ANSA/EEUU: DHS otorgó contratos millonarios a empresa ligada a donante pro-Trump
Según el WP el acuerdo acelerado financia un programa de "auto-deportación".
El contrato principal está vinculado a Project Homecoming, un programa que ofrece bonos en efectivo, vuelos gratuitos y asistencia personalizada en aeropuertos para migrantes que abandonen voluntariamente el país.
La iniciativa surge de una orden ejecutiva firmada el primer día del segundo mandato del presidente Trump, que instruyó al DHS a desarrollar políticas para incentivar la llamada "auto-deportación".
Según el Post, el contrato fue otorgado a Salus Worldwide Solutions, una empresa con sede en Arlington, creada en junio de 2023 y que, de acuerdo con registros de gasto público, no había recibido contratos federales con anterioridad.
La compañía había participado previamente como subcontratista en dos acuerdos del Departamento de Estado, según una demanda presentada contra la adjudicación de Project Homecoming.
El DHS aseguró que las decisiones de contratación son gestionadas por profesionales no partidarios, aunque correos electrónicos obtenidos por el diario indican que, en este caso, funcionarios políticos coordinaron el proceso.
El director ejecutivo de Salus, William Walters, es también un financiador del America First Policy Institute (AFPI), una organización alineada con la agenda de Trump, que lo reconoció con un "Patriot Award" en su gala anual de noviembre de 2024.
Además, Walters donó $10.000 en octubre de 2024 a American Resolve, un super PAC administrado por aliados de la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, que respaldó la campaña presidencial de Trump.
Walters también dirige Daedalus Aviation, una empresa creada en febrero de 2024, que recibió un contrato separado por $140.000.000 del DHS para la compra de seis aviones Boeing 737 destinados a operaciones de deportación.
La legislación federal prohíbe a los contratistas gubernamentales realizar donaciones políticas. Sin embargo, según el Post, Walters y sus empresas no eran contratistas al momento de las contribuciones, y la restricción no se extiende a organizaciones sin fines de lucro, lo que complica las posibles objeciones legales.
El caso reaviva el debate en Washington sobre conflictos de interés, la transparencia en la contratación pública y el papel de los funcionarios políticos en procesos de adjudicación, especialmente en programas sensibles vinculados a la política migratoria. (ANSA).
