Cuestionan una propuesta para multar con hasta 100 mil pesos a quienes saquen residuos de los contenedores en CABA

En las últimas horas se supo que uno de los artículos del proyecto de ley con el que el Gobierno porteño busca modificar el régimen de faltas en la Ciudad de Buenos Aires propone instaurar multas de hasta 100 mil pesos a las personas que saquen residuos de los contenedores ubicados en la ciudad. En pocas horas, la iniciativa empezó a ser cuestionada por organizaciones que agrupan a cartoneros y por asociaciones civiles que asisten a personas que viven en situación de calle, dos de las comunidades que suelen aprovechar los materiales que muchos vecinos porteños descartan.

“¿Quién piensa una idea tan perversa como la de querer cobrarles multas a quienes sacan comida de la basura porque se están muriendo de hambre?”, se preguntó Mónica De Russis, presidenta de la Asociación Civil Amigos en el Camino e integrante de la Asamblea Popular de Gente en Situación de Calle. “Somos 12 cooperativas formadas por 8000 personas que trabajamos en la calle aprovechando y reciclando miles de toneladas de basura que de otra forma irían a parar a un relleno”, dijo Susana Izaguirre, presidenta de la Cooperativa Las Madreselvas.

Ante los cuestionamientos que empezaron a encolumnarse uno tras otro, fuentes del Gobierno de la Ciudad prometieron que el polémico artículo de la ley, que será tratada mañana en la Legislatura porteña, será quitado del proyecto.

El artículo señalado es el 30 y propone que la persona “que manipule y/o extraiga materiales de los puntos de disposición de residuos sólidos urbanos instalados en la vía pública es sancionado con una multa de cien (100) a setecientas (700) unidades fijas (hoy tasadas en 144,66 pesos) y con la obligación de realizar acciones de reparación verde”. Es decir, multas de entre 14.466  pesos a 100.912 pesos. Y agrega que “cuando el/la autor/a de la infracción sea cometida por una persona jurídica, será sancionada con una multa de setecientas (700) a ocho mil (8.000) unidades fijas y/o decomiso de los materiales y con la obligación de realizar acciones de reparación verde”.

La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores y distintas cooperativas de cartoneras y cartoneros fueron las que rápidamente expusieron sus rechazos. De hecho, esta tarde convocaron a una conferencia de prensa para reclamar por lo que consideran “una persecución”. Mientras que convocaron para mañana a las 10 de la mañana a una marcha hacia la Legislatura.

“Siempre tenemos que ir nosotros a pedir que nos consulten, porque nunca nos citan. El problema es por qué no nos incluyen en estas decisiones”, se quejó Izaguirre y siguió: “Tuvimos una reunión, pero no querían dialogar con las cooperativas. Querían que la ley salga así como estaba, sin la opinión de los vecinos, comuneros ni organizaciones sociales”.

Desde la Legislatura porteña, la diputada Inés Parry, de la UCR, explicó que cuando se discutió el proyecto del Ejecutivo, se marcaron algunas observaciones y se comprometieron a discutirlas mañana. “Nos parecía que de ninguna manera había que penalizar estas cuestiones en este contexto social. Seguimos trabajando en eso, pero la principal observación fue al artículo 30, que no formará parte del proyecto de ley”, aseguró la legisladora.

La propuesta del Gobierno porteño llega, efectivamente, en un contexto de aumento de la pobreza y del empleo precario. La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores estima que en los primeros cinco meses del año se sumaron por lo menos 35 mil cartoneros: ya hablan de 205 mil en todo el país, un 20% más que en diciembre de 2022. A eso hay que sumarle que, según los últimos datos oficiales, difundidos en septiembre, la pobreza en el país cruzó la barrera del 40% y ya afecta a cerca de 18,5 millones de personas. Mientras que la indigencia llegó al 9,3%, muy por arriba del 8,1% registrado en diciembre del año pasado.

Mientras que el escenario respecto a las personas que viven y duermen en veredas, cajeros de banco, plazas o bajo puentes es también muy desafiante. En junio de este año, el Gobierno porteño publicó un relevamiento en el cual se registró que en CABA hay 3511 personas en situación de calle. Esa cifra representó un aumentó del 34% con respecto a 2022.

Entre otros temores, algunas organizaciones temen que iniciativas como estas incrementen el rechazo social hacía las personas en situación de calle. En ese sentido, un equipo de investigadores de la Facultad de Psicología de Universidad de Buenos Aires y la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle presentó un informe en el que advirtió que cada cuatro días, en el país ocurre un ataque a personas en situación de calle, lo que representa un aumento del 73% respecto al año pasado. Entre las razones de esos ataques figura el “rechazo social”.

“¿Quién piensa estas ideas tan perversas de querer cobrarles multas a quienes sacan comida de la basura porque se están muriendo de hambre?”, se pregunta Mónica De Russis, de Amigos en el Camino, una organización que casi todas las noches recorre la ciudad para asistir principalmente con alimentos y abrigo a las personas que viven en la calle. “No encuentro palabras para definir a una idea tan perversa como esta. Nadie nos consultó”, aseguró la líder social, que, igual que Izaguirre, reclamó consulta e inclusión antes de tomar estas medidas.

“¿Por qué en lugar de ingeniar estas ideas no piensan en cómo abrir fuentes de trabajo o diseñar políticas públicas de integración en momentos en que la gente está pasando hambre?”, preguntó la dirigente social que asiste a 1.200 personas en situación de calle.

Consultado por LA NACION, desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana aseguraron que “la Subsecretaría de Higiene Urbana de la ciudad va a eliminar el artículo 30, que había sido redactado en un borrador inicial, y continuará convocando mesas de trabajo con el fin de optimizar el sistema de limpieza e higiene para el bienestar de los vecinos y los trabajadores de las cooperativas de reciclado”.