Denuncian ola de detenciones de sacerdotes en Nicaragua en últimos diez días
Al menos doce sacerdotes fueron arrestados desde el 20 de diciembre en Nicaragua, incluido un obispo, en medio de una fuerte tensión entre la Iglesia católica y el gobierno de Daniel Ortega, según activistas humanitarios, opositores y medios de prensa nicaragüenses en el exilio.
Entre los últimos detenidos figuran los monseñores Silvio Fonseca, vicario de familia de la Arquidiócesis de Managua; Miguel Mántica, de la iglesia San Francisco, también de la capital; y Marcos Díaz, de la diócesis de León (noroeste), según esas fuentes.
También fueron detenidos los sacerdotes Gerardo Rodríguez, Mykel Monterrey y Raúl Zamora, que prestan servicios religiosos en iglesias de Managua, dijeron medios de prensa nicaragüenses editados en Costa Rica.
Estas detenciones se suman a las del obispo Isidoro Mora y de dos seminaristas el 20 de diciembre, a las que siguieron en la última semana las del vicario general de Managua Carlos Avilés y los sacerdotes Héctor Treminio, Fernando Calero y Pablo Villafranca.
Once de los arrestados aparecen en una lista entregada a la AFP por la abogada Martha Molina, experta en temas de la Iglesia nicaragüense, exiliada en Estados Unidos.
El diario La Prensa agregó entre los detenidos al sacerdote Jader Hernández, párroco de una iglesia en Managua.
En la red social X, la activista de derechos humanos nicaragüense Bianca Jagger urgió el apoyo del papa Francisco para los sacerdotes ante la "implacable persecución" y "feroz casería" contra la Iglesia en Nicaragua. "No los abandone, están en peligro y lo necesitan SOS", escribió.
Ni el gobierno ni la policía de Nicaragua se ha referido a las denuncias.
El pasado miércoles, la vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, llamó "diablos" a los religiosos que, según ella, siembran "odio" en el país.
- "Feroz cacería" -
El obispo Silvio Báez, que salió de Nicaragua en 2019, denunció la "persecución" contra la Iglesia y pidió la solidaridad de los obispos del mundo.
"La dictadura sandinista ha desatado esta semana una feroz cacería contra los sacerdotes llevando a la cárcel a varios de ellos, que vienen a añadirse a dos obispos que ya estaban presos", dijo en X.
Báez pidió a las conferencias episcopales del mundo que no "abandonen" a la Iglesia de Nicaragua, "se solidaricen y alcen su voz denunciando esta persecución de la dictadura".
El salvadoreño-español José María Tojeira, portavoz de los jesuitas en Centroamérica, aseguró en X que los "perseguidores" de la Iglesia terminan siempre en fracaso.
"Golpeando a la Iglesia no hacen más que cavar su propia destrucción", aseguró.
La orden jesuita fue cerrada en agosto en Nicaragua y su universidad confiscada por el gobierno.
Medios como La Prensa, Confidencial y 100% Noticias, que se editan en Costa Rica, citaron en su denuncia a fuentes eclesiásticas, a las abogadas Molina y Yonarqui Martínez y a la activista de derechos humanos Haydée Castillo, todas en el exilio.
- "Desaparición forzada" -
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el jueves la "desaparición forzada" del obispo Mora y la "nueva ola de detenciones de religiosos" en Nicaragua.
Con Mora, de 53 años, suman ahora dos los obispos detenidos.
Rolando Álvarez, de 57 años, fue condenado el 10 de febrero a 26 años por traición a la patria, propagación de noticias falsas y desacato, un día después de que rechazara salir a Estados Unidos junto a 222 opositores presos expulsados.
Álvarez ha preferido la cárcel al exilio y no figuró entre los 12 sacerdotes liberados en octubre y enviados a Roma tras un acuerdo del gobierno con el Vaticano.
La relación entre la Iglesia y el gobierno se deterioró en medio de las protestas del 2018, luego de que Ortega acusara a religiosos de apoyar a los opositores en lo que consideró un intento de golpe de Estado.
Las protestas dejaron más de 300 muertos, según datos de la ONU.
Una investigación de Molina sostiene que desde 2018 hubo 740 ataques contra la Iglesia y que 176 sacerdotes y religiosas fueron expulsados, desterrados o se les prohibió ingresar al país.
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