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La Comisión por la Memoria apunta contra el procurador General bonaerense
Hizo una presentación para investigar a Julio Conte Grand por supuesto “hostigamiento” y “persecución policial”
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LA NACION
LA PLATA.- La tensión al interior del Poder Judicial y entre la justicia y distintos sectores políticos e institucionales que se registra en el ámbito nacional tiene correlato en la provincia de Buenos Aires. La Comisión Provincial por la Memoria - un organismo autárquico que tiene a cargo el Mecanismo de Prevención de la Tortura - elevó hoy una nota al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, para informar un supuesto hecho de gravedad institucional: “Un mecanismo de hostigamiento, persecución policial y disciplinamiento instrumentado por la Procuración General”.
Las denuncias contra la Procuración General se manifiestan desde la Comisión por la Memoria en coincidencia con reiterados pedidos de renuncia por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo provincial a la cabeza del ministerio público, Julio Conte Grand.
El procurador General, exsecretario Legal y Técnico de María Eugenia Vidal designado durante la gestión de la exgobernadora, no enfrenta un pedido de juicio político formal: el oficialismo no tiene mayoría en el Senado para avanzar con una remoción.
Conte Grand resiste a las denuncias -no probadas en sede judicial- por supuestas irregularidades y a los pedidos de renuncia públicos manifestados por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo.
El turno de la Suprema Corte
La nota elevada hoy por la Comisión Provincial por la Memoria a la Suprema Corte de Justicia se ancla en hechos sucedidos en el departamento judicial de Lomas de Zamora. “Las irregularidades funcionales de los representantes del ministerio público fiscal de dicha jurisdicción (…) darían cuenta del desarrollo de investigaciones arbitrarias y selectivas por parte de funcionarios de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado a cargo de Sebastián Scalera”.
“Tales acciones -expresó la Comisión por la Memoria- habrían conllevado el involucramiento irregular de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia y del Ministerio Público de Seguridad de la Nacion”.
En concreto se acusa al fiscal general adjunto Scalera y dos fiscales adjuntos de supuestas irregularidades en su funciones en investigaciones realizadas durante el gobierno de la Juntos por el Cambio.
La nota se basa en presentaciones realizadas por el juez Gabriel Vitali, del mismo departamento de Lomas de Zamora, ante la Suprema Corte de Justicia, durante 2019.
El juez cuestionó la actividad de Scalera en las causas del club Independiente y La Salada. El fiscal intervino también en la recusación del juez Carzoglio. El juez Vitali acusó a Scalera de iniciar investigaciones “con el objetivo de inclinarlas a sus intereses políticos o generando IPP con el fin de perseguir a políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios, entre otros donde han participado funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones de manera como menos irregular en consonancia con lo denunciado por diferentes magistrados de Lomas de Zamora tales como lo doctores (Luis) Carzoglio y (Gabriel) Vitale”.
En el mismo escrito se describen supuestas actividades ilegales de la Agencia Federal de Inteligencia en expedientes judiciales durante el gobierno de Juntos por el Cambio.
La nota está firmada por el presidente de la Comisión por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel, por Dora Barrancos, que ejerce la presidencia junto con el Premio Nobel de la Paz, y por el secretario de la Comisión, Roberto Cipriano García.
En concreto la se solicitó a la Suprema Corte de Justicia: “Remitir un informe circunstanciado en relación a las acciones desplegadas por esa SCJBA y la Procuración General respecto de las distintas presentaciones efectuadas por el juez de Garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitali”.
Se solicitó además que “informe sobre las investigaciones y auditorias realizadas sobre la Fiscalía General de Lomas de Zamora, la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado a cargo del Dr Sebastián Scalera y la Fiscalía N°8 de delitos económicos y violencia institucional de Lomas de Zamora”.
En la Procuración General se informó que no se harán comentarios sobre el escrito acusatorio. La Procuración no sé pronunciará hasta que eventualmente la Suprema Corte considere dar intervención al ministerio público sobre el escrito elevado al máximo tribunal provincial.
LA NACION
