperar la reacción de la sociedad. No conocemos los detalles y hubo falta de profesionalismo en la puesta en escena. Estamos viendo que el ajuste no se va a hacer sobre la casta sino sobre los trabajadores y los jubilados”, dijo a LA NACION Gerardo Martínez, jefe de la Uocra. Martínez fue el anfritrión del encuentro de hoy, del que participaron más de 25 dirigentes. La CGT se mantiene por ahora en la mesura, aunque acordó un duro documento con advertencias sobre una posible hiperinflación. Por ahora, no habría fisuras internas en cuanto a esta estrategia y los gremios intentaron mostrarse como garantes de la gobernabilidad. Pidieron un encuentro mano a mano con el Gobierno.
“El plan de ajuste fiscal y cambiario anunciado por el Gobierno generará una fuerte aceleración del proceso inflacionario, que dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social y solidaria, de cuentapropistas y autónomos, así como también de jubilados y pensionados. Esto significa que, el anunciado ajuste, no ajusta a la “denominada” casta como se prometió en la campaña. El ajuste de Milei, una vez más, recae sobre el pueblo”, dice un párrafo del mensaje cegetista.
Y añade: “De acuerdo a lo pronosticado por las propias autoridades económicas del actual Gobierno, las medidas anunciadas ubicarán el índice inflacionario mensual entre un 20 y un 30% al menos por el próximo cuatrimestre situación que, de no ser acompañada por una política de ingresos ejercida a través del libre ejercicio de las negociaciones paritarias y de políticas activas compensatorias, pondrá a millones de argentinos y argentinas en una situación socioeconómica desesperante, sin garantías de poder acceder a sus necesidades básicas”.
Puntualmente sobre las medidas económicas, la CGT advierte: “Más que un ajuste ortodoxo, son un disciplinador social. Ahogan a las provincias vía recortes impositivos y pretenden una transferencia de recursos de los trabajadores y jubilados a la Nación por la ausencia de una política de ingresos. Además, implican una fuerte paralización de la actividad económica con su consecuente puesta en riesgo de cientos de miles de puestos de trabajo. Sigue siendo nuestra vocación contribuir a la gobernabilidad. Para ello consideramos imprescindible una convocatoria al diálogo de parte de las autoridades gubernamentales”.
Al término de la reunión, Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT, señaló: “Se habla de ajuste y no se habla de ingresos de los sectores más vulnerables, de los jubilados ni de los trabajadores. Esto es una gran preocupación. No hablamos de medidas, pero si los salarios y las jubilaciones son pisados, vamos a actuar”. Daer ofició de vocero del encuentro, al margen del documento acordado.
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El sector más dialoguista de la CGT, que lo integran “los Gordos” y los autodenominados “independientes”, ya abrió un canal de negociación con los libertarios. Incluso, antes de la asunción, hasta se generó un intercambio directo con el presidente electo, según aseguraron dirigentes de ambas orillas. A través de sus ministros Guillermo Francos y Guillermo Ferraro, principalmente, pero también mediante diputados nacionales con nexos gremiales, Milei les habría hecho llegar un mensaje conciliador: la reforma laboral será más light de lo planificado; los contratos de obra pública vigentes se mantendrían al igual que el plan Procrear, y no se tocarían las obras sociales ni la ley de Asociaciones Sindicales, la viga maestra en la que los gremios peronistas sostienen su poder casi exclusivo de representación en negociaciones y conflictos salariales. En estos puntos por ahora no habría cambios.
Generó asombro y significó un golpe la licuación que se prevé para los planes sociales, sobre todo para el Potenciar Trabajo. Aquí se abre una brecha entre la CGT, que representa a trabajadores registrados, y los movimientos sociales, que nuclean a los informales. En algunas semanas lo que los podría unir es la convocatoria al Consejo del Salario para actualizar el salario mínimo, vital y móvil, que es hoy de $156.000. Una de las estrategias de Omar Yasin, el nuevo secretario de Trabajo, quizás sea pisar la actualización para que de esa manera no se indexen las paritarias. Lo mismo que anunció ayer Caputo con los montos del Potenciar Trabajo. Un dato: el salario mínimo es una referencia para el monto de los planes sociales, haberes jubilatorios y para el seguro de desempleo. Con los salarios podría suceder lo mismo que con los indicadores de la ley de presupuesto: que se los devore la inflación. “Nos garantizaron que las paritarias no se interrumpirán”, dijo un dirigente de peso de la CGT que mantuvo diálogos con los libertarios y con las nuevas autoridades del área laboral.
