ADN del crimen: Rápidos y furiosos en el oeste del conurbano

Para poder detenerlos, la Justicia recurrió a un grupo de policías con el objetivo que se infiltraran, determinarán el punto de encuentro y grabarán el momento en el que cometían el delito. Como en la saga de la película “Rápido y Furioso” varios corredores se apoderaron de la calle y la transformaron en su autódromo personal. No se detenían si alguien se cruzaba en el camino. Para ellos, lo importante era alcanzar la máxima velocidad, en el menor tiempo posible, en los 300 metros de la avenida Eva Perón, entre Baradero y Callao, en Morón. Igual que en la ficción de Hollywood, para aquellos que convocaban a las carreras clandestinas, a través de perfiles del Facebook como “picadas Gaona” o “picadas Yrigoyen”, el bien más preciado que tenían eran sus autos, en los que invertían exorbitantes sumas de dinero.

Durante diversas gestiones en el Municipio de Morón se intentó erradicar las carreras clandestinas cuyos participantes habían provocado, por ejemplo, el homicidio de Estefanía Domínguez, quien fue atropellada cerca del shopping Showcenter, de Haedo, cuando regresaba de festejar la Nochebuena, en 2004. Según los testigos que declararon en el juicio oral, Cristian Aldao, el conductor del Fiat Uno que arrolló y mató a Domínguez y le provocó severas lesiones a su amiga, Natalia Becerra, corría una picada cuando circulaba a alta velocidad al llegar al lugar de la tragedia: la esquina de Defensa y Güemes.

A raíz del impacto, Domínguez murió en el acto y su amiga resultó gravemente herida, por lo que estuvo internada hasta el 11 de enero de 2005 en el hospital Argerich. Además del trauma que sufrió por haber visto morir a su amiga, Becerra fue sometida a 26 intervenciones quirúrgicas debido a la gravedad de las heridas provocadas por el automóvil que la atropelló.

Tras el hecho, Aldao huyó, pero horas después fue detenido y la policía secuestró su automóvil, que estaba escondido en un garaje y presentaba rotura de vidrios y abolladuras en la chapa. El Tribunal Oral N° 6, de Morón, condenó a Aldao a 4 años y 8 meses de cárcel por un hecho accidental y quedó libre.

Los familiares de las víctimas apelaron el fallo y la sala I de la Cámara de Casación lo revisó, agravó la condena y se le aplicó una pena de 11 años de cárcel, al considerar que se trató de un homicidio simple con dolo eventual. Pero, en 2011, la Suprema Corte de Justicia bonaerense modificó la calificación impuesta por el tribunal de Casación.

A pesar de la tragedia, las picadas en Morón se repitieron en los años siguientes. En 2014, las autoridades municipales y policiales organizaron un operativo para detener a los participantes de una carrera clandestina en el momento en que se realizaba, pero el procedimiento policial terminó con incidentes, móviles policiales destruidos, enfrentamientos y sin ningún sospechoso detenido o condenado.

Dos años más tarde, el secretario de Seguridad de Morón, Sebastián Cinquerrui radicó una denuncia al conocer que, por las redes sociales, como el perfil de Facebook “picadas Gaona” y “picadas Yrigoyen”, se organizaban carreras clandestinas.

Con esa denuncia, el fiscal Claudio Oviedo ordenó que efectivos policiales concurrieran al lugar convocado para la realización de la carrera clandestina y grabaran imágenes de las picadas y de las patentes de los vehículos involucrados. Luego, el representante del Ministerio Público asignó a otro grupo de policías para identificar a los dueños de los rodados que participaron en la carrera clandestina.

Así fue que los policías concurrieron a los domicilios de cada uno de los siete conductores involucrados en las picadas, secuestraron sus automóviles y los notificaron de la formación de una causa en su contra por el delito de “prueba ilegal de velocidad con un vehículo automotor”, conducta que, según establece el Código Penal castiga con entre seis meses y tres años de prisión.

En 2018, en un juicio abreviado, la jueza de Morón, Graciela Angriman, condenó a los siete conductores que, entre el anochecer del 21 de agosto de 2016 y la 1.30 de la madrugada siguiente participaron de varias carreras clandestinas en la zona cercana a la Planta Verificadora de Morón, en Eva Perón, entre Baradero y Callao.

Según consta en la resolución a la que tuvo acceso LA NACION, Martín Adorno y Nicolás Bestetti, fueron condenados a un año y seis meses de prisión; Johnatan González recibió una pena de seis meses de cárcel; Alejandro Molina, dos años de cárcel; Damián Sena y Miguel Ángel Smiguel, fueron condenados a un año de prisión. En todos los casos, las penas fueron de ejecución condicional. Esto significa que ninguno de los acusados quedó preso.

