Conservadores de la corte suprema de eeuu, escépticos ante cambio de política migratoria de biden
Por Nate Raymond y Andrew Chung
WASHINGTON, 29 nov (Reuters) - La mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos se mostró escéptica el martes ante el intento del Gobierno del presidente Joe Biden de poner en práctica lineamientos -impugnados por dos estados de tendencia conservadora- que cambian la aplicación de la ley de inmigración para concentrarse en las amenazas a la seguridad pública.
Los jueces escucharon los argumentos de la solicitud del gobierno para revocar el fallo de un juez a favor de Texas y Luisiana que anuló los lineamientos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que reducen el alcance de las personas que pueden ser objeto de detención y deportación por parte de los agentes de inmigración.
Texas y Luisiana argumentaron que las directrices son contrarias a las disposiciones de la ley federal de inmigración que obligan a detener a los ciudadanos no estadounidenses que han sido condenados por determinados delitos o tienen órdenes de expulsión definitivas.
La Corte Suprema se negó en julio a suspender el fallo del juez de distrito Drew Tipton, en una votación 5-4. El martes, algunos de los jueces conservadores que formaban parte de la mayoría en esa decisión señalaron que es probable que volvieran a fallar en contra del Gobierno.
"Nuestro trabajo es decir cuál es la ley, no si es posible aplicarla o si hay dificultades", dijo el presidente conservador de la Corte Suprema, John Roberts.
La procuradora general Elizabeth Prelogar, que defiende al Gobierno, dijo que una lectura tan estricta de la ley podría ser "increíblemente desestabilizadora" porque el DHS no puede, con sus limitados recursos, detener y buscar la expulsión de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes que viven de manera ilegal en el país.
Los lineamientos, anunciados por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en septiembre de 2021, daban prioridad a la detención y deportación de los ciudadanos no estadounidenses que suponen una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública o la seguridad fronteriza.
Se espera una decisión para finales de junio. (Reporte de Nate Raymond en Boston y Andrew Chung en Washington; editado en español por Ricardo Figueroa)
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