Los casos fueron presentados a la relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, doctora Catalina Boero, y se suma a otras quejas transmitidas en los últimos dos años.
Firmaron la denuncia los diputados Patricia Bullrich (Unión por Todos), Federico Pinedo, Laura Alonso, Paula Bertol y Jorge Triaca (Pro), Eduardo Amadeo (Frente Peronista) y Ramona Pucheta (MIJD), a quienes acompañó la ex legisladora Silvana Giúidici, que presidió la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja y ahora encabeza la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia). Todos pidieron que "por intermedio de la Relatoría de Libertad de Expresión se resguarde el Estado de Derecho en la Argentina" y se "ayude a garantizar que se escuchen todas las voces".
"La libertad de expresión no se puede ejercer y desarrollar plenamente bajo el fuego gubernamental, que inventa cada día una nueva batalla que nuestros conciudadanos no se merecen librar y que los hace vivir en la zozobra y la desinformación", dicen los diputados, en la carta remitida a la presidenta del organismo cuya sede se encuentra en Washington.
Recuerdan que ya se hicieron "varias denuncias formales ante la CIDH sobre la situación de ensañamiento extremo para con los grupos de medios de comunicación que no se someten a las órdenes y presiones o que no comparten la línea política emanada del gobierno nacional".
Entre los casos que afectan la libertad de expresión y violan la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, mencionan la inhibición general de bienes a LA NACION, dictada por el juez federal tributario Carlos Folco, a pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Advierten que el magistrado admitió que el organismo "nunca informó que existe un fallo de la Corte que le prohíbe exigirles a 23 medios periodísticos el pago de una supuesta deuda impositiva". La carta incluye la propia admisión del juez Folco, quien declaró: "Si existe un fallo de la Corte que protege a los diarios y canales, no lo sabía; la AFIP no me lo hizo saber".
En cuanto al allanamiento a Cablevisión, los diputados denuncian que la empresa fue intervenida el 20 de diciembre último "por una orden judicial absolutamente arbitraria". Consideran que el juez federal subrogante de Mendoza, Walter R. Bento, que dispuso el allanamiento, se extralimitó, al ordenar al interventor "la realización de actos que retrotraen el estado de cosas imperante, derivado de una fusión oportunamente autorizada por la autoridad competente".
La denuncia se registra en medio de nuevas tensiones en la relación del Gobierno con los medios, lo que preocupa a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y a la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), entre otros foros internacionales que advirtieron sobre los avances del Gobierno contra la empresa Papel Prensa. A ello se suma "la confrontación permanente, el uso de los recursos del Estado para fines partidarios y el reparto discrecional de la pauta publicitaria oficial, entre otras herramientas que el Gobierno utiliza contra los periodistas, empresarios y medios", denuncian los legisladores.
Los diputados concluyen en su denuncia que "en la Argentina se utiliza al sistema judicial, a la fuerza pública y a los organismos de Estado para disciplinar y acallar las voces que se alzan en disidencia con el relato oficial".
