Escándalo judicial: comienza el juicio político al fiscal que había sido procesado por la jueza Sandra Arroyo Salgado por vínculos narco

Hoy comienza el juicio político al fiscal Claudio Scapolan, procesado sin prisión preventiva por el delito de falsedad ideológica de documento público relacionado con un operativo en el que se secuestró un importante cargamento de droga y en el que los policías que intervinieron se habrían quedado con media tonelada de cocaína. El jury podría concluir con la destitución del representante del Ministerio Público bonaerense.

Hasta el 24 de julio de 2020, Scapolan estuvo al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro. Ese día se hizo pública la citación del representante del Ministerio Público a prestar declaración indagatoria, pero por una serie de recusaciones y de planteos de nulidad logró cuatro suspensiones de la audiencia y recién fue indagado en marzo de 2021.

El jurado está presidido por la presidenta de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde (ya que los jueces de la Suprema Corte y de Casación se excusaron por haber intervenido en alguna etapa del proceso).

Además, lo integran los conjueces legisladores Juan Pablo Allan (senador por Juntos), Daniel Lipovetzky (diputado por Juntos), Walter Carusso (diputado por Espacio Abierto Juntos), Sofía Vannelli (senadora del Frente Renovador e integrante del Frente de Todos) y María Eugenia Brizzi (diputada por Juntos) y los conjueces abogados Carlos Valdez, Héctor Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli.

En diciembre pasado, por una amplia mayoría, con nueve votos a favor y solo uno en contra, y después de rechazar varios pedidos de nulidad, el Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense admitió la acusación contra Scapolan. El funcionario fue suspendido y solo cobra el 40 por ciento de su sueldo. El único voto en contra de admitir la acusación fue el de la senadora Vannelli.

Scapolan había sido procesado, en octubre de 2021, por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado como jefe de una asociación ilícita, que, entre otros delitos, habría robado cargamentos de cocaína a bandas narco. La organización delictiva, integrada por policías bonaerenses y abogados particulares, también fraguaba procedimientos y extorsionaba a presuntos traficantes de drogas, según el expediente judicial.

“Se espera de los funcionarios policiales y judiciales una conducta acorde con su rol social, y por ello, la sola idea de que una organización criminal esté conformada por quienes han sido autorizados por el Estado a utilizar el monopolio de la fuerza física legítima, intranquiliza, genera conmoción y mina la paz social que aquellos deben garantizar”, sostuvo el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, a cargo de la investigación, en el dictamen donde había pedido el procesamiento de Scapolan.

Arroyo Salgado, además, trabó un embargo sobre los bienes de Scapolan hasta cubrir la suma de 2.000.000.000 de pesos.

Justamente, la jueza Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez son los dos primeros testigos del jury citados por la parte acusadora del jury, la Procuración General bonaerense. También declararán como testigos familiares de narcotraficantes que habrían sido extorsionados por la banda.

En junio pasado, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento por asociación ilícita que pesaba sobre Scapolan. Sí, confirmó la imputación por presunta falsedad ideológica de documento público en relación con el operativo Leones Blancos, donde se secuestró casi media tonelada de cocaína, mientras que entre 520 o 560 kilos de esa droga fueron robados por los uniformados a cargo del operativo, según definió la acusación.

La resolución del tribunal de alzada fue confirmada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos que dispuso, por mayoría, declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, como presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

La CPM, como querellante, había presentado el recurso contra el fallo que revocó el procesamiento de Scapolan como jefe de una asociación ilícita.

Según fuentes judiciales, Carbajo y Borinsky declararon “inadmisible el recurso de casación interpuesto por la querella, al entender que el fallo recurrido no se trata de una sentencia definitiva o equiparable a tal, y que la parte no alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada o la existencia de alguna cuestión federal”.

En cambio, en su voto, Hornos afirmó que “el caso concreto presenta suficiente relevancia colectiva para reconocerle a la CPM un amplio acceso al sistema de justicia, específicamente el acceso a una revisión amplia de la sentencia impugnada”.

En su defensa, Scapolan había acusado a Arroyo Salgado y al fiscal Domínguez de haber desatado una “cacería”en su contra. Sostuvo que era inocente y negó todos “los cargos” que se le hicieron. Ahora, los camaristas Marcelo Darío Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas le dieron la razón en la mayor parte de las imputaciones, al menos, en las más graves.

La Cámara Federal de San Martín también le redujo sustancialmente el embargo que pesaba sobre sus bienes: pasó de 2000 millones a un millón de pesos.

Los camaristas consideraron que el grueso de la acusación se asentaba en los testimonios de testigos de identidad reservada y “arrepentidos” de los propios casos en los que se señalaban maniobras espurias de policías –y abogados penalistas– para fraguar procedimientos, “plantarles” droga a narcos y extorsionarlos, pero que la jueza y el fiscal no habían logrado corroborar esos dichos con pruebas objetivas en lo referente a la actuación del fiscal Scapolan y de quienes eran sus secretarios, que ya habían sido beneficiados con una falta de mérito en la causa.