Despiden a abogado militar por oponerse a política de deportaciones de Trump
MIAMI (AP) — Un abogado de la Reserva del Ejército de Estados Unidos, asignado como juez federal de inmigración, fue despedido apenas un mes después de asumir el cargo tras conceder asilo a un ritmo elevado, en contraste con los objetivos de deportación masiva del gobierno del presidente Donald Trump, según información obtenida por LA NACION.
Christopher Day comenzó a trabajar a finales de octubre como juez temporal en el tribunal de inmigración en Annandale, Virginia. Fue despedido alrededor del 2 de diciembre, confirmó la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.
No se sabe por qué fue despedido, y no hizo comentarios cuando fue contactado por LA NACION. Una portavoz del Departamento de Justicia se negó a discutir asuntos del personal.
Sin embargo, los datos federales de noviembre muestran que falló en casos de asilo en formas que contradecían los objetivos declarados del gobierno de Trump.
De los 11 casos que concluyó en noviembre, concedió asilo u otro tipo de alivio que permitía al migrante permanecer en Estados Unidos un total de seis veces, según datos federales analizados por Mobile Pathways, una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco.
Tales resultados favorables para los migrantes se han vuelto cada vez más raros a medida que el gobierno de Trump busca reducir un enorme atraso de 3,8 millones de casos de asilo mediante la reforma radical de los 75 tribunales de inmigración del país.
Como parte de esa iniciativa, el gobierno ha despedido a casi 100 jueces considerados demasiado liberales, y durante el verano, relajó las reglas que permiten que cualquier abogado, independientemente de su experiencia legal, se postule para convertirse en un “Juez de Deportación”, según anuncios de reclutamiento recientes.
En respuesta, el secretario de Defensa Pete Hegseth aprobó en septiembre el envío de hasta 600 abogados militares para analizar casos de asilo. El objetivo, dicen los grupos de defensa de los migrantes, es redefinir las funciones tradicionales de un juez como un árbitro justo e independiente de las solicitudes de asilo para convertirlo en algo similar a un sello de aprobación vestido con toga para los objetivos de deportación masiva de la Casa Blanca.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración ha criticado la afluencia de oficiales militares sin experiencia en derecho migratorio, comparándolos con cardiólogos que intentan realizar un reemplazo de cadera. Pero los funcionarios del Pentágono y la Casa Blanca han defendido la medida, diciendo que una campaña para emitir fallos en las solicitudes de asilo pendientes era algo que todos los trabajadores federales, así como los migrantes, que a veces están en el limbo durante años, deberían apoyar.
Hasta ahora, solo 30 miembros del ejército han sido asignados a los tribunales de inmigración y, en su mayoría, parecen haber cumplido con las expectativas de la administración. Nueve de cada 10 migrantes cuyos casos de asilo fueron escuchados por tales jueces en noviembre recibieron órdenes de expulsión o solicitudes de autodeportación, según datos federales. En general, los jueces militares ordenaron la expulsión el 78% de las veces, en comparación con el 63% para todos los demás jueces.
Pero aquellos como Day, cuyas decisiones contradecían esa tendencia, son especialmente vulnerables si se determina que violaron sus deberes militares, dijo Dana Leigh Marks, una jueza de inmigración retirada.
“Es difícil imaginar que alguien sea despedido tan rápidamente, después de cinco semanas en el cargo, a menos que fuera por razones ideológicas”, dijo Marks, la exjefa de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración. “Es especialmente injusto para los jueces militares porque no tienen las mismas protecciones del servicio civil y podrían enfrentar graves consecuencias por fallar en su asignación”.
El Código Uniforme de Justicia Militar, que gobierna a los miembros del servicio, prohíbe que los líderes militares superiores interfieran o tomen represalias contra los abogados militares por sus acciones en un tribunal militar. Las regulaciones del Ejército también requieren que los abogados del Cuerpo de Abogados Generales procedan con franqueza y honestidad, al igual que se espera de todos los abogados con licencia en los tribunales civiles.
Pero no se ha puesto a prueba si esos estándares se aplican a los abogados militares que trabajan fuera de los confines normales de un tribunal militar.
Brenner Fissell, catedrático de derecho de la Universidad de Villanova, dijo que existe una serie de acciones de personal que se pueden tomar —cartas de asesoramiento o reprimenda— que, incluso si más tarde se consideran infundadas, afectarían el potencial de promoción de una persona e influirían en su baja. Apelar tales decisiones, dijo, es un proceso bizantino que podría tomar años y requerir la contratación de un abogado costoso.
“El proceso puede ser el castigo”, dijo Fissell, quien colabora en la dirección del Proyecto de Órdenes, que ayuda a proporcionar asesoría a personal militar que cree que se le está pidiendo llevar a cabo órdenes ilegales.
Graduado de la facultad de derecho de la Universidad Americana, Day ha ocupado distintos puestos en el gobierno federal durante las últimas dos décadas mientras servía simultáneamente como teniente coronel en el Cuerpo de Abogados Generales de la Reserva del Ejército de Estados Unidos. Su último trabajo fue como abogado de la Comisión Federal de Comunicaciones durante el gobierno del expresidente Joe Biden.
A diferencia de los jueces federales, que tienen un mandato vitalicio, los jueces de inmigración son empleados del Departamento de Justicia, que dirige los tribunales de inmigración, y pueden ser despedidos por el secretario de Justicia con menos restricciones.
Ese mensaje se transmitió durante un curso de capacitación de dos semanas que se realizó en octubre para nuevos jueces, incluidos aquellos asignados por el Pentágono, según alguien que asistió a la capacitación y declaró bajo la condición de anonimato para hablar de las sesiones privadas.
El Pentágono ha ofrecido incentivos adicionales a los militares que se inscriben para trabajar temporalmente en los tribunales de inmigración. A los voluntarios se les prometió su elección de asignaciones, según un correo electrónico enviado por los directores del Cuerpo de Abogados Generales en el otoño, una copia del cual fue compartida con LA NACION. Pero si no se presentaban suficientes oficiales, se podría requerir que éstos se reubiquen hasta seis meses lejos de casa para cumplir con el mandato, según el correo electrónico.
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El periodista de The Associated Press Michael Biesecker en Washington contribuyó a este informe.
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