Colombia: Defensoría advierte sobre uso de la violencia contra candidatos electorales
"Nuestra preocupación central no es sobre la realización de las jornadas de las votaciones, sino sobre la libertad que habrá y sobre cómo se desarrollarán esas elecciones en ciertas regiones del país", afirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín, en la presentación hoy del panorama de riesgo y las recomendaciones frente a la jornada electoral que se avecina
El informe de la Defensoría planteó que los aspirantes al Congreso han estado y seguirán estando sujetos a "interferencias" por parte de grupos armados ilegales mediante "amenazas directas, atentados, restricciones al proselitismo y constreñimientos orientados a neutralizar candidaturas independientes o favorecer aspiraciones alineadas con intereses criminales"
En ese orden, la estatal encargada de la defensa de los derechos humanos, dijo que el "repertorio de violencia identificado" incluye el temor por nuevos atentados contra candidatos, como los ocurridos a la senadora indígena Aida Quilcué, del oficialista Pacto Histórico, secuestrada temporalmente por las disidencias en el departamento de Cauca (suroeste), hace dos semanas
Así como el asesinato de dos escoltas del representante a la cámara (diputados) Jairo Castellanos, en hechos atribuidos al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca (este), también hace dos semanas; mientras que el año pasado fue asesinado en Bogotá el senador y precandidato presidencial derechista Miguel Uribe y las disidencias atacaron el vehículo en el que se movilizaba el congresista Julio César Triana, en el Huila (sur)
A la violencia de las balas se suma la "estigmatización" en redes sociales por parte de políticos a rivales al asociarlos sin pruebas a grupos armados legales, así como la circulación de intimidaciones anónimas con mensajes de muerte a funcionarios y a candidatos, tanto física como de manera virtual, entre otras acciones
Frente a ese panorama, la Defensoría emitió nueve recomendaciones a manera de "llamado a la acción institucional" para que el Estado adopte "medidas preventivas que generen garantías efectivas para el ejercicio de los derechos y las libertades políticas en el marco de los procesos electorales"
(ANSA)
