Juntos por el Cambio recluta miles de fiscales para cuidar los votos y mostrar “mística” frente al Gobierno

Frente al intento del Gobierno de recuperarse de la dura derrota que sufrió en las PASO con un shock de peronismo clásico, Juntos por el Cambio se puso en guardia y prepara un contragolpe con “mística”. Superado el trance de las internas en 17 distritos del país, que dejó heridos, la coalición opositora se alista para la batalla crucial del 14 de noviembre que redefinirá el equilibrio de fuerzas en el Congreso con dos objetivos estratégicos: reforzar la fiscalización y combatir el clientelismo político.

La maniobra opositora tiene el fin práctico de cuidar sus votos en las urnas, pero también un “valor simbólico”. Es que los jefes de JxC buscan exhibir músculo político para hacer frente a la ofensiva que lanzó la Casa Rosada para resurgir después de la crisis interna que generó en el Frente de Todo el contundente triunfo de la oposición en las primarias. Quieren mostrarles a sus rivales que están “alertas”. “Ellos salen a la cancha con todo y nosotros estamos de pie. No nos van a pasar por arriba”, avisa una autoridad de la coalición. Es una cuestión “actitudinal”, para mostrar “épica”.

Si JxC repite su performance de las PASO, el Frente de Todos podría quedar en minoría en ambas cámaras. Por eso, los referentes de Pro, la UCR y la CC no solo trabajan para evitar fracturas en la coalición en todo el país, sino que pretenden robustecer el operativo para controlar las boletas del espacio durante el día de las elecciones. “Estamos alertas porque ya conocemos las tácticas del PJ para dar vuelta las elecciones. Van a mover el aparato”, señala una de las espadas de Pro. Para los comicios generales, JxC aspira a cubrir 101.457 mesas y 17.092 centros de votación en todo el país para “evitar cualquier intento de avasallamiento”. Para lograrlo, necesitan reclutar a un “ejército” de 200 mil fiscales. Será un desafío mayúsculo para la oposición, ya que el operativo requiere movilizar y capacitar a miles de personas en menos de 60 días. “Se necesita mucha logística. No manejamos movimientos sociales ni gremios”, apuntan desde JxC. Por ese motivo, el espacio ya relanzó la campaña para reclutar voluntarios. Para reforzar la convocatoria, Ricardo López Murphy propuso que los candidatos sean fiscales el día de la elección. “Hay que estar firmes para no dejar pasar ni una avivada. Es la mejor herramienta para evitar cualquier intento de fraude”, sostiene Guillermo Dietrich, quien trabaja en la fiscalización de Pro junto con Silvia Lospennato (JxC).

El principal foco de preocupación está en Buenos Aires, donde necesitan unas 40 mil personas entre fiscales generales y fiscales de mesa monitorear todo el proceso. En ese distrito priorizarán las “mesas críticas” de La Matanza, Merlo, Moreno, Almirante Brown o Florencio Varela. En las PASO hubo algunos desajustes en el operativo. Además del conurbano, JxC pondrá la mira en las ocho provincias donde se elegirán senadores. También en Formosa, donde el sistema de votación complejiza la tarea de fiscales. Entre las “picardías” e irregularidades que pretenden bloquear están la identidad “trucha”, el “voto en cadena” o la “urna embarazada”. También necesitan garantizar que las boletas de JxC lleguen a los centros de votación y asistir a los fiscales durante la jornada.

Clientelismo

En JxC sospechan que el oficialismo podría mover las estructuras del Estado y utilizar fondos públicos para revertir el resultado. Temen que se propaguen las prácticas de “compra de votos” y las distintas variantes de clientelismo político en los bastiones electorales del PJ, sobre todo en los distritos más populosos del conurbano. El ejemplo que impera por estas horas en JxC es el caso de San Luis. En 2017, los Rodríguez Saá lograron revertir la derrota que habían sufrido en las PASO tras inyectar una avalancha de fondos públicos para reactivar el consumo.

El martes, JxC anunció la creación de “comité jurídico para denunciar delitos electorales”, que se pondrá en marcha durante los próximos días. Así, buscan que los ciudadanos puedan denunciar, a través de distintas vías -portal, mail o líneas telefónicas-, presuntos delitos, faltas electorales o prácticas clientelares ante el “comité jurídico”, que estará integrado por los abogados de Pro, la UCR y la CC en todas las jurisdicciones. Los equipos jurídicos analizarán las pruebas –testimonios, videos o imágenes- para determinar si impulsan una denuncia o difunden el material. En JxC se encendieron las alarmas luego de que Daniel Gollan blanqueara el plan “platita en el bolsillo”.