Sin datos propios, el Gobierno recurre al fiscal Guillermo Marijuan para depurar la lista de beneficiarios de planes sociales

A poco de empezar la auditoría con la que buscará tener en claro el universo de planes sociales en el país, el Ministerio de Capital Humano dio de baja en las últimas horas 4588 planes. La cifra fue en base a irregularidades detectadas por el fiscal federal Guillermo Marijuan, “luego del entrecruzamiento de la base de datos de beneficiarios del Potenciar trabajo y de la nómina de empleados públicos de 14 provincias”.

Según pudo saber LA NACION, al menos hasta tanto se tenga terminada la auditoría que comenzará a realizarse los próximos días y se extenderá por los próximos tres meses, la Justicia colaborará con el Poder Ejecutivo mensualmente.

Marijuan, fiscal federal con base en Comodoro Py, es también el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises). Desde allí viene llevando adelante diferentes investigaciones sobre el tema y tras el cambio de Gobierno, se le solicitó colaboración para los pagos mensuales de los planes. “Hasta ahora estamos a oscuras”, dicen en la cartera que dirige Sandra Pettovello en referencia a la falta de datos concretos sobre los planes actuales. Agregan que encontraron un ministerio “tabicado” entre los diferentes movimientos y sectores políticos, que marcaron el ritmo de la gestión anterior.

Según pudo saber este diario de fuentes oficiales la cartera trabaja con Marijuan mandándole el listado de las personas enroladas para cobrar al mes siguiente y desde la Ufises se “corrobora si no hay anomalías”, a través del cruce de datos. El primer cruce arrojó las más de 4500 irregularidades, lo que devino en la baja inmediata de esos planes.

Según precisaron desde la cartera de Capital Humano, la investigación arrojó que, luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan. De acuerdo a lo informado, las provincias investigadas hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.

El nuevo modelo

El ministerio de Capital Humano se prepara para empezar esta semana con la primera auditoría de esta gestión en el tema, en la que todo indica que usarán como base primordial la de la Anses y a partir de allí irán cruzando datos con otras bases de la administración pública. Por estas horas, se trabaja en un software que permita los cruzamientos luego de que los beneficiarios actualicen su información personal.

“La idea es ser lo más transparentes posible y necesitamos tener información sobre los beneficiarios, porque si no, el sistema no sirve”, dijeron a LA NACION fuentes que trabajan en el tema. “Hay que auditar todo”, dicen. El Gobierno ya anunció que se le quitarán los planes a quienes corten las calles (aunque no dijo cómo se implementará esa medida) y que avanzará para eliminar las figuras de los intermediarios.

En el país hay alrededor de 1.200.000 personas con planes sociales y la idea del Gobierno es no ampliar ese número y tener la mayor información posible sobre ellos. Para eso, se avanzó en diálogos entre Pablo de la Torre, Secretario de Niñez y Familia en Capital Humano, y el titular de Anses, Osvaldo Giordano, para el uso de la base del organismo como fuente de información.

Una vez obtenidos y analizados los datos, el plan es segmentar los beneficiarios bajo las diferentes áreas. Un amplio porcentaje de titulares de entre 18 a 29 años, que representan alrededor de un 30% del padrón, con unas 450.000 personas, podría pasar a la órbita de Trabajo. Los de más de 55 años podrían quedar en la órbita de Desarrollo Social, reorientados a trabajos comunitarios, dicen. Otra parte, si todavía le resta completar estudios, podría quedar bajo la Secretaría de Educación, todas dependientes de Pettovello.

Por estas horas en el oficialismo hablan del “acompañamiento” que cada una de las personas que recibe planes podría tener en un futuro cercano. Planean que haya un acompañante cada 20 familias, que podría ser un enfermero o trabajador social, entre otras disciplinas, con el objetivo de que siga de cerca las realidades y necesidades de cada uno de ellos y oficie como nexo con otra esferas del Estado. “En nueve meses salen adelante”, dicen, muy optimistas sobre lo que puede suceder, aunque reconociendo que la situación va a estar atada a la suerte económica del país. “Todo va a suceder si se encamina la economía”, es la frase repetida en medio de un complejo escenario económico y social.

Cuando hablan del tema, en el Gobierno imaginan un modelo similar al que se da en Chile con el Registro Social de Hogares (RSH), el sistema de información que permite los procesos de selección de beneficiarios de subsidios y programas sociales de acuerdo a las diferentes necesidades de las personas.

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