Sin embargo, con el imputado Ezequiel Vergara, la magistrada dispuso que la condena de un año de cárcel sea de cumplimiento efectivo. Aunque en su caso, se estableció que se cumpla en su domicilio, con el monitoreo de una tobillera electrónica. Según fuentes de la investigación, a los imputados les importaba más que les secuestraran los autos con los que corrían las carreras clandestinas que perder su libertad. No fueron presos, pero les quitaron los vehículos.

Peligrosos desafíos

Al caer la noche la zona cercana a la estación de servicio situada en la esquina de la avenida Eva Perón (ex Pierrestegui) y Callao se convertía en el lugar al que confluían decenas de automovilistas. Entre los estruendos provocados por las aceleradas de los escapes de los vehículos, las veredas y el boulevard de Eva Perón hasta Baradero eran invadidas por una multitud que esperaba las carreras en la improvisada recta de 300 metros.

La retroalimentación de las carreras ilegales era constante. Después de cada “tirada”, tal como se conoce a la competencia entre los automovilistas, los conductores doblaban en una horquilla situada a una cuadra de la meta y regresaban por la mano contraria de la avenida. Instalados en el boulevard que separa ambas manos, la gente alentaba a sus competidores preferidos.

“Vamos por la revancha papá”, gritaba uno de los espectadores, junto a la línea de partida, en la esquina de Eva Perón y Callao, a pocos metros de una estación de servicio. Ni el conductor del Volkswagen Bora negro y ni del Suzuki Swift rojo lo saben, pero, entre la gente hay policías, asignados de encubierto para grabar las imágenes de las picadas. Antes de largar, uno de los organizadores le ordena al competidor del Suzuki Swift rojo que se corra para dejar pasar a automovilistas sin relación con la carrera ilegal.

En las cámaras de los policías quedaron grabados siete vehículos: Volkswagen escarabajo, Volkswagen Bora negro, Suzuki Swift rojo, Fiat Duna blanco, Chevrolet Corsa gris, Fiat Palio rojo, Volkswagen Golf rojo y Volkswagen Gol blanco, según la descripción del expediente. Todos los rodados tenían las suspensiones modificadas para obtener mayor estabilidad y adherencia. También contaban con un mejor escape de los gases de combustión. La parafernalia automovilística se completaba con faros de xenón y bocinas de sonidos estrafalarios.

En las grabaciones que fueron utilizadas como pruebas quedaron registradas al menos 16 carreras clandestinas ocurridas esa noche.

Al fundar la sentencia condenatoria, la magistrada tuvo en cuenta las estadísticas elaboradas por Naciones Unidas sobre la cantidad de muertos provocados por incidentes en tránsito a nivel mundial.

La experiencia de las víctimas

Viviam Perrone, presidenta de la Asociación Civil Madres del Dolor y madre de Kevin Sedano, el estudiante que falleció al ser atropellado por un conductor que circulaba por encima del límite de velocidad permitido en la avenida del Libertador, junto con la por entonces legisladora Paola Spatola, presentaron el proyecto de ley que incluyó en el Código Penal el castigo para los conductores que participaran de carreras ilegales.

Actualmente, Perrone se encarga de realizar charlas para los conductores que, como los siete imputados en la causa de Morón, fueron condenados por correr picadas. “Les explico lo que pasó con Kevin, les cuento que el conductor que atropelló y mató a mi hijo, Eduardo Sukiassian, fue condenado, pero apenas pasó unos meses detenido. Entonces se sensibilizan. Les digo que el hombre que mató a mi hijo manejaba a 110 kilómetros por hora cuando lo atropelló, en un lugar donde el máximo de velocidad era de 60”, expresó Viviam.

Junto a ella, Silvia Fredes, madre de Martina Miranda, también se encarga de las charlas de concientización para conductores condenados. Tanto Martina, como Kevin fallecieron en incidentes viales.

“Al principio de las charlas, los conductores condenados se muestran como víctimas. Afirman que las penas impuestas en su contra fueron excesivas. ‘No era para tanto’, me dicen. Sin embargo, cuando avanzo en el relato sobre el dolor que provocan las muertes de hijos en esos incidentes viales, comienzan a cambiar de actitud”, recordó la madre de Kevin.

En el caso de las picadas de Morón, la Justicia dispuso el secuestro de los automóviles de los siete imputados. Se aplicó un principio legal que figura en el artículo 23 del Código Penal que dispone la incautación de los elementos utilizados para cometer un delito, como por ejemplo el arma usada en un homicidio o las herramientas de un boquetero que asaltó un banco. El Suzuki rojo de la picada de Morón se transformó en un móvil municipal.