La Corte Suprema y el Poder Judicial que planea Juntos por el Cambio en caso de ganar las elecciones

Juntos por el Cambio ya sabe cuál es la Corte Suprema que desea si regresa a la presidencia en diciembre y, también, la manera de relacionarse con el Poder Judicial: en la coalición opositora existe consenso en que no se propondrá ampliar el máximo tribunal, que se intentarán cubrirán vacantes con mujeres, que no se alterará el número de integrantes del Consejo de la Magistratura para obtener mayorías circunstanciales y que se buscará otro modo de relacionarse de manera institucional con la justicia, sin cometer errores del pasado.

Un grupo de trabajo técnico integrado por cuatro fundaciones de los diversos partidos que conforman Juntos por el Cambio trabaja desde hace un año en un documento conjunto de acuerdos programáticos.

En ese documento compartido, que ya reúne más de 70 páginas y se alimenta en reuniones presenciales y mediante el intercambio en grupos de chat de WhatsApp, están trabajando la Fundación Pensar del Pro, con Martín Casares, exfuncionario del Ministerio de Justicia; la Fundación Alem, del radicalismo, con Ricardo Gil Lavedra en los inicios y ahora Miguel Piedecasas y el exdiputado Gustavo Menna; la Fundación Hannah Arendt, de Lilita Carrió, con la diputada Mariana Stilman; y Encuentro Republicano Federal, con el exconsejero Alejandro Fargosi, por el sector de Miguel Ángel Pichetto.

En la Fundación Pensar, a cargo de Franco Moccia y Francisco Quintana, a su vez, trabaja un equipo de Justicia, coordinado por Casares, que nuclea a todas las fuerzas del espacio: el exministro Germán Garavano; Gabriel Astarloa, procurador general de la ciudad que gobierna Horacio Rodriguez Larreta; Gustavo Ferrari, exministro de Justicia de María Eugenia Vidal, y Pablo Nocetti, exfuncionario de Patricia Bullrich.

En este trabajo se expresaron las bases que luego se convertirán en políticas públicas para la Justicia. En las discusiones hubo debate, autocrítica, cambios de rumbo, mea culpas y promesas de situaciones que no deberían a ocurrir nunca más luego de las polémicas que atravesó el gobierno de Mauricio Macri y las denuncias que le planteó el kirchnerismo. No se discute en ese ámbito el nombre de un eventual ministro de Justicia, ya que aún falta conocerse cuál será el candidato a presidente en el espacio. Sin embargo, todos tienen postulantes in pectore.

No a la ampliación

Por lo pronto, ninguno de los sectores propuso la ampliación de la Corte Suprema. Al contrario, se piensa en mantenerla con su actual integración, cubriendo la vacante que dejó la jubilación de Elena Highton con otra mujer. En el caso del juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, que a fin de diciembre de 2024 cumple 75 años, se habló de que si no desea continuar, pidiendo un nuevo acuerdo al Senado, su vacante debería ser cubierta por otra mujer.

Ese perfil de jueza, afirman, debería ser intachable, que interprete el derecho de manera acorde con los cambios que tiene que hacer el país, pero más que nada con un perfil independiente. “Una postulación como la que hizo Néstor Kirchner a la jueza Carmen María Argibay”, dijo una fuente de la coalición opositora.

Debe ser una mujer con altos estándares éticos, democráticos, independiente de la política, de grupos de presión y factores de poder, producto de un alto consenso, continúan en la enumeración. Lo mismo para la designación del Procurador General de la Nación, una tarea que asoma igual de difícil para Juntos por el Cambio, ya que una hipotética victoria electoral no le daría la mayoría como para nombrar un postulante sin negociar con el Frente de Todos. En privado, algunos le dan larga vida a la gestión de Eduardo Casal, el procurador interino desde 2017.

La cobertura de las vacantes en la Justicia, donde los postulantes ya fueron elegidos por el Consejo de la Magistratura y sus pliegos está en el Senado o en el Poder Ejecutivo son el primer tema urgente, prioritario, en el documento compartido que redacta Juntos por el Cambio. “La prioridad es que no quede nada en el Poder Ejecutivo ni en el Senado”, acordaron.

En cuanto al Consejo de la Magistratura, nadie llevó a la mesa la idea de ampliar la cantidad de sus integrantes. Pro tiene la intención de hacer algo diferente al gobierno actual y promover que no haya cambios en la cantidad de integrantes de los organismos de gobierno del Poder Judicial. Hubo discusiones internas en este aspecto, pero primó la idea de exhibir una muestra de estabilidad.

