Escándalo en Seguridad: renunció un funcionario acusado de prometer beneficios al líder de Los Monos a cambio de dinero

ROSARIO. El director de Análisis Criminal Estratégico del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Horacio Lucchini, renunció a su cargo, luego de que una testigo clave en un juicio narco lo denunciara por pedirle altas sumas de dinero (150.000 dólares) al líder de Los Monos Ariel Cantero, preso en la cárcel de Marcos Paz, para beneficiarlo.

Mariana Ortigala, la testigo que se salvó de un ataque de sicarios en marzo de 2020, dio detalles de las supuestas maniobras que realizaba este funcionario. Lo hizo el 10 de enero pasado ante los fiscales Matías Edery, Luis Schiappa Pietra y David Carizza.

Lucchini fue designado como director de Análisis Criminal Estratégico en diciembre pasado, luego de que se produjera la renuncia de varios funcionarios del Ministerio de Seguridad que habían llegado con Marcelo Saín, entre ellos, el extitular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Germán Montenegro. Horas después de que dimitieran fueron allanadas las oficinas de los funcionarios por una causa de supuesto espionaje ilegal, de la cual tres meses después aún no se saben detalles, ya que hasta ahora nunca se concretó la imputación, algo inédito en el sistema procesal penal que comenzó a regir en 2014 en Santa Fe.

Ortigala dijo que mantuvo tres reuniones con Lucchini, que asumió a fines del año pasado en la cartera de Seguridad, y –según ella- se desempeñaba anteriormente en el juzgado federal de Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe. La mujer dijo que Lucchini se acercó a ella, porque es “amiga de Vanesa Barrios”, la pareja de Guille Cantero. El contacto lo hizo otra persona vinculada al narcotráfico, Matías Herrera, quien tiene causas abiertas en la justicia federal.

La primera reunión se produjo en octubre del año pasado, cuando Lucchini aún no había sido designado. Luego, mantuvo otros dos encuentros. En uno de ellos, según Ortigala, su interlocutor ya ocupaba su un puesto en el Ministerio de Seguridad provincial. “En un momento (Lucchini) me empezó a pedir cosas extrañas. Me dice que él podía ‘conseguir beneficios’ para Guille Cantero. Por ejemplo, los beneficios serían, frenar requisas, que le habiliten 24 horas de teléfono fijo y la posibilidad de que Guille tenga un teléfono celular. Todo esto me lo decía para que yo se lo transmita a Cantero. Incluso, se mostró ofuscado porque al Guille le habían devuelto el teléfono fijo y supuestamente esa gestión fue de él y no recibió nada a cambio. A mí me llamó la atención porque esa devolución fue legal, quiero decir que el teléfono se lo iban a devolver igual”, declaró Ortigala.

En diálogo con LA NACION, la testigo aseguró que el funcionario, que se jactaba de tener contactos en la justicia y en el gobierno, le propuso un tarifario. “Para frenar allanamientos, adulterar pruebas, realizar traslados, engarronar a otra banda pedía 20.000 dólares por cada cosa”, reveló la testigo.

En su declaración ante los fiscales, Ortigala contó que el funcionario que luego asumió en el Ministerio de Seguridad, tras la renuncia de Marcelo Saín a esa cartera, le dijo que “podía haber beneficios mayores (para Cantero) como un traslado, que él estaba gestionando los hilos para subir al gobierno y que para eso, necesitaba un par de golpes sociales. Esto es hechos de resonancia social para sacar a la gestión que estaba en ese momento e ingresar él. Concretamente, me pidió que Guille mande a balear distintos lugares o que le entregue a él datos de donde estaban las cocinas de droga para hacer que las descubre y beneficiarse”.

La testigo presentó además las capturas de pantalla de los diálogos que mantenía con el supuesto intermediario Matías Herrera. En uno de esos mensajes se menciona a otro narco de Los Monos, como es Gustavo Martinotti, alias Toro, quien era exjefe de la barra de Rosario Central y está detenido en el penal de Ezeiza. Según los diálogos presentados en la justicia Martinotti pretendía que lo trasladaran al penal de Piñero, a 20 kilómetros de Rosario. “El traslado 40.000 dólares. Si quiere protección de parte del dopale (sería Lucchini, según Ortigala) son 100.000 dólares”, escribe Herrera.

Ante la repercusión pública que tuvo la denuncia de Ortigala, que fue publicada en el diario La Capital de Rosario, el funcionario acusado presentó la renuncia. El martes a la tarde el ministro de Seguridad Jorge Lagna aceptó la dimisión del director de Análisis Criminal Estratégico.

Ortigala y su hermano Rodrigo, quien perteneció al clan Alvarado, se transformaron en testigos clave de un juicio contra Esteban Alvarado, que se inició a fines de febrero pasado. La mujer fue blanco de un ataque sicario en marzo de 2020. Dos atacantes le dispararon 27 tiros. Cuatro dieron en su espalda, pero logró sobrevivir al escapar de los sicarios. El día en que fue baleada en la puerta de su casa tenía previsto llevar a la fiscalía a declarar a Carlos Argüelles, un testigo que también pertenecía al clan Alvarado y fue asesinado en setiembre pasado en su taller mecánico.

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