Abusos: explotación de Iglesias, patrón común
Favorecido por políticas migratorias, Amnistía Internacional
Este patrón afecta principalmente a mujeres migrantes, racializadas y procedentes de contextos de pobreza.
Lo dijo hoy Virginia Álvarez, de AI, que apoya a las denunciantes de Iglesias, durante una rueda de prensa del equipo legal de Women's Link, que representa a las dos ex empleadas de Iglesias que le denunciaron.
"Lo que ha ocurrido es parte de un patrón que hemos visto en otros países que afecta a mujeres migrantes en contexto de pobreza. La situación de explotación no puede considerarse como un hecho aislado, sino como estructuras laborales", dijo.
Estas estructuras, añadió, "están favorecidas por las políticas migratorias existentes en muchos países que hacen que la vida de estas personas dependa de los empleadores -al ligar la autorización para residir en el país a ese contrato laboral-, quedándose en una situación de mayor vulnerabilidad".
Estas estructuras laborales están "montadas sobre la idea de que el tiempo, el cuerpo y el trabajo de las mujeres es barato y sustituible", apuntó.
Ana Rebollar, directora adjunta de Amnistía Internacional España, señala por su parte que "la violencia ejercida por empleadores contra trabajadoras remuneradas del hogar es una grave violación de derechos humanos. La falta de protección efectiva coloca a estas mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad que los Estados no pueden seguir ignorando".
Los hechos denunciados contra Iglesias podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexual tales como acoso sexual, así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores, según la denuncia.
Women's Link señala que busca que se reconozca el daño estructural causado por el racismo, el colonialismo y el machismo en el ámbito del trabajo doméstico.
Con la denuncia de estas dos mujeres, la organización feminista legal de derechos humanos persigue también que los tribunales españoles reconozcan la existencia de violencia sexual y de trabajo forzoso en el ámbito del trabajo del hogar.
(ANSA).
