El viceministro de Justicia será el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura

El Gobierno resolvió que el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, sea designado como el representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura, un organismo clave para remover y designar jueces, en un momento donde las vacantes en la justicia nacional y federal llegan al 30 por ciento.

La designación será formalizada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Amerio cuenta con el apoyo del asesor presidencial Santiago Caputo, a quien conoce desde su juventud. Antes de recalar en el ministerio, Amerio trabajaba en la Corte Suprema de Justicia, en la secretaría penal (3).

Desde que asumió el gobierno el 10 de diciembre, la designación del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura era una deuda. Al punto que hubo un plenario del Consejo y no asistió ningún representante del Poder Ejecutivo. Ahora habrá un plenario en las próximas semanas y el cuerpo podrá integrarse totalmente y determinar su participación en las comisiones.

En la previa a la designación de Amerio hubo una puja entre varios sectores para proponer al funcionario que se siente en ese sillón. Por un lado el macrismo, cuando arrancó la gestión de Javier Milei, acercó a un funcionario de la gestión de Germán Garavano para ocupar ese lugar. Pero fue desestimado.

El propio Cúneo Libarona impulsaba a su mano derecha, el abogado Diego Guerendiain, pero finalmente terminó siendo designado Amerio.

El rol del representante del Poder Ejecutivo en este Consejo de la Magistratura es clave porque es el único consejero que tendrá el Gobierno en el organismo que nombra y destituye jueces. El resto de los consejeros son legisladores, del Pro, de la UCR o de Unión por la Patria, abogados cercanos a Pro, al radicalismo, académicos y jueces, que están más cerca o más lejos del peronismo.

En esta integración del Consejo de la Magistratura el kirchnerismo perdió poder, se consolidó una fuerza más compacta de jueces, académicos y consejeros no peronistas y con ellos deberá acordar el Gobierno los nombres de las ternas que quiere impulsar para cubrir cargos claves en la Justicia.

En el Poder Judicial hay actualmente un 30 por ciento de puestos vacantes, pero los pliegos de al menos 70 jueces están en el Poder Ejecutivo, ya pasaron la instancia del Consejo de la Magistratura y se espera que Cúneo Libarona los envíe al Senado para que le den acuerdo.

Pero el resto están vacantes con concursos en trámite. Hay cargos clave para la justicia federal que deben terminar de concursarse y elegir las ternas para cubrirlos. Entre ellos tres cargos vacantes de jueces en la Cámara Federal de Casación Penal (los que dejaron Ana María Figuera, Liliana Catucci y Eduardo Riggi). Además hay cuatro vacantes de jueces federales en Comodoro Py 2002. Son las que dejaron Luis Rodríguez, -jubilado- Claudio Bonadio -quien falleció en febrero de 2020-, Rodolfo Canicoba Corral -se jubiló- y, en Sergio Torres, que integra la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Además resta definir qué ocurrirá en la Cámara Federal donde están los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertucci, que llegaron a esos cargos trasladados desde otros tribunales. La Corte resolvió que deben concursarse esos cargos, por lo que resta que avance ese trámite.

Estas negociaciones son las que le esperan a Amerio en el Consejo de la Magistratura, pero la tarea más difícil que deberá enfrentar pasa por el financiamiento. La Justicia ya advirtió que con el presupuesto de 2023, prorrogado en 2024, solo tiene fondos para funcionar en el primer semestre del año.

El Consejo de la Magistratura es quien liquida los sueldos del personal del Poder Judicial (excepto los de la Corte Suprema) por lo que los consejeros de la magistratura ya avisaron más allá del celular de Santiago Caputo, sería bueno que Amerio tenga a mano también el teléfono de Luis Caputo, el ministro de Economía. Ambos son los que deberán decidir sobre la ampliación de partidas para asegurar el funcionamiento de la Justicia.