“Te vamos a ayudar”: les ofrecían ayuda para dejar las drogas, pero los explotaban laboralmente

Un megaoperativo en siete provincias terminó con el rescate de 403 personas que, según la Justicia, eran víctimas de una situación de trata de personas con fines de explotación laboral. Todas estaban en granjas de Remar, una organización cristiana evangélica que ofrece programas de rehabilitación para hombres y mujeres que padecen adicciones al alcohol y las drogas.

Hubo 32 allanamientos en las granjas y establecimientos que dependen de la ONG, y siete directivos fueron notificados de la imputación y de las restricciones consecuentes, entre ellas, no poder salir del país ni acercarse a ninguno de los lugares donde estuvieron las víctimas, entre las cuales había decenas de madres con sus hijos, menores de edad, que fueron puestos a resguardo.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación informaron que, por disposición del juzgado federal de San Luis, efectivos de la Gendarmería realizaron los procedimientos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y Córdoba. Inspeccionaron las instalaciones allanadas y secuestraron elementos de interés para la causa, además de 1.919.520 pesos, 9140 dólares, notebooks, celulares, dispositivos de almacenamiento de información y documentación.

Efectivos del Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Buenos Aires y de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Sur, Campo de Mayo, Rosario, Santa Fe, Paraná, Mendoza, Córdoba y Río Cuarto ejecutaron las 32 órdenes de allanamiento; contaron con la colaboración y participación de personal de la Fiscalía Federal y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

“Te vamos a ayudar” dice el letrero de una de las “granjas de integración gratuita y sin fines de lucro” llamadas “Remar” que proveían alojamiento y prometían asistencia a personas en situaciones vulnerables para luego explotarlas.

Por disposición del Magistrado interviniente, las víctimas quedaron a cargo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mientras que siete ciudadanos involucrados fueron notificados de prohibición de salida del país y de acercamiento a los lugares allanados.