Argentina: Gobierno retira proyecto de reforma penal juvenil
Reducía la imputabilidad penal a los 13 años
La decisión de reducir la edad para ser procesado penalmente de 16 años, como prevé la ley actual, a 13, había generado un amplio rechazo, entre otros de Unicef y la Iglesia católica, e incluso de aliados del oficialismo, lo que debilitó la estrategia parlamentaria.
Según fuentes parlamentarias citadas por medios argentinos, la ausencia de consenso sobre el punto central —la edad de imputabilidad— fue clave para que la Casa Rosada pidiera retirar el texto y volver a presentarlo con ajustes, buscando alinearlo con una versión previa consensuada que plantea el límite de 14 años, respaldado por fuerzas aliadas.
El proyecto retirado pretendía modernizar el régimen para adolescentes que cometen delitos, incorporando medidas socioeducativas, penas alternativas y un sistema con financiamiento federal explícito. Pero la insistencia en fijar en 13 años la edad mínima para la responsabilidad penal desató críticas y puso en riesgo el apoyo de bancadas clave.
Sectores de la Iglesia argentina se manifestaron con dureza contra la iniciativa, argumentando que una baja de la edad de imputabilidad "no resuelve el problema y lo profundiza" y reclamando, en cambio, políticas que prioricen la educación, la inclusión y la contención social para jóvenes y familias vulnerables.
El rechazo se expresó públicamente mediante cartas abiertas dirigidas a legisladores, en las que líderes eclesiásticos plantearon que los enfoques punitivos no abordan las causas estructurales del delito juvenil.
En paralelo, UNICEF Argentina emitió un posicionamiento formal en el marco de este debate, reclamando que no se reduzca la edad de imputabilidad y que cualquier reforma respete los estándares internacionales de derechos humanos.
El organismo subrayó que la evidencia internacional y científica indica que bajar la edad penal está asociado a peores resultados sociales y de reincidencia, y aboga por sistemas de justicia juvenil especializados, graduales y centrados en la prevención, la reinserción y la reparación, con medidas que respondan a la madurez y al contexto evolutivo de los adolescentes.
UNICEF también destacó en su documento qué aspectos del desarrollo neurológico y psicológico de niñas y niños hacen poco probable que comprendan plenamente las consecuencias de sus actos y los procedimientos judiciales, y recomienda enfoques que privilegien la protección y las oportunidades de vida más que las sanciones punitivas.
El oficialismo ya anticipó que presentará un nuevo proyecto corregido, con la edad de imputabilidad en 14 años y artículos adicionales para asegurar el financiamiento del sistema en todo el país, antes de intentar llevarlo nuevamente al recinto para su tratamiento. (ANSA)
