Corea del Sur relanza comisión de la verdad centrada en fraude de adopciones
SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Sur ha relanzado una comisión de esclarecimiento de hechos sobre sus pasadas violaciones de derechos humanos, con un enfoque clave en el fraude y la mala praxis generalizados que corrompieron el histórico programa de adopciones internacionales del país.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la tercera en la historia del país, comenzó a aceptar nuevos casos el jueves, meses después que el mandato de la anterior terminara en noviembre con más de 2.100 denuncias sin resolver.
La nueva comisión heredará esos casos, incluidas 311 solicitudes presentadas por adoptados coreanos de Occidente que fueron aplazadas o revisadas de manera incompleta antes que la segunda comisión detuviera en abril del año pasado una investigación histórica sobre las adopciones, tras disputas internas sobre qué casos merecían ser reconocidos como problemáticos.
Defensores afirman que el interés entre los adoptados es mucho mayor esta vez, con cientos que ya solicitan investigaciones, incluidos muchos de Estados Unidos, quienes estuvieron subrepresentados en la indagación anterior pese a que los padres estadounidenses fueron, con diferencia, los principales receptores de niños coreanos durante las últimas siete décadas.
Pero investigadores que integraron la comisión anterior señalaron que podrían pasar meses —posiblemente hasta mayo o junio— para que las nuevas pesquisas realmente comiencen. El gobierno aún no ha designado a un presidente para encabezar la comisión, que no ha conformado equipos de investigación y que, al inicio, será gestionada por funcionarios públicos asignados para recibir y registrar los casos.
La nueva comisión, establecida en virtud de una ley aprobada en enero que amplía su mandato de investigación, también indagará otros abusos de derechos humanos potencialmente atribuibles al gobierno, incluidos asesinatos de civiles en torno a la Guerra de Corea de 1950-53, la represión durante las dictaduras militares de las décadas de 1960 a 1980, y abusos durante décadas contra internos en centros de bienestar.
Bajo el mandato de tres años de la comisión, las solicitudes de investigación deben presentarse hasta el 25 de febrero de 2028, aunque la comisión tiene la facultad de ampliar el plazo y el mandato hasta por cinco años. Los adoptados también podrían presentar sus solicitudes en las embajadas o consulados surcoreanos en los países donde viven.
Corea del Sur envió miles de niños al año a Occidente desde la década de 1970 hasta comienzos de la de 2000, con un pico de más de 6.000 al año en promedio en la década de 1980. El país estaba entonces gobernado por un régimen militar que veía el crecimiento poblacional como una gran amenaza para sus objetivos económicos y trataba las adopciones como una forma de reducir el número de bocas que alimentar, lo que contribuyó a lo que hoy es posiblemente la mayor diáspora de adoptados del mundo.
La suspensión de la pesquisa previa sobre adopciones en 2025 se produjo tras una revisión de casi tres años de casos en Europa, Estados Unidos y Australia, durante la cual la segunda comisión confirmó violaciones de derechos humanos en apenas 56 de 367 denuncias presentadas por adoptados.
Aun así, la comisión emitió un importante informe provisional en el que concluyó que el gobierno tiene responsabilidad por un programa de adopciones internacionales plagado de fraude y abusos, impulsado por esfuerzos para reducir costos de bienestar social y ejecutado por agencias privadas que a menudo manipulaban los antecedentes y los orígenes de los niños.
El informe, que cuestionó una narrativa de larga data compartida en Corea del Sur y en los países receptores de Occidente según la cual las adopciones se debían principalmente a preocupaciones humanitarias, coincidió en términos generales con reportajes previos de The Associated Press.
Las investigaciones de la AP, en colaboración con Frontline (PBS), se basaron en miles de documentos y decenas de entrevistas para mostrar cómo el gobierno de Corea del Sur, países occidentales y agencias de adopción trabajaron en conjunto para entregar a unos 200.000 niños coreanos a padres en el extranjero, pese a años de evidencia de que muchos eran obtenidos mediante prácticas corruptas o abiertamente ilegales.
Durante el auge de las adopciones en las décadas de 1970 y 1980, miles de niños fueron registrados como abandonados para que parecieran adoptables bajo las leyes occidentales, aunque los registros sugieren que la mayoría tenía familiares conocidos. Las agencias de adopción pagaban a hospitales y orfanatos por recién nacidos y otros niños y, en algunos casos, cambiaban las identidades de los menores para mantener en marcha las adopciones cuando un niño moría, estaba demasiado enfermo para viajar o era reclamado por sus familias biológicas. Al priorizar su demanda interna de niños, los gobiernos occidentales ignoraron las señales de fraude generalizado y, en ocasiones, presionaron al gobierno surcoreano para que siguiera enviando niños.
El informe de la comisión anterior, que también destacó estos problemas, motivó una inusual disculpa del presidente surcoreano Lee Jae Myung en octubre. Su gobierno anunció después planes para eliminar gradualmente las ya menguantes adopciones internacionales del país para 2029.
El anuncio de diciembre se produjo al tiempo que investigadores de derechos humanos de la ONU expresaban “seria preocupación” por lo que describieron como el fracaso de Seúl para garantizar el esclarecimiento de la verdad y las reparaciones por violaciones vinculadas a adopciones pasadas. Corea del Sur aprobó adopciones en el extranjero de apenas 24 niños en 2025.
Boonyoung Han, activista adoptado y colíder del Danish Korean Rights Group, que encabezó la mayoría de las solicitudes de adoptados ante la comisión anterior, indicó que el grupo presentó más de 300 casos ante la comisión recién puesta en marcha el jueves. Una vez que se formen los equipos de investigación, las solicitudes serán revisadas antes de que la comisión decida si emprende pesquisas sobre esas, junto con los 311 casos trasladados.
Han precisó que 118 de las nuevas solicitudes provinieron de adoptados en Dinamarca, y los de Estados Unidos constituyeron el segundo grupo más grande, con 73.
Investigadores de la comisión anterior sostienen que una revisión más amplia de los problemas sistémicos requerirá un examen más minucioso de las adopciones hacia Estados Unidos, donde las brechas de ciudadanía que afectan a adoptados también han generado preocupación en un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump impulsa deportaciones agresivas. Los adoptados en Estados Unidos representaron apenas 45 de las denuncias recibidas por la segunda comisión, la mayoría de las cuales fueron presentadas por adoptados en Europa.
Algunos adoptados esperan usar las conclusiones de la comisión para presentar demandas por daños y perjuicios contra el gobierno surcoreano o sus agencias de adopción, lo que de otro modo sería difícil porque la ley surcoreana coloca la carga de la prueba por completo en los demandantes en los casos civiles. La nueva ley otorga a la tercera comisión facultades de investigación más sólidas que su predecesora, incluida la autoridad para solicitar órdenes de registro a través de fiscales si personas o instituciones se niegan a aportar pruebas.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