Las dos CTA
Las dos vertientes de la CTA, menos cautelosas y también menos representativas que la CGT, ya presionan en cambio por una medida de fuerza para poner la guardia en alto. Incluso, en su retórica se muestran más combativas.
La CTA Autónoma, que lidera Hugo Godoy, reunió hoy a sus autoridades para analizar las medidas. Rodolfo Aguiar, jefe de ATE Nacional, dio una pista del tono que se palpó en el encuentro. “El aval electoral no fue para castigar al pueblo, sino a los privilegiados. Fue para resolver los problemas del pueblo que son la inflación y la pobreza, no para aumentarlos”, dijo el jefe de ATE nacional, uno de los gremios de la administración pública que mañana podría definir un reclamo sectorial para rechazar los recortes anunciados en su área. Preocupa la revisión de los contratos, sobre todo. “Hay unos 64.000 empleados estatales que están en peligro. Hubo un incumplimiento de la gestión actual en la regularización de muchas personas”, señaló Aguiar a LA NACION.
El secretario general de ATE en la ciudad de Buenos Aires, Daniel “Tano” Catalano, fue recibido este miércoles por el ministro Guillermo Francos. “Le solicitamos que se conforme una mesa de trabajo. Mucho de lo que ellos llaman contratos políticos son compañeros con antigüedad que cambiaron de sistema de contratación, cupos de discapacidad y cupo travesti-trans”, señaló Catalano en su cuenta de la red social X (anteriormente, Twitter).
“Nuestro rol es defender el trabajo estatal, no pensamos ceder en eso. El ajuste no lo pueden pagar los trabajadores”, completó el dirigente gremial, que el jueves 23 de noviembre participó de la primera ronda de la Asociación Madres de Plaza de Mayo tras la victoria de Milei y prometió “poner el cuerpo y salir a construir una resistencia”.
La CTA de los Trabajadores, que encabeza el diputado kirchnerista Hugo Yasky, también se declaró en alerta y puso la guardia en alto. “Están abriéndole la puerta a una hiperinflación que no estaba en el escenario real de la economía. De esto resultará una transferencia fenomenal de riqueza de la enorme mayoría del pueblo a los oligopolios, los agroexportadores y el sector financiero. Ahora descubrimos que la casta eran los jubilados, los empleados públicos, los trabajadores, en definitiva, el pueblo argentino”, expresó Yasky en un comunicado.
Y agregó: “Esto generará un brutal hundimiento de los ingresos de toda la población que, sumado a una fuertísima retracción del gasto público que incluye desde recortes salariales, despidos, cierres de programas y congelamiento de salarios y programas sociales redundará en una fenomenal espiral recesiva que afectará a toda la actividad económica generando desocupación y más pobreza. Es evidente que con este rumbo la luz al final del camino es una frase de ocasión para tratar de esperanzar a las víctimas de lo único que saben hacer bien, cortar siempre el hilo por lo más delgado”.
En el ajedrez sindical, Yasky juega en tándem con el sector kirchnerista de la CGT, referenciado en Sergio Palazzo, Mario Manrique y Pablo Moyano.
El bancario Palazzo, por su cuenta, marcó su postura con un mensaje de su gremio al que tituló “Salvajes”. Dice el mensaje: “Desde la Asociación Bancaria consideramos que las medidas anunciadas en el día de ayer por el Ministerio de Economía de la Nación son de una violencia inusitada para la clase trabajadora en general. Coincidimos que se trata lisa y llanamente de una confiscación masiva de la propiedad privada y de los derechos patrimoniales de millones de Argentinos. Son los que tienen incorporado como parte de su salario diferido los subsidios a los servicios públicos y transportes públicos, los que ya no pagan impuesto a las ganancias cuarta categoría y los que van a ver violentado su patrimonio por la brutal devaluación”.
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