Corte de Esuatini rechaza demanda contra la acogida de migrantes expulsados de EEUU
Un tribunal del reino de Esuatini rechazó una demanda contra la acogida en el país de migrantes de terceros países expulsados por Estados Unidos, según una sentencia...
Un tribunal del reino de Esuatini rechazó una demanda contra la acogida en el país de migrantes de terceros países expulsados por Estados Unidos, según una sentencia consultada por la AFP este miércoles.
Desde mediados de julio de 2025, Esuatini ha recibido y encarcelado a 15 personas expulsadas por EEUU, al igual que al menos otros cinco países africanos, en el marco de un acuerdo inicialmente mantenido en secreto.
El pequeño reino africano confirmó en noviembre que recibió 5,1 millones de dólares a cambio de aceptar a decenas de personas expulsadas en el marco de la campaña de deportaciones masivas de Washington.
Los tres magistrados encargados del caso estimaron que el demandante, el Centro de Litigios de Esuatini, organización que agrupa a abogados y defensores de los derechos humanos, no tenía interés directo para actuar en el caso.
"La demanda queda, por tanto, desestimada", concluyeron en su sentencia, fechada el martes.
Al menos 14 expulsados de Estados Unidos, algunos calificados por Washington de "monstruos depravados", siguen detenidos en aislamiento en una prisión de máxima seguridad a las afueras de la capital, Mbabane, sin que pese ningún cargo en su contra.
Entre esos 14 detenidos se encuentra el cubano Roberto Mosquera del Peral. Un decimoquinto detenido, un ciudadano jamaicano, fue extraditado a su país.
Los abogados que interpusieron la demanda señalan no disponer de información sobre el estado de salud de esos detenidos, ya que no se les ha autorizado a visitarlos.
Se esperan nuevas expulsiones de Estados Unidos hacia Esuatini este año, según fuentes penitenciarias.
El país -antes llamado Suazilandia- es una monarquía absoluta y es gobernado desde 1986 por el rey Mswati III, quien tiene atribuciones para nombrar al primer ministro y a los jueces.
Los actos del Parlamento solo adquieren fuerza de ley una vez firmados por el monarca.
