ANSA/México: Drones y explosivos socavan lucha anticrimen
Gobierno debe recurrir a apoyo de Estados Unidos para frenarlos
Aunque México ha reforzado las labores de inteligencia y ha aumentado las detenciones de jefes de bandas y células criminales, bajo el mando del "súper ministro" de Seguridad Omar García Harfuch, el problema de los drones y explosivos es una especie de "espina en el costado" del gobierno.
En más de un año de gestión, la primera mandataria en más de dos siglos de historia independiente de México consiguió algo que parecía impensable: reducir la cifra de asesinatos, al pasar de casi 87 a un poco más de 54, según cifras oficiales.
Sin embargo, son cada vez más casos de "autos-bomba", minas y uso de drones en algunas zonas "calientes" del país, como el estado sureño de Michoacán y los estados de la frontera norte con Estados Unidos, lo que ha puesto en guardia al gobierno.
El 6 de diciembre, un vehículo de este tipo que se aparcó frente al cuartel de la policía comunitaria en la localidad de Coahuayana, un sitio estratégico para el trasiego de droga, explotó con dos ocupantes, dejando un saldo de cinco personas muertas y 12 heridas.
El Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, un reconocido ateneo público mexicano, señaló que suman 47 ataques con drones explosivos desde 2022 y siete ataques con granadas y bombas molotov desde 2008, con un costo humano de 73 personas muertas y 256 heridas.
Las Fuerzas Armadas informaron que entre diciembre de 2018 y mayo de 2025 confiscaron 9.155 artefactos explosivos, lo que lleva a la conclusión de que "el uso de explosivos es un patrón consistente y creciente", según el activista Sergio Aguayo.
Una de las consecuencias del uso de drones y explosivos como minas terrestres ha sido, en el norte de México, que se registrara la peor temporada de incendios en los últimos dos años en la zona que une los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, donde tiene lugar el mayor trasiego de drogas en la región.
La disputa interna de dos facciones del Cártel de Sinaloa iniciada en septiembre de 2024, que arrojó más de 2.000 muertos y 3.000 desaparecidos, hizo arder en el primer semestre de 2025 más de 281.000 hectáreas de bosque en esta región de la Sierra Madre Occidental, el doble del mismo período del año anterior, según el diario El Universal.
Ante ello, el pasado 16 de diciembre los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron un acuerdo para alinear sus estrategias de seguridad, impulsando el intercambio de datos para frenar el contrabando de combustible ilícito y el uso de drones en la frontera.
El Departamento de Estado informó que el pasado 11 de diciembre en la Ciudad de México, las delegaciones se comprometieron a "acelerar los esfuerzos conjuntos para desmantelar las bandas terroristas extranjeras y otros grupos delictivos".
Aguayo reprochó al gobierno que haya sido hasta ahora incapaz de explicar "la racionalidad detrás del uso de explosivos que aterrorizan a la población", a pesar de que su estrategia de seguridad "es mejor que la de los siete mandatarios que la precedieron".
Además, indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum "está obsesionada con imponer un relato en el que su gobierno controla todas las variables". (ANSA).
