Escándalo judicial: con una fuerte acusación de la jueza Sandra Arroyo Salgado comenzó el juicio político al fiscal Claudio Scapolan

Su palabra no iba a pasar desapercibida. Ella, en octubre de 2021, lo había procesado como jefe de una asociación ilícita, que, entre otros delitos, habría robado cargamentos de cocaína a bandas narco. La organización delictiva, según el expediente judicial, integrada por policías bonaerenses y abogados particulares, también fraguaba procedimientos y extorsionaba a presuntos traficantes de drogas. Hoy, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado fue una de las testigos clave del comienzo del juicio político contra el suspendido fiscal de San Isidro Claudio Scapolan. Y, como se esperaba, hizo fuertes acusaciones.

“Ellos, integraban, de algún modo, una organización que realizaba distintas conductas para tratar de sacar un rédito económico y un posicionamiento político. Y manejaban el territorio, le daban amparo [a las banda narco]”, sostuvo Arroyo Salgado en su declaración en la primera audiencia del jury, en el edificio Anexo del Senado bonaerense, en La Plata, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes que presenciaron la audiencia.

Actualmente, Scapolan, de 52 años, no está procesado por el grave delito que le enrostró Arroyo Salgado. En junio pasado, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento por asociación ilícita que pesaba sobre Scapolan. Sí, confirmó la imputación por presunta falsedad ideológica de documento público en relación con el operativo Leones Blancos, donde se secuestró casi media tonelada de cocaína, mientras que entre 520 o 560 kilos de esa droga fueron robados por los uniformados a cargo del operativo, según definió la acusación.

Hasta el 24 de julio de 2020, cuando se hizo pública la investigación, delegada en el fiscal federal Fernando Domínguez y se allanó su oficina, Scapolan estaba a cargo del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de la Oficina Fiscal de Distrito Sede Central de San Isidro.

Durante el trámite de la causa, la magistrada había procesado a dos funcionarios judiciales que cumplían funciones en de secretarios en el Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de la Oficina Fiscal de Distrito Sede Central de San Isidro cuando la dependencia estaba a cargo de Scapolan: Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale. Estuvieron presos casi cinco meses, pero fueron liberador después de que la Sala I de la Cámara Federal de San Martín le revocara la resolución de primera instancia y les dictara la falta de mérito.

Por eso, cuando la fiscal se refirió a “ellos” no solo se habla de Scapolan, sino también de los otros imputados de la causa.

Arroyo Salgado también sostuvo que la organización investigada “sustraía cargamentos [de estupefacientes] y después lo reingresaba en el circuito”.

La declaración de Arroyo Salgado duró dos horas. Scapolan, defendido por el abogado Luciano Locatelli, le “hizo preguntas incisivas” a la testigo, según dijeron fuentes que presenciaron la audiencia.

“Arroyo Salgado le respondió que con sus investigaciones, Scapolan se excedió en su competencia material y territorial y que, en todo caso, debió haber concursado para juez o fiscal federal”, agregaron las fuentes consultadas.

Sobre el modus operandi de la organización investigada, la magistrada afirmó: “Sin él [por Scapolan] no podían actuar, el que podía disponer los allanamientos de urgencias era el fiscal. Los policías canalizaban la información con la fiscalía de Scapolan y era él quien daba las órdenes”.

La jueza federal de San Isidro ya no está más al frente de la investigación que tiene a 32 sospechosos (policías y abogados) procesados. La Cámara Federal de San Martín hizo lugar a la recusación presentada por la defensa de Jarisch.

En esa oportunidad se señaló a Arroyo Salgado porque “al dictar el procesamiento de Adrián Baeta y Alejandro Giancarelli [otros de los supuestos integrantes de la organización] mantuvo la descripción de los hechos y el rol que le había sido atribuido a su asistido al dictar su procesamiento a pesar de la falta de mérito”.

Hoy, durante su declaración testimonial, Arroyo Salgado hizo referencia al apartamiento de la causa. “En otros tantas investigaciones que hice descripciones similares, la cámara [por el tribunal de alzada] nunca me apartó”.

“Arroyo Salgado hizo un relato sobre la fundamentación de la resolución donde había procesado a Scapolan y también sostuvo que le llamó la atención cómo fue apartada de la causa”, dijo una fuente del juicio político.

El jurado está presidido por la presidenta de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde, ya que los jueces de la Suprema Corte y de Casación se excusaron por haber intervenido en alguna etapa del proceso.

Además, lo integran los conjueces legisladores Juan Pablo Allan (senador por Juntos), Daniel Lipovetzky (diputado por Juntos), Walter Carusso (diputado por Espacio Abierto Juntos), Sofía Vannelli (senadora del Frente Renovador e integrante del Frente de Todos) y María Eugenia Brizzi (diputada por Juntos) y los conjueces abogados Carlos Valdez, Héctor Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli.

En diciembre pasado, por una amplia mayoría, con nueve votos a favor y solo uno en contra, y después de rechazar varios pedidos de nulidad, el Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense admitió la acusación contra Scapolan. El funcionario fue suspendido y solo cobra el 40 por ciento de su sueldo. El único voto en contra de admitir la acusación fue el de la senadora Vannelli.

El jury comenzó poco después de las 9.30, solo hubo 30 minutos de demora porque las partes estaban citadas para las 9. La presentación de la acusación estuvo a cargo del fiscal general de Pergamino, Mario Gómez, designado por el Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand.

“Tenemos una causa de enorme resonancia por el daño a la imagen de la Justicia”, sostuvo Gómez, según dijeron a LA NACION fuentes del juicio político, en los lineamientos de la acusación.

El primer testigo del juicio político fue el fiscal Domínguez, el funcionario que investigó a la sindicada asociación ilícita.

“Se espera de los funcionarios policiales y judiciales una conducta acorde con su rol social, y por ello, la sola idea de que una organización criminal esté conformada por quienes han sido autorizados por el Estado a utilizar el monopolio de la fuerza física legítima, intranquiliza, genera conmoción y mina la paz social que aquellos deben garantizar”, había sostenido el Domínguez, en el dictamen donde había pedido el procesamiento de Scapolan.

Durante la audiencia de hoy hubo más testigos de la acusación. El jury continúa mañana.