Captura de Maduro y afirmación de EEUU de que "administrará" Venezuela plantean cuestiones legales
WASHINGTON (AP) — La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos y los planes del gobierno de Donald Trump para "administrar" el país sudamericano plantean serias preguntas sobre la legalidad de las acciones estadounidenses dentro de una campaña más amplia contra Venezuela.
La captura de Maduro, quien estaba siendo transportado en un buque de guerra estadounidense a Nueva York para enfrentar cargos de conspiración por narcoterrorismo, va más allá incluso de los ejemplos históricos más destacados de acciones agresivas de Estados Unidos hacia gobiernos autocráticos en Panamá, Irak y otras partes, dijeron expertos jurídicos: esto ocurrió después de una incursión sorpresa de Estados Unidos en la capital venezolana, a la cual bombardeó de noche.
"Esto es claramente un acto ilegal y criminal flagrante", señaló Jimmy Gurule, profesor de la Facultad de Derecho de Notre Dame y ex subsecretario de Justicia de Estados Unidos.
Por su parte, Mark Nevitt, exabogado de la Marina estadounidense que ahora enseña en la Facultad de Derecho de la Universidad de Emory, expresó que no ve "ninguna base legal para que entremos en otro país y capturemos a un presidente sin un tratado de extradición".
El sorprendente desarrollo corona meses de acciones militares agresivas de Estados Unidos en la región, incluyendo los bombardeos contra botes que el ejército estadounidense dice eran usados para traficar drogas y la captura de busques petroleros frente a la costa de Venezuela. Estados Unidos ha llevado a cabo 35 ataques militares conocidos contra lanchas, y ha matado a más de 115 personas desde septiembre.
Michael Schmitt, exabogado de la Fuerza Aérea y profesor emérito del Colegio de Guerra Naval de Estados Unidos, dijo que toda la operación —los ataques contra lanchas así como la captura de Maduro— son una clara violación del derecho internacional.
Arresto de Maduro en el aniversario de la rendición de Noriega
El arresto de Maduro ocurrió 36 años después de la rendición del mandatario de Panamá, Manuel Noriega. Estados Unidos invadió Panamá en 1989 para arrestar a Noriega por cargos de tráfico de drogas.
En Panamá, sin embargo, los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos estaban directamente en juego por el Canal de Panamá, así como la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y las instalaciones militares de Estados Unidos en el país.
Por el contrario, el Congreso estadounidense no ha autorizado ningún ataque militar o acción judicial contra Venezuela.
Si bien los agentes estadounidenses tienen una larga historia de capturar a acusados en el extranjero para ejecutar órdenes de arresto sin autorización, los tribunales federales llevan mucho tiempo cediendo ante el poder ejecutivo en asuntos de política exterior y seguridad nacional.
Por ejemplo, en 1990, cazadores de recompensas estadounidenses, trabajando bajo la dirección de la DEA, secuestraron en México a un médico acusado de matar al agente de la DEA Enrique Camarena.
"Los tribunales otorgan gran deferencia al presidente en temas relacionados con la seguridad nacional", señaló Gurule, quien lideró la acusación contra los asesinos de Camarena. "Pero gran deferencia no significa deferencia absoluta y autoridad sin restricciones para hacer cualquier cosa".
Congreso de EEUU aún no ha autorizado ni prohibido las acciones
El gobierno de Trump ha declarado que los cárteles de drogas que operan desde Venezuela son combatientes ilegales, y alega que Estados Unidos está ahora en un "conflicto armado" con ellos, según un memorando del gobierno obtenido en octubre por The Associated Press.
El memorando parece representar una reivindicación extraordinaria de los poderes de guerra presidenciales, ya que Trump a efectos prácticos declara que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos equivale a un conflicto armado que requiere el uso de la fuerza militar. Esa es una nueva justificación para acciones pasadas y futuras.
El Congreso, que tiene amplia autoridad para autorizar o prohibir los poderes de guerra del presidente, no ha hecho ni lo uno ni lo otro, aun cuando los legisladores de los dos principales partidos políticos se sienten cada vez más incómodos con las acciones militares en la región, particularmente después de que se reveló que las fuerzas estadounidenses mataron a dos sobrevivientes de un ataque contra un bote.
Schmitt dijo que no hay otra forma de caracterizar lo que ha sucedido más que "como un estado de guerra entre Estados Unidos y Venezuela".
"Los abogados lo llaman conflicto armado internacional", dijo Schmitt. "La gente común lo llama guerra. Así que, como cuestión de derecho, ahora estamos en guerra con Venezuela porque el uso de hostilidades entre dos Estados claramente desencadena un conflicto armado interno".
Votación sobre poderes de guerra por delante
Los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado de ambos partidos políticos, así como a los presidentes de las comisiones de Inteligencia, fueron notificados el sábado temprano después de que comenzaron las operaciones, según una persona que habló bajo condición de anonimato para discutir el asunto sensible.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson dijo que el gobierno federal "está trabajando para programar sesiones informativas" para los legisladores cuando regresen a Washington la próxima semana.
Pero los legisladores demócratas advirtieron que al desviarse del Estado de derecho, la administración federal está potencialmente dando luz verde a otros países como China o Rusia para hacer lo mismo: "Una vez que se cruza esta línea, las reglas que restringen el caos global comienzan a colapsar, y los regímenes autoritarios serán los primeros en explotarlo", señaló el senador Mark Warner, el principal demócrata en la Comisión de Inteligencia del Senado.
"El poder de Estados Unidos proviene de nuestro compromiso con el Estado de derecho, las normas democráticas y la restricción constitucional", dijo. "Cuando abandonamos esos principios, incluso en nombre de confrontar a actores malintencionados, debilitamos nuestra credibilidad, ponemos en peligro la estabilidad global e invitamos a abusos de poder que perdurarán mucho más allá de cualquier presidencia individual".
La próxima semana, se espera que el Senado intente nuevamente frenar las acciones de Trump con una votación sobre una resolución bipartidista de poderes de guerra que bloquearía el uso de fuerzas estadounidenses contra Venezuela a menos que sea autorizado por el Congreso.
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Goodman informó desde Miami.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
