Trece años de cárcel. Llegó al país desde Venezuela, trabajó en un supermercado y secuestró al empresario que le dio empleo

Rafael Ángel Carrillo Rodríguez llegó a la Argentina desde Venezuela. A poco de llegar, se instaló en una pensión de Quilmes, situada cerca de un supermercado, donde consiguió trabajo como repositor. Después renunció, quería ser vigilador privado y después se interesó por el negocio de las criptomonedas. En medio de la pandemia de Covid-19, en octubre de 2020, participó del secuestro del supemercadista que le dio empleo. Fue el cerebro detrás del plan. Antes de lo que lo atraparan huyó a su país natal, donde finalmente fue detenido. Si bien se había solicitado su extradición, nunca se concretó y, tras admitir su participación en el rapto y cautiverio de Javier Moscuzza, fue condenado a la pena de 13 años y cuatro meses de cárcel.

Así lo informaron a LA NACION fuentes al tanto de la condena impuesta a Carrillo Rodríguez. En tanto, el martes próximo el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 de La Plata comenzará a juzgar a otros cuatro supuestos partícipes del secuestro extorsivo: Jean Carlos Rivero Márquez y Junior Argenis Páez Peña, de nacionalidad venezolana, Jesús Teodosio Ramos Paz, un sindicado narco nacido en Perú, y Matías Avellaneda. El Ministerio Público estará representado por el fiscal Rodolfo Molina.

“Ramos Paz y Avellaneda facilitaron la casa de Los Hornos, en La Plata, donde estuvo cautiva la víctima”, dijeron fuentes judiciales.

Johan Esneider Angarita León, otro supuesto secuestrador, se encuentra prófugo desde el 30 de octubre de 2020. Sobre él pesa una orden de captura internacional.

La víctima estuvo cautiva cinco días. La pesadilla para Moscuzza finalizó después de que su hermano hiciera cuatro transferencias de bitcoins, la criptomoneda más conocida, por un valor de 65.000 dólares.

Se trató de un caso inédito en la historia de los secuestros extorsivos en la Argentina. No solo porque el pago del rescate se hizo en criptomonedas, sino porque las comunicaciones extorsivas se hicieron por WhatsApp desde Colombia.

Tras la pesadilla vivida, el supermercadista, su esposa y sus hijos se fueron de la Argentina. Ahora viven en el exterior.

Tras admitir su responsabilidad en el plan criminal, Carrillo Rodríguez fue condenado a la pena de 13 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de secuestro y “porte ilícito de arma de fuego”, informaron a LA NACION fuentes judiciales.

Cuando Moscuzza lo conoció, Carrillo Rodríguez vivía en una pensión situada cerca de su supermercado de Quilmes. Le dio trabajo como repositor desde el 6 de septiembre de 2017 hasta el 31 de julio de 2018. “Como empleado no puedo decir nada, trabajaba”, recordó el empresario.

Dejó de trabajar para Moscuzza porque quería conseguir empleo como vigilador privado. Carrillo Rodríguez hizo los trámites en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, el ex Renar) para ser legítimo usuario de armas de fuego. Consiguió los permisos, según Moscuzza.

Como no consiguió trabajo como vigilador, volvió a pedirle empleo a Moscuzza, pero el supermercadista le dijo que ya había contratado a otro repositor, aunque lo recomenzó a su hermano, dueño de una empresa constructora, donde estuvo tres o cuatro meses.

Carrillo Rodríguez dejó de trabajar para el hermano de Moscuzza porque dijo que se iba a dedicar al negocio de las criptomonedas. En ese momento estaba de novio con la encargada del supermercado, que también renunció con el mismo objetivo. La pareja tuvo un hijo.

“El imputado Carrillo Rodríguez fue detenido en Venezuela en función de la orden de captura vigente. Su extradición fue rechazada y tras ser juzgado en dicho país, se lo condenó a la pena de 13 años y cuatro meses de prisión por los delitos de secuestro extorsivo y ´porte ilícito de arma de fuego´. Así surge de lo comunicado por la Dirección de Asuntos Internacionales del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela”, explicaron a LA NACION fuentes judiciales.

El cautiverio

La víctima fue secuestrada el 13 de octubre de 2020. Moscuzza fue liberado cinco días después, a las 10. Para ese momento, su hermano había transferido 65.000 dólares en criptomonedas. La investigación ya se había iniciado cuando la víctima estaba cautiva, tras la denuncia de la familia.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, que tuvo la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), hoy Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), conducida por Santiago Marquevich, y de detectives de la policía bonaerense y la Policía Federal Argentina (PFA).

“Durante el periodo de tiempo que la víctima estuvo privada de su libertad, los captores grababan videos como prueba de vida. Los mensajes extorsivos eran enviados por WhatsApp a una línea telefónica de Colombia desde donde, posteriormente, lo remitían al teléfono del hermano de Moscuzza, a quien le exigían dinero por su liberación”, explicó el juez federal de Quilmes, Luis Armella, cuando procesó a dos supuestos integrantes de la banda.

La fiscal Cavallo y los detectives policiales lograron ubicar la casa de la localidad platense de Los Hornos en la que había estado cautiva la víctima. En un allanamiento, los investigadores secuestraron un machete que fue reconocido por el supermercadista como el elemento que sus captores utilizaron para amenazarlo.

“Cuando les decía que si me liberaban les podía conseguir más dinero, hablaban entre ellos y llegaron a decir que se habían equivocado, que tendrían que haber secuestrado a mi esposa para que yo pagara”, sostuvo Moscuzza en citada entrevista con LA NACION.

El debate tiene previstas 12 audiencias entre el 27 de este mes y el 9 de abril próximos.