Bruselas da un ultimátum a España para que cumplan las reglas UE para servicios audiovisuales y medios
La Comisión Europea ha dado este jueves un ultimátum a las autoridades españolas para que en el plazo de dos meses tomen las medidas necesarias para transponer plenamente a la legislación nacional la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, dos normas comunes que debían estar en vigor desde el pasado año.
El aviso tiene la forma de dos dictámenes motivados que el Ejecutivo comunitario ha decidido enviar a España después de que el país no respondiera de manera satisfactoria en la primera fase de sendos expedientes sancionadores.
El procedimiento de infracción prevé una tercera y última fase por la que la Comisión podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si tras el plazo que concede este dictamen motivado España sigue sin responder satisfactoriamente.
Además de contra España, Bruselas ha actuado contra otros dieciocho Estados miembro que tampoco han cumplido los plazos previstos por consenso a nivel europeo para transponer las nuevas normas e informar de tales transposiciones a los servicios comunitarios.
La Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (DSCA) fue revisada en 2018 para ajustar las reglas comunes a la nueva era digital y armoniza las normas de medios audiovisuales, incluidos los organismos tradicionales de radiodifusión televisiva y los servicios de vídeo a la carta, además de establecer medidas de protección sobre los contenidos compartidos en las plataformas de distribución de vídeos.
Así, la directiva prevé condiciones de competencia equitativas para los diferentes tipos de servicios de medios audiovisuales, garantiza la independencia de los reguladores nacionales de los medios de comunicación, preserva la diversidad cultural, por ejemplo, al exigir que los servicios de vídeo a la carta tengan disponible al menos el 30 % de obras europeas. También incluye normas de protección para los menores y consumidores en general y prevé medidas contra el odio.
En el caso del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, fue pensado para modernizar las normas de la UE en materia de telecomunicaciones, adaptándolas a la era digital, y debió ser incorporado a las legislaciones nacionales de todos los Estados miembro en diciembre de 2020 a más tardar.
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