Walter Bento, el juez acusado de cobrar coimas, ordenó hace diez años la intervención de Cablevisión

En Mendoza su figura es poderosa, ya que, además de ser titular del juzgado federal N°1, es quien tiene la competencia electoral en la provincia. Pero, además de eso, el juez Walter Bento ocupó hace casi una década, durante varios meses, los mayores espacios entre las principales noticias del país. Fue cuando a fines de 2011 dispuso la intervención de Cablevisión y ordenó un sonado operativo a cargo de la Gendarmería para garantizar la asunción de un coadministrador que él mismo había designado en el marco de una causa iniciada por la denuncia de Supercanal, empresa competidora de aquella en el rubro de las comunicaciones audiovisuales, en manos del grupo comandado por Daniel Vila y José Luis Manzano. Esa medida dio pie a una contienda legal que culminaría en febrero de 2014, cuando la Corte Suprema de Justicia anuló todo lo actuado por el magistrado federal de Mendoza.

Aquella intervención, dictada el 20 de diciembre de 2011, le valió a Bento un pedido de jury de enjuiciamiento con fines de destitución por parte de Cablevisión, que denunciaba que el embate judicial era funcional al objetivo del gobierno kirchnerista de desguazar el Grupo Clarín.

Los abogados de la compañía cableoperadora denunciaron ante el Consejo de la Magistratura “irregularidades” detectadas en la causa que se inició con la presentación del grupo Vila-Manzano y acusaron al juez mendocino de “mal desempeño” y de “absoluto desconocimiento del derecho”.

“El magistrado Bento se habría extralimitado en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y habría obrado en clara connivencia con la parte actora a la que la mencionada resolución a todas luces favorece”, sostuvieron en el escrito en el que los representantes legales de Cablevisión afirmaron que Bento dispuso “una llamativa e inusual medida cautelar ordenando una serie de diligencias altamente gravosas y perjudiciales para la firma [que] persiguen la intención de desintegrar la fusión de Cablevisión y Multicanal S.A. operada hace algunos años”. En efecto, esa operación había sido aprobada en 2007 por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), en pleno gobierno de Néstor Kirchner. Pero en 2010 el Ministerio de Economía pretendió desconocerla. Finalmente, el Grupo Clarín obtuvo un fallo favorable.

Con el avance de esa litis, Bento dio un paso más: en agosto de 2012 ordenó la remoción de todo el directorio de Cablevisión en su ampliación de la intervención a instancias de una nueva denuncia de los dueños de Supercanal por presuntas prácticas anticompetitivas en el sector cableoperador. Se topó esa vez, de inmediato, con un fallo contrapuesto de la Cámara Federal Civil y Comercial de la Capital, que rechazó la competencia de Bento por cuanto Cablevisión no opera en Mendoza y porque la sede societaria de la firma está en el barrio porteño de Barracas.

La cuestión, entonces, quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que en febrero de 2014, casi en coincidencia con la decisión de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) aprobara el plan de adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del Grupo Clarín, clausuró la causa que impulsaba Bento.

El Máximo Tribunal del país consideró que el juez federal mendocino se había extralimitado en su competencia y ordenó, en consecuencia, el archivo del proceso derivado del amparo iniciado por Supercanal contra Cablevisión por prácticas anticompetitivas. Para ese momento, en el fuero civil y comercial tramitaba otro proceso relativo a la fusión de Cablevisión y Multicanal. Ante Bento, la empresa del Grupo Vila-Manzano reclamaba, además de las presuntas conductas anticompetitivas, la división de Cablevisión y la transferencia de sus activos y negocios a terceros.

Para la CSJN, el juez federal de Mendoza, al sustanciar el amparo y decretar medidas cautelares, Bento “ha realizado una creación ex nihilo del título para fundar su competencia e irrumpir en la ajena”, desconociendo el principio de que “el Poder Judicial, por su naturaleza, no puede ser jamás el poder invasor, el poder peligroso, que comprometa la subsistencia de la leyes y la verdad de las garantías que tiene por misión hacer efectivas y amparar”.

La Corte sostuvo que la finalidad de la demanda impulsada por el tándem Vila-Manzano pretendía “impugnar y privar de validez la desconcentración empresaria entre Cablevisión SA y Multicanal”, y que ninguna cláusula del ordenamiento legal vigente “autoriza a un tercero –como lo es Supercanal– para peticionar directamente ante el Poder Judicial que Cablevisión S.A. sea disuelta, liquidada, desconcentrada o dividida”, agregó.

“La pretensión radicada ante la justicia federal de primera instancia constituye un vano intento de sustituir al único sujeto al que la ley reconoce como legitimado procesal para perseguir objetos como los indicados, arrogándose la demandante una capacidad de la que carece y que al ser puesta en ejercicio y receptada por la justicia federal con asiento en Mendoza, desarticula desde su base todo el mecanismo de control judicial diseñado por el Congreso de la Nación en materia de defensa de la competencia, deformación que no puede ser aceptada y que sostiene la conclusión de que la demanda es irremediablemente improponible”, concluyó la Corte.