ANSA/EEUU: Trump acelera el uso de órdenes ejecutivas
El mandatario ya firmó más decretos que en todo su primer mandato.
El lunes, Trump firmó una orden que dispone la designación del fentanilo como "arma de destrucción masiva", que se convirtió en el orden ejecutivo número 221 de su actual mandato.
Desde su asunción, el presidente ha utilizado estos decretos para imponer aranceles a gran escala, promover represalias contra lo que considera enemigos políticos y avanzar sobre una amplia gama de cuestiones culturales y regulatorias, desde las leyes de inmigración hasta normas sobre la presión del agua en las duchas.
De acuerdo con un análisis del Washington Post basado en datos de las organizaciones sin fines de lucro CourtListener y JustSecurity, un tercio de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump fue impugnado explícitamente en los tribunales antes del 12 de diciembre, lo que refleja el alto nivel de confrontación institucional generado por el uso intensivo de esta herramienta.
El uso de órdenes ejecutivas como mecanismo para ampliar el poder presidencial no es un fenómeno nuevo en Estados Unidos.
Desde comienzos del siglo XX, distintos presidentes han recurrido de forma creciente a este recurso para evitar bloqueos legislativos y acelerar la implementación de sus agendas políticas.
Sin embargo, según el Washington Post, Trump ha acelerado de manera significativa esta tendencia, en un contexto marcado por la parálisis del Congreso, la disminución de la producción legislativa y un clima de polarización política creciente entre demócratas y republicanos.
Durante las últimas décadas, la concentración de poder en el Ejecutivo se intensificó a medida que el Congreso se volvió menos eficaz para aprobar leyes de consenso. En ese escenario, las órdenes ejecutivas pasaron de ser un instrumento excepcional a una herramienta central de gobierno.
En el caso de Trump, el recurso ha adquirido un carácter particularmente confrontativo, al ser utilizado no solo para políticas económicas o administrativas, sino también para ajustes culturales y simbólicos, lo que ha multiplicado los desafíos judiciales y reabierto el debate sobre los límites constitucionales de la autoridad presidencial. (ANSA).
