Las partidas que el Gobierno nunca quiso considerar como alternativas para el ajuste fiscal

El objetivo del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía Luis Caputo de alcanzar el déficit cero este año dependía, en buena medida, de que el Congreso aprobara una suba en las retenciones y avalara una licuación inicial de los haberes jubilatorios, ambas contenidas en el capítulo fiscal de la ambiciosa “Ley de Bases” que se cayó el viernes a la noche por decisión del Gobierno.

En la dura negociación por esos dos capítulos que nunca lograron aval legislativo mayoritario, los bloques opositores dialoguistas habían sugerido al Gobierno vías alternativas de recaudación, como atacar los gastos tributarios.

Sin embargo, para su sorpresa, la respuesta oficial fue siempre negativa. No solo eso: el ministro Caputo había advertido a los legisladores que si el paquete fiscal era rechazado por el Congreso, cortaría de cuajo las transferencias a las provincias.

A partir de ese planteo, los gobernadores y legisladores se preguntaron varias veces, no sin cierta suspicacia, por qué Caputo se resistía a revisar el abultado y variopinto nicho de beneficios tributarios que, según cálculos oficiales, suman nada menos que 2,34 puntos del PBI. La mitad de los cinco puntos que el Gobierno pretende ajustar este año para alcanzar el déficit cero.

Los gastos tributarios son aquellos ingresos que el Estado deja de percibir por otorgar un tratamiento impositivo preferencial a personas humanas, empresas o sectores con el objeto de favorecer el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos.

Un caso emblemático es el régimen de promoción económica de Tierra del Fuego: se estima que el fisco le perdona a las empresas electrónicas allí radicadas $1145 millones anuales por beneficios impositivos varios: liberación de IVA compras y ventas; exención de Ganancias; exención de derechos de importación y una reducción en la alícuota de los impuestos internos.

Este conjunto de beneficios fiscales para Tierra del Fuego suma un total de 0,33% del PBI. La Coalición Cívica propuso suprimir una parte de estos beneficios para que el Estado deje de perder cada año un 2% del PBI de recaudación. “Favorecen a unos pocos a costa de la mayoría”, alegan.

El caso de Tierra del Fuego es el más conocido, pero no el único. En el proyecto de presupuesto 2024 –que no se aprobó porque el presidente Milei decidió prorrogar el del año pasado- se detalla cada uno de los gastos tributarios como así también otros beneficios impositivos con impacto presupuestario, ambos con su consiguiente impacto en el PBI.

Todos ellos fueron recopilados y analizados en un exhaustivo informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Entre las más llamativos figuran las siguientes:

*Exención de inmuebles rurales en el Impuesto sobre los Bienes Personales: representa un 0,48% del PIB. Sólo con relación a inmuebles rurales localizados en el exterior, la titularidad se concentra en 450 personas residentes en el país, señala el proyecto de presupuesto 2024.

*Dispensa del IVA que recae sobre los honorarios de los directores de sociedades: representa el 0,29% del PIB.

*No diferimiento del ajuste por inflación impositivo: 0,39% del PBI

*Exención del impuesto a las ganancias al Poder Judicial: representa el 0,16% PIB y beneficia no solo a los magistrados, sino también a funcionarios y empleados del sector.

*Exención del impuesto a las ganancias a asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas: representa el 0,11 % PIB. Parte del universo beneficiado comprende a instituciones bancarias y empresas aseguradoras.

*Alícuotas reducidas del IVA: representa el 0,62% del PIB y beneficia a la construcción de viviendas; la comercialización de carnes, frutas, legumbres y hortalizas frescas; la medicina prepaga y sus prestadores; la venta de productos de panadería y las obras de arte.

*Exenciones del impuesto a los bienes personales sobre depósitos en entidades financieras: representa el 0,03% del PIB.

En las negociaciones con los delegados de la Casa Rosada, los bloques dialoguistas pusieron estos temas sobre la mesa. “Nos respondieron con vaguedades. Nos dicen que el impacto de estos gastos tributarios sobre el PBI no está debidamente mensurado y que son de difícil recaudación inmediata”, desliza uno de los negociadores radicales más activos. Nunca les quedó claro si el Gobierno se negaba tratar esas alternativas por esos motivos o por intereses sectoriales.