Las reglas

El consenso es no modificar las reglas para que exista una Corte “propia” o un Consejo de la Magistratura afín. En cambio, pretenden discutir su funcionalidad, para que sean eficientes en sus objetivos y evitar que caigan en parálisis durante meses, como sucedió con el Consejo. “No toquetear los números para conseguir mayorías”, explicó uno de los técnicos que trabaja en el documento.

“La Argentina necesita que las instituciones permanezcan y darles tiempo de hacer su trabajo. Es necesario mantener a la Corte, dejar que funcione unos años. Ya demostró que puede ser desfavorable a Cambiemos y al Frente de Todos, demostró su independencia, dejemos que fije sus criterios jurídicos”, fue el planteo que le transmitió el exministro Garavano a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

En cambio, un dirigente radical que no integra esta mesa de debate, pero que desde afuera siempre tuvo una mirada sobre la Justicia, reivindicó con vehemencia la necesidad de que la Corte respalde las políticas de gobierno, duras, y eventualmente impopulares, que debería tomar la oposición en caso de llegar a la presidencia.

Sin embargo, esta mirada fue rechazada por integrantes de la mesa que redacta el documento programático de Juntos por el Cambio. Allí dicen que quieren una Corte que sea antes que nada independiente e intérprete de la Constitución Nacional.

Otro dirigente de Pro, que tampoco integra la mesa pero es consultor habitual en temas de Justicia, aportó otra mirada distinta: “Los jueces tienen que ser parte de la conversación sobre qué país queremos, sobre los grandes temas del país”. La fuente propone diálogos regionales con magistrados para explicar proyectos estratégicos para el desarrollo y encontrar la manera de que no choquen con normas legales, de modo de evitar que una medida cautelar termine por poner palos en la rueda en esas políticas de Estado que el gobierno considere necesarias.

“Los gestores”

El modo de relacionarse con el Poder Judicial es otro de los temas de debate que generó autocrítica. “Los gobiernos quisieron someter al Poder Judicial y fracasaron. Incluso Juntos por el Cambio, con la mesa judicial, no le fue bien. Intentaron que fuera una herramienta del Poder Ejecutivo, pero la cabeza del judicial es diferente, porque sobrevive a los gobiernos, es permanente, y por eso no funciona con la misma lógica de poder”, se sinceró un dirigente del espacio que no es de los redactores del documento.

“Las relaciones con el Poder Judicial se deben mantener desde la institucionalidad, mediante el ministro o el secretario de Justicia, que no haya más interlocutores. El primero que debe abstenerse de ser un interlocutor es el Presidente”, afirmó uno de los expertos que trabaja en la redacción del documento.

Los “gestores judiciales”, que abundaron en Juntos por el Cambio, son mala palabra en el documento programático, aunque muchos de estos “operadores” sigue activos, buscando soluciones no necesaria ni exclusivamente para dirigentes de Cambiemos en problemas con la ley.

Un dirigente de Pro que no participa de estos diálogos propone que el trato con la Justicia debería ser similar al del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo: generar un marco de acuerdos, con vínculos de poder a poder, trabajando en reformas funcionales (que hagan trabajar mejor la Justicia y la hagan más creíble) y no en reformas estructurales que busquen licuar la incidencia de la justicia federal de Comodoro Py. Por ejemplo, multiplicando juzgados.

Ese dirigente habló de la prioridad pasa por la justicia civil, la justicia vecinal, la del consumidor, que son las que están cerca de la gente, antes que priorizar la reforma de la justicia federal penal en los casos de corrupción de funcionarios. Apunta a oralizar la justicia civil y laboral, desformalizarla en los procesos en los fueros no penales, atacar la falta de celeridad y de transparencia en los procesos, ir en contra de los sistemas burocráticos, incluso sin necesidad de cambiar los códigos, sino acordando procesos.

Los expertos de Juntos por el Cambio acuñaron un mantra en el documento: “Los funcionarios deben abstenerse de atacar a magistrados y criticar los fallos”. Claro que una vez en el poder es difícil de cumplir. Los ejemplos en contrario de Mauricio Macri son numerosos.

Existe consenso en que es necesario un poder judicial “independiente, creíble y eficaz”, todas características que hablan de las debilidades que se perciben hoy en la Justicia. Recrear la confianza. Y hay acuerdo en que la prioridad es poner en marcha el sistema acusatorio.

El nuevo Código Procesal Penal, que contempla que otorga protagonismo en las causas federales a los fiscales por sobre los jueces, lleva cuatro años desde su aprobación y casi no avanzó un paso. No se puso en práctica, excepto para Salta y Jujuy, y ni siquiera se integró la comisión bicameral de implementación en el Congreso. La prioridad fijada en el documento es avanzar con el sistema acusatorio en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires.

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