Vialidad: en un clima de tensión, Leonardo Fariña declaró que las obras adjudicadas a Lázaro Báez tenían sobreprecios

En la última audiencia del año, el juicio oral contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez por las adjudicaciones de obra pública vial a Austral Construcciones durante el kirchnerismo incorporó una declaración testimonial que generó fuertes resistencias y objeciones de parte de algunos abogados: la del arrepentido Leonardo Fariña, quien dijo, nada menos, que las obras públicas otorgadas a Báez tenían sobreprecios y que se dedicó a “hacer negro el dinero blanco”.

Con una visible predisposición para responder preguntas y dar precisiones, Fariña, que ya fue condenado a cinco años de cárcel en el juicio por lavado de dinero contra Lázaro Báez, introdujo su declaración diciendo que Cristina Kirchner y Lázaro Báez tienen una enemistad con él. Durante al menos tres horas y media, en un clima de hastío entre las defensas y alta tensión, el arrepentido contó desde cuándo y cómo comenzó a trabajar bajo la órbita de Austral Construcciones. Dijo que primero lo hizo en 2009 abocado a cuestiones financieras de la empresa, y puntualizó en que se dedicaba a “hacer negro el dinero blanco”.

Mientras el fiscal Diego Luciani se detenía a preguntarle sobre situaciones a las que Fariña aludía, el abogado defensor de Lázaro Báez, Juan Villanueva, se opuso a las preguntas, sin éxito, dado que el presidente del Tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, rechazó las oposiciones. El proceso oral está a cargo de Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

“La situación financiera de Austral era mala porque los manejos que tenía la empresa no eran manejos, a mi criterio, o de cualquier persona, de la técnica que se llama buen empresario. Austral tenía una particularidad que era que hacía negro el [dinero] blanco. Es una cuestión vastamente debatida en el otro juicio [el del lavado de dinero por el que fue condenado], no sé si les interesa o no”, a lo que el presidente del Tribunal contestó: “Continúe por favor”.

“El dinero que me encargué de expatriar era de él [Báez] como del expresidente Néstor Kirchner”, agregó Fariña.

“¿El señor Báez le dio esa explicación a usted?”, preguntó Luciani.

“Sí, por una pelea de la expresidente por un reclamo de dinero que después se materializó en un aviso que me hizo a mí Báez en enero de 2011, en el cual había un reproche de Cristina Kirchner hacia Báez preguntando si se estaban expatriando dólares al exterior, y el me dijo en Carabelas 241 mediante un llamado que me hizo mediante Nora [su secretaria] que lo negó y que teníamos que seguir haciendo el trabajo sin levantar las alarmas”, completó Fariña.

“¿Por qué debía hacer negro el blanco?”, le preguntó Luciani en otro tramo de la declaración.

“Porque se tenían que extraer los fondos que ingresaban de manera blanca, los pagos de obra pública se hacían vía transferencia o depósito y eso debía transformarse en billete, pasar a ser patrimonio negro u oculto del accionista. Como bien está probado en el debate anterior, se utilizaban distintos tipos de mecanismos que no son que más ni menos que los usuales que se usan en un montón de empresas, extraían los fondos líquidos de la empresa”

“¿Por qué había que extraer estos?”, repreguntó Luciani.

“Porque los ingresos de las obras tenían un sobreprecio”, respondió Fariña.

“¿Cómo advierte usted esta situación?”, se le preguntó.

“Por el propio Lázaro Báez”, dijo el testigo. “En parte por el y por otros empleados me comentaron y sabíamos cómo era el sistema de la empresa en sí, las obras venían con un cierto sobreprecio y ese sobreprecio, si vos no lo transformás en negro, no podes sacarlo en el circuito y se te va en el pago de impuestos, pero no es cuestión de evasión porque técnicamente lo que uno hace es incrementar el gasto para reducir la base imponible, todo el circuito que se vio en esta causa... el tema era sacar los fondos de la empresa lisa y llanamente”, agregó Fariña.

A diferencia de otras declaraciones testimoniales, los dichos de Fariña no se efectuaron bajo juramento de decir la verdad. Esta diferencia se basó en un pedido que hizo el abogado del exfuncionario Héctor Garro, Mariano Fragueiro Frías, apenas comenzó la audiencia, cuando planteó que el artículo 249 del Código Procesal Penal exceptúa a los condenados como partícipes del delito que se investiga o de otro caso conexo a declarar bajo juramento de decir verdad. Tras un cuarto intermedio, los jueces del Tribunal deliberaron en ese sentido, y le dijeron a Fariña que su declaración no sería bajo juramento de decir la verdad.

La extensión del interrogatorio y la tensa dinámica que se reiteró entre Luciani, Fariña y Villanueva fue objetada por Fragueiro Frías, quien pidió celeridad y dijo que el resto de las partes eran espectadoras de un “verdadero suplicio”.

“Estamos a fin de año, estamos todos cansados, el juicio ya lleva casi dos años y medio más allá de la pandemia, desde la presidencia hacemos todo lo posible para que las audiencias sean dinámicas, tratamos de ser expeditivos, los temas que forman parte del objeto procesal ya fueron definidos, todos tratemos de que las audiencias sean razonablemente duraderas”, respondió el presidente del Tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu.

Aunque no formuló preguntas, mientras se debatía si las partes mantenían la intención de interrogar a Fariña la Oficina Anticorrupción (OA) sostuvo la moción de interrogar a Fariña, mientras la Unidad de Información Financiera (UIF) desistió de interrogar al testigo que había solicitado citar. El abogado del exfuncionario Nelson Periotti, Federico Paruolo, también apoyó que se llevara adelante el interrogatorio.

El último tramo de la audiencia estuvo abocado a las preguntas de la defensa de Lázaro Báez. Villanueva buscó interrogar a Fariña respecto de temas que no estaban relacionados con su declaración en esta causa y la mayoría de las preguntas que formuló fueron denegadas por el presidente del Tribunal. Los fiscales Luciani y Mola denunciaron durante la audiencia que Villanueva buscaba confundir y hostigar a Fariña, con quien quedó expuesta una fuerte enemistad. No solo los fiscales impugnaron las preguntas del abogado, sino que otros letrados se quejaron de que las preguntas dilataban la duración de la audiencia.

Este juicio, que comenzó en mayo de 2019, es el único en curso contra la vicepresidenta, aunque tiene recursos pendientes en la Corte Suprema que podrían voltearlo. Por ahora, las audiencias no se reanudarán hasta que termine la feria judicial de verano.