El polémico proyecto de ley que, en medio de fuertes críticas, la Ciudad finalmente decidió suspender

En medio de la fuerte polémica que generó la iniciativa, la Legislatura de la ciudad suspendió esta mañana el debate del texto que preveía introducir unas 90 modificaciones al Código de Faltas porteño e incorporaba el concepto de “reparación verde” para las infracciones ambientales, de higiene urbana y de daño en el espacio público.

El proyecto en cuestión había sido enviado por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y preveía entre otros puntos actualizar sanciones para quienes “manipulen y/o extraigan materiales de los puntos de disposición de residuos sólidos urbanos instalados en la vía pública”. La iniciativa planteaba que las personas infractoras pagaran una multa de 100 a 700 unidades fijas (UF) –entre $14.666 y $102.662, dado que cada unidad fija tiene un valor de $146,66– y la obligación de realizar trabajos comunitarios y cursos.

Especialmente ese artículo fue muy cuestionado por organizaciones que agrupan a cartoneros y por asociaciones civiles que asisten a personas que viven en situación de calle, dos de las comunidades que suelen aprovechar los materiales que muchos vecinos porteños descartan. Voceros del gobierno de la ciudad anticiparon que sería eliminado del texto final, pero esta mañana continuaba la controversia y finalmente se pidió retirar el expediente del temario del día.

A su vez, el texto planteaba que “cuando el/la autor/a de la infracción sea cometida por una persona jurídica, será sancionada con una multa de 700 a 8000 unidades fijas y/o decomiso de los materiales y con la obligación de realizar acciones de reparación verde”. Es decir que las sanciones variarían entre los $102.662 y $1.173.280.

Además, la iniciativa buscaba aumentar unas veinte multas del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, referidas a las infracciones relacionadas con el ambiente, el espacio público y la higiene urbana, e incorporaba la obligación de realizar acciones de “reparación verde”. Entre dichas multas se contemplaba una para quienes saquen la basura a los contenedores fuera del horario permitido, que es de 19 a 21.

La resistencia de legisladores de la oposición y de los recicladores urbanos, quienes advirtieron que no fueron tenidos en cuenta a la hora del debate, provocó que –tras el silencio de la Ciudad durante la mañana– la Legislatura tomara la determinación de suspender, al menos por lo que resta del año electoral, el debate de esta iniciativa.

La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr) había advertido que esos artículos buscaban “aumentar la persecución tanto a los cartoneros formales del sistema de reciclado, como a los informales”, por lo que solicitaron que “se dé marcha atrás con el proyecto, que cese la persecución y el secuestro de bolsones y carros por parte de fiscalización que hay en toda la ciudad (sobre todo en la zona de micro y macrocentro), y que el proyecto se discuta de cara a la sociedad, con audiencias públicas, reuniones de asesores y convocatorias al Poder Ejecutivo”.

La decisión de suspender el debate fue celebrada por la diputada del FIT Vanesa Gagliardi. “(Que) retiren esta barbaridad lo considero un logro democrático, sinceramente. Pero no sorprende que el oficialismo porteño se concentre en penalizar las consecuencias de la desigualdad, la pobreza o la falta de derechos, y no discutir una sola medida que tenga que ver con las causas de que haya protestas sociales o personas hurgando en los contenedores. Vamos a seguir con atención lo que pasa en los próximos días, porque esa iniciativa que ahora retiran revela una concepción ‘antipobre’ y profundamente punitivista”, sostuvo.

A lo largo de la mañana, LA NACION intentó obtener la palabra del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y de la Secretaría de Ambiente porteños. Desde el primero derivaron la consulta a la segunda, y viceversa.

El concepto de “reparación verde”

Cabe recordar que la iniciativa también buscaba incorporar el concepto de “reparación verde”, el cual implicaría que el infractor –ya sea una persona física o jurídica– deba realizar capacitaciones o tareas comunitarias comprometidas con la recomposición, el mantenimiento y la preservación del ambiente, fomentando así una relación más sustentable con su entorno, más allá de las multas o penas que pudieran corresponder legalmente.

El objetivo, según se explicó, era “fomentar la concientización de la ciudadanía sobre la importancia del cuidado del ambiente y de la higiene urbana”. Paralelamente, el texto buscaba adecuar en algunos casos la cantidad de unidades fijas aplicadas a las penalidades monetarias.

En este sentido, preveía aumentar las sanciones para quienes vendan mercadería en la vía pública y no cuenten con la debida autorización. La norma actual fija multas entre 10 y 250 UF ($1466 y $36.665) si se tratase de una sola persona, mientras que si la infracción es cometida por una empresa u organización asciende de 50 a 2500 UF ($7333 a $366.650); con los cambios que se impulsaban, la multa ascendería de 100 a 2500 UF para cuando se trate de un único vendedor ($14.666 y $366.650) y de 2500 a 6000 UF para cuando sea una empresa u organización ($366.650 y $879.960).

También se establecía un aumento de las sanciones económicas para los frentistas que efectúen el lavado de la vereda en horarios no reglamentarios, o no utilizasen balde o manguera con dispositivo de corte automático de agua a fin de evitar su derroche, o no mantengan el aseo de las mismas. Actualmente, las multas van de 30 a 300 UF ($4399 a $43.998) y, tras la reforma planificada, pasarían a tener un costo de 100 y 1500 UF ($14.666 y $219.990).

Asimismo, estaba previsto agravar las sanciones para quienes posean un inmueble que no esté debidamente cercado y se encuentre falto de higiene, de 25 y 250 UF ($3666 y $36.665) a entre 100 y 750 UF ($14.666 y $109.995).

Otro de los rubros alcanzados por el aumento de las penalidades era el de los camiones atmosféricos, por lo que se agravarían las penas para aquellos que efectuaran descargas en lugares no autorizados. De las 250 a 2500 UF ($36.665 y $366.650) hoy vigentes, ascenderían a un mínimo de 1000 UF o $146.660.

El proyecto oficial también impulsaba multas más elevadas para quienes incineraran residuos, de 50 a 1350 UF ($7333 y $197.991) a entre 700 y 15.000 UF ($102.662 y $2.199.900).

Por otro lado, establecía que realizarían las “reparaciones verdes” quienes vendan, exhiban o tengan animales de forma irregular; cacen pájaros, destruyan sus nidos, practiquen “tiro al pichón”, maltraten o envenenen a las aves. También serían alcanzados por nueva modalidad quienes destruyan el arbolado público; dejen sus vehículos o volquetes abandonados en la vía pública; fumen y/o arrojen colillas o restos de cigarrillos en patios de juego de parques y plazas.

Además, este tipo de sanciones también se aplicarían a aquellos que utilicen detergentes no biodegradables; arrojen volantes o folletos a la vía pública; viertan aceites vegetales o grasas de frituras de forma incorrecta y no cumplan con el proceso de desratización en obras, entre otros puntos.