ANSA/EEUU: Comisión Europea lista para responder a sanciones por ley digital
La UE rechazó las represalias de Trump contra sus funcionarios y reafirmó su soberanía
Portavoces de la Comisión Europea calificaron la decisión estadounidense como "injustificada" y "desproporcionada", y advirtieron que "no contribuye al espíritu de cooperación transatlántica".
Desde Bruselas se subrayó que la normativa digital europea no apunta contra ningún país en particular, sino que busca garantizar un entorno digital más seguro, transparente y equitativo para los ciudadanos de la UE.
"La Unión Europea no legisla bajo presión externa", señalaron fuentes comunitarias, que defendieron la plena legitimidad del marco regulatorio aprobado por el bloque y recordaron que la DSA se aplica por igual a todas las plataformas que operan en el mercado europeo, independientemente de su país de origen.
En un comunicado, la Comisión advirtió que está dispuesta a reaccionar con "rapidez y decisión" a la prohibición de ingreso de varios funcionarios de la UE.
"Nuestras normas digitales garantizan unas condiciones de competencia equitativas, seguras, justas e imparciales para todas las empresas, con una aplicación justa y sin discriminación", agrega la nota, ante las denuncias de censura a las grandes tecnológicas estadounidenses hechas por Washington.
La respuesta europea llegó un día después de que Washington anunciara restricciones y sanciones personales contra funcionarios comunitarios vinculados a la implementación de la ley, una medida inédita en el marco de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea.
La Ley de Servicios Digitales, en vigor desde este año, impone obligaciones más estrictas a las grandes plataformas tecnológicas en materia de moderación de contenidos, transparencia algorítmica, publicidad digital y lucha contra la desinformación.
La normativa afecta especialmente a los llamados gatekeepers, un grupo dominado por empresas estadounidenses como Meta, Google, Amazon, Apple y X.
La administración Trump sostiene que la legislación europea "perjudica de manera desleal" a las empresas tecnológicas de Estados Unidos y la considera una forma encubierta de proteccionismo. En ese marco, el anuncio de represalias fue presentado como una señal de que Washington "defenderá a sus compañías frente a regulaciones extranjeras hostiles".
Bruselas, en cambio, rechaza esa interpretación y recuerda que la ley fue aprobada tras años de debate institucional y con amplio respaldo de los Estados miembros, en respuesta al creciente peso de las plataformas digitales en la vida económica, social y política europea.
"Nuestras normas digitales garantizan unas condiciones de competencia equitativas, seguras, justas e imparciales para todas las empresas, con una aplicación justa y sin discriminación", dice el comunicado de la Comisión.
Las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea atraviesan un período de creciente fricción, pese a su histórica alianza política, económica y militar. Si bien ambos bloques cooperan estrechamente en materia de seguridad y defensa —especialmente en el marco de la OTAN—, los desacuerdos en comercio y tecnología se han profundizado en los últimos años.
Durante anteriores mandatos de Trump ya se habían registrado choques por aranceles al acero y al aluminio, disputas en la Organización Mundial del Comercio y diferencias sobre políticas industriales y subsidios.
La regulación del sector tecnológico se ha convertido ahora en uno de los principales focos de conflicto, junto con la fiscalidad de las grandes multinacionales digitales y el uso de datos personales.
Desde la UE advierten que la escalada podría sentar un precedente peligroso y abogan por resolver las diferencias a través del diálogo institucional. "Las discrepancias regulatorias deben abordarse con negociación, no con sanciones", señalaron fuentes diplomáticas europeas.
Pese al tono firme, Bruselas reiteró su disposición a mantener abiertos los canales de diálogo con Washington, aunque dejó claro que la defensa de su soberanía regulatoria y de los derechos digitales de los ciudadanos europeos "no está sujeta a negociación". (ANSA).
