Argentina cierra la agencia de noticias Télam argumentando pérdidas millonarias
Las autoridades de Argentina han confirmado este lunes el cierre de la agencia de noticias pública Télam, una decisión que ya adelantó el presidente Javier Milei durante el fin de semana y que desde Buenos Aires argumentan en las pérdidas millonarias que el medio iba a registrar este año.
De acuerdo con el portavoz presidencial, Manuel Adorni, Télam tenía "una pérdida estimada de 20.000 millones de pesos" y ha rechazado que el cierre de la agencia de noticias tenga nada que ver con ataques al pluralismo de información ni a la libertad de prensa.
"Lo que ocurre no es ni más ni menos que lo que el presidente prometió en campaña", ha aseverado Adorni en rueda de prensa, donde ha detallado que antes del cierre de la agencia se ha notificado a los empleados "eximiéndolos" de trabajar durante siete días sin que sus sueldos se vean afectados.
Respecto a la página web de la agencia, que actualmente está fuera de servicio, Adorni ha recalcado que la página se encuentra "en reconstrucción" y que en breves volverá a estar operativa.
Las fuerzas de seguridad argentinas se han desplegado frente a la redacción de la agencia en Buenos Aires, bloqueando el paso a todo aquel que pretendiera acceder al edificio. Adorni ha señalado que esa medida busca "evitar cualquier tipo de irrupción de gente que nada tiene que ver con Télam y que haya querido ensuciar al Gobierno".
El presidente Milei prometió en campaña electoral cerrar la Télam, y este mismo fin de semana ha recalcado su promesa asegurando que la agencia oficial argentina "ha sido utilizada en las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista".
Télam fue fundada por Juan Domingo Perón en 1945 para contrarrestar la información que difundían las agencias extranjeras de noticias en esa época y esta no es la primera vez que se intenta disminuir la influencia de una agencia que ya a comienzos del gobierno de Mauricio Macri vio como se despidió a más de 350 empleados que más tarde fueron reincorporados por orden judicial. Esto le costó al Estado cientos de millones en indemnizaciones.
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