La política social, en rojo en las calles y en los indicadores
LA NACION
La secuencia es lineal. Los indicadores sociales y las intensas movilizaciones en las calles del área metropolitana se relacionan y explican una de las grandes singularidades que arrojó la conformación de la lista de precandidatos a diputados nacionales por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. El duodécimo lugar asignado al saliente ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, no fue precisamente un premio a su desempeño.
A pesar de que el oficialismo se jacta de la presencia y la asistencia del Estado en la agitada primera mitad del mandato, ni Cristina y Máximo Kirchner ni Alberto Fernández consideraron al responsable de una de las áreas más sensibles y demandadas en ese crítico contexto una carta ganadora para exhibir al frente de su oferta electoral. Una resonante paradoja tanto como una elocuente admisión. Otro funcionario que no funcionó, aunque la culpa no sea (solo) suya.
Así, el Gobierno advierte con preocupación que la tranquilidad social en las calles no está asegurada y se prenuncia alguna escalada, que excede la característica tensión de las temporadas electorales.
La aprobación de estatutos –paso previo a la personería gremial– otorgada ayer por el Ministerio de Trabajo a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular es un tranquilizante de corto alcance frente a problemas más profundos sin solución a la vista.
La demora en la asunción de Juan Zabaleta, el casi seguro reemplazante de Arroyo, agrega incertidumbre y nervios a un escenario lleno de fragilidades. A veces, los tiempos y las decisiones de Fernández suelen ser inescrutables (o inexplicables).
Tal vez, el balance de la gestión de Arroyo que se hace por estas horas en la Casa Rosada le haya agregado condimentos para la duda a la hora de la definición. Un iluminador hilo conductor une el comienzo y el final de la administración de un técnico (o un científico, según las categorías de Fernández), cuya formación y cualidades personales nadie en el Gobierno cuestiona, como sí su performance.
Los primeros meses de Arroyo quedaron signados por el escándalo de la compra con sobreprecios de alimentos para paliar el impacto socioeconómico de la cuarentena en los sectores más vulnerables. El final termina marcado por marchas y algunas violentas protestas, como la toma de la muy oficialista municipalidad de Lomas de Zamora.
En las cercanías de Alberto Fernández reconocen que el ahora precandidato no solo tuvo problemas para trasladar sus conocimientos teóricos a la práctica, sino que debió lidiar sin éxito (y sin armas) con la disputa entre los distintos sectores del oficialismo que operan sobre esa área.
El loteo del Ministerio de Desarrollo Social, más los intereses contrapuestos y los proyectos políticos enfrentados, existentes en el Frente de Todos y potenciados en la propia cartera, explica la deficitaria gestión del ministro saliente. Tanto como el panorama callejero y los inquietantes indicadores sociales, que por estas horas volvieron a adquirir centralidad en la agenda pública. Pero nadie podrá decir que no hubo avisos. La procrastinación tiene sus costos y deja enseñanzas, que no siempre son aprendidas.
Hace cuatro meses, el dirigente social kirchnerista Juan Grabois había advertido que se empezaba a percibir un sentimiento de “decepción” en las bases. “No está claro cuál es el rumbo que marca el Gobierno”, disparó entonces.
En esos días empezaba a emerger una disputa por la asignación de los recursos para la asistencia, que tenía por contendientes a los movimientos sociales y a La Cámpora. Aunque solo los primeros lo hicieran público y señalaran a la organización kirchnerista exclusivamente en off the record. La discusión pública se centraba en el incremento de las partidas destinadas a la Tarjeta Alimentar en desmedro de los fondos destinados a las cooperativas.
En el plano de lo conceptual y lo políticamente correcto se debatía en público sobre las ventajas de la asignación económica sin intermediarios (Tarjeta Alimentar) o del aporte de fondos para crear trabajo. Debajo de la teoría y las buenas intenciones subyacía una discusión por cuestiones más concretas, que tenían que ver con el poder y la representación de los sectores más desfavorecidos. La Cámpora controla las agencias estatales que manejan la ayuda directa y dan trabajo a sus militantes. Los movimientos sociales, las cooperativas que benefician a sus representantes. Todo muy claro.
La conformación de la lista bonaerense resulta reveladora, una vez más, de la subsistencia y la hondura de esa disputa. El cristicamporismo colocó a once de los primeros veinte postulantes. Los movimientos sociales solo a uno, en el riesgoso decimosexto puesto. Allí se ubicó a Daniel Menéndez, otro funcionario saliente de la gestión Arroyo y líder de Barrios de Pie, que este año se fusionó con el Movimiento Evita.
La relación entre evitistas y camporistas, que alguna vez confluyeron en el espacio kirchnerista Unidos y Organizados, terminó en “peleados y desordenados”. La vuelta al poder los reorganizó, pero no volvió a unirlos. La representación político-social de los beneficiarios de la asistencia y la (consecuente) administración de miles de millones de pesos son motivos suficientes de disputa. Sobre ellos Arroyo nunca tuvo poder, legitimidad ni atributos para conducir, ordenar y gestionar recursos humanos y económicos.
La simultaneidad de la aparición de las disputas públicas con la circulación de las primeras versiones sobre el deseo del saliente ministro de ser candidato no tiene nada casual. Tampoco lo es la deriva que adquirió el área desde entones.
Fuentes del albertismo puro que ya trabajan en la reorganización del Ministerio de Desarrollo Social coinciden en señalar déficits de gestión que agravaron los problemas no solo políticos, sino también otros más concretos, como la inflación indomable, que fue corroyendo sostenidamente el poder adquisitivo de la ayuda estatal.
Para ejemplificar efectos del desmanejo, mencionan que la virulencia de los reclamos del Polo Obrero y otras organizaciones de izquierda no radica solo en las diferencias que tienen con el Gobierno. También hay cuestiones contantes y sonantes. Esas agrupaciones habrían sido las principales perjudicadas en la asignación de planes por demoras, cuya causa sería más la ineficiencia administrativa que la política. En las cercanías de Fernández atribuyen los retrasos al estado de hemiplejia en el que entró la cartera hace unos meses, cuando Arroyo anticipó su deseo de dejar el cargo para ser candidato.
Pero hay muchas otras ineficiencias no atribuibles el duodécimo candidato a diputado con las que deberá lidiar la gestión de Zabaleta, si es que nada impide su designación.
Una de las grandes cajas del área es la del Registro Nacional de barrios Populares (Renabap), destinada a urbanizar esos territorios. El organismo está en manos de la dirigente Fernanda Miño, que responde al mediático Grabois. En lo que lleva de la actual gestión acumuló ingresos por unos 45.000 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de las urgencias que existen en la materia y los reclamos recurrentes que expresa el amigo papal, el nivel de ejecución es paupérrimo.
Las ineficiencias, los loteos de áreas, las disputas políticas y la acumulación de demandas insatisfechas en un terreno donde hasta el mismo Gobierno dice que las soluciones no admiten dilaciones resultan causales para comprender el destino de Arroyo tanto como el clima de crispación creciente en la base de la pirámide social. Por ahora, la ocupación de cargos por parte de dirigentes sociales y la adhesión al oficialismo aportan contención. ¿Pertenecer tiene sus privilegios?
Sobre esa base deberá empezar la nueva gestión. Las dificultades son muchas, pero el piso del que parte no parece demasiado difícil de superar. Aunque no todo dependerá de quienes se hagan cargo del ministerio. Los funcionarios salientes y el Gobierno todo tienen en las manifestaciones callejeras y en los indicadores sociales de estos días los resultados más palpables de la gestión. Un balance en rojo candente.
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