En Córdoba: con un trámite exprés, Juan Schiaretti consiguió que aprueben la reforma jubilatoria para ahorrar $7500 millones

CÓRDOBA.- En medio de la crisis económica por la pandemia del coronavirus y de la vuelta atrás de la flexibilización de la cuarentena, el gobernador cordobés Juan Schiaretti sacó en un veloz trámite legislativo (sin paso por comisión) una reforma de fondo del sistema previsional de la provincia, que tiene un déficit anual de alrededor de $35.500 millones.

El Estado nacional cubre alrededor de un tercio de ese déficit, por el acuerdo al que arribaron las provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones. Con los cambios, el ahorro previsto para las arcas cordobesas en los próximos meses será de $7500 millones, confirmaron fuentes oficiales a LA NACION.

La reforma se aprobó después de 3 horas de debate con 42 votos a favor, 12 en contra, 9 abstenciones y 3 ausencias.

La reforma busca reducir el rojo y sus puntos principales alcanzarán a todos los pasivos de la provincia, que cobran haberes más altos que los nacionales: la mínima provincial duplica la nacional, aunque también los aportes son más altos. La clave de la reforma es que habrá un nuevo cálculo del haber inicial. Hoy, el Estado provincial paga el 73% del salario bruto y con la modificación pasará al 67% (seis puntos menos).

Otro cambio es que se volverán a diferir el momento en que reciben los aumentos los jubilados una vez que se otorga la suba a los trabajadores activos. Hoy ese aumento se da en simultáneo, pero el proyecto de Schiaretti plantea demorarlo dos meses (durante el gobierno de José Manuel de la Sota regían seis meses de diferimiento).

Hay un punto de la reforma previsional que alcanzará a los jueces: siguiendo la decisión de la Anses, todos los magistrados se retirarán a los 65 años y deberán aportar efectivamente el 18% (hoy es 12%).

También se modifica el régimen de compatibilidad de beneficios, estableciéndose un aporte solidario para quienes sean titulares de más de un beneficio previsional o bien perciban otro ingreso remunerado. Ante esta situación especial se regula un aporte solidario del veinte por ciento (20%), destinado a fortalecer la sostenibilidad de la Caja y que se aplicará siempre que la sumatoria de ambos ingresos sea mayor al equivalente a seis haberes previsionales mínimos ($102.000)

El impulso de la reforma llega un año después de que Schiaretti fuera reelegido gobernador con casi 30 puntos de diferencia sobre sus competidores y en un momento de fatiga social y crisis económica por la cuarentena. El gobernador prácticamente no apareció durante la cuarentena, se comunica por Twitter y recién ayer encabezó un acto de entrega de kits de protección a sectores vulnerables.

Un caja con historia

El rojo de la Caja de Jubilaciones cordobesa es un dolor de cabeza transversal a todos los gobernadores de esta provincia: en 1991, Eduardo Angeloz se negó a transferir la caja a la Nación y protagonizó una pelea con el entonces ministro Domingo Cavallo. Esa bandera de la autonomía la recogieron sus sucesores: en 2001, De la Sota firmó un acuerdo de asistencia con la Nación que nunca terminó de cumplirse. En el medio hubo reformas al sistema, pero los problemas siguieron.

Durante la última etapa del kirchnerismo, la Nación dejó de girarle fondos a Córdoba y con el gobierno de Mauricio Macri las 13 cajas provinciales no transferidas firmaron un acuerdo con Anses por el que el organismo cubre el déficit que tendrían si las hubieran pasado. Del resto se deben hacer cargo los gobernadores.

Esta no es la primera medida –sí la más profunda– que toma Schiaretti en medio de la caída de ingresos y la suba del gasto derivada de la pandemia. El mandatario ya lanzó un bono para cancelar deudas con contratistas y proveedores que se puede usar para pagar deudas tributarias y no tributarias.

Además, Schiaretti se redujo 45% su salario, lo que afectó al resto de los salarios políticos -porque ninguno puede superar al del gobernador- e impuso un tope salarial de $110.789 en reemplazo del anterior, de $201.000. La medida alcanza también a empleados en actividad y al ocho por ciento de los jubilados (9055 beneficiarios).

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