Disputa entre el presidente y la vicepresidenta de Filipinas pone a prueba la democracia del país
MANILA, Filipinas (AP) — Una tormenta política de gran magnitud desatada por una amarga disputa entre el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. y su vicepresidenta está poniendo a prueba una democracia asiática que desde hace tiempo se ha visto afectada por políticas tumultuosas, la aplicación deficiente de la ley y una impunidad descarada.
Hace poco más de dos años, Marcos Jr. y la vicepresidenta Sara Duterte ganaron en victorias electorales aplastantes con una estrategia de campaña que giró en torno a la unidad nacional.
Pero su frágil alianza se desmoronó rápidamente debido a grandes diferencias, incluidas sus inclinaciones divergentes hacia Estados Unidos o China, y el rechazo de Marcos a la sangrienta represión contra las drogas ilegales iniciada por su predecesor y padre de Duterte, Rodrigo Duterte.
Las hostilidades alcanzaron un punto crítico el fin de semana, cuando Sara Duterte les dijo a periodistas que había organizado que Marcos, su esposa y su primo Martin Romualdez —que también es presidente de la Cámara de Representantes— fueran asesinados si ella misma era atacada de muerte. Marcos se presentó en televisión y declaró que estaba listo para contraatacar.
A continuación presentamos un vistazo a las figuras clave en la crisis política en desarrollo:
Al igual que su padre, el expresidente Rodrigo Duterte, la abogada de 46 años es una política populista conocida por sus arrebatos llenos de lenguaje obsceno y un temperamento que a menudo choca con el decoro oficial. Hizo que las élites políticas desconfiaran de ella, pero se ganó el cariño de la gente común en una nación donde el reconocimiento del nombre, el patrocinio político y las campañas llenas de estrellas importan más que las plataformas de políticas y gobierno. En su papel de alcaldesa de una ciudad provincial, Duterte se postuló exitosamente como compañera de fórmula de Marcos en la contienda de 2022. Pero pronto aparecieron fisuras, incluida la oposición de Duterte a las investigaciones del Congreso —encabezadas por aliados de Marcos— sobre las miles de muertes en la represión contra las drogas durante la presidencia de Rodrigo Duterte, de 2016 a 2022. También se está investigando el presunto mal uso de fondos mientras ella fue secretaria de Educación.
Cuando el jefe de personal de Duterte fue detenido temporalmente por los legisladores después de negarse a cooperar con la investigación, Duterte ofreció una conferencia de prensa en línea en la que amenazó a Marcos, su esposa y a Romualdez. También acusó a la familia de Marcos de ser responsable del asesinato de un líder opositor en 1983, acción que derivó en un alzamiento popular por la democracia en 1986 en el que fue derrocado Ferdinand Marcos, el padre del actual presidente.
La rotunda victoria electoral de Marcos en 2022 fue considerada uno de los cambios de suerte más sorprendentes para su familia, que había huido de Filipinas tras la revuelta del “poder popular” de 1986 —la cual fue respaldada por el Ejército— y regresó años después. Heredó una economía maltrecha, una política divisionista y solicitudes para que ayudara a enjuiciar a su predecesor por los asesinatos relacionados con las drogas, que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional.
Rodrigo Duterte ha acusado a Marcos de ser un líder débil y un drogadicto, acusaciones que el mandatario negó. El nuevo rumbo que trazó Marcos para Filipinas rompió con el que había establecido Duterte, quien construyó vínculos estrechos con China y Rusia y se hizo antagónico de Estados Unidos. Marcos amplió los lazos de defensa con Washington y comenzó a denunciar abiertamente las acciones agresivas de Beijing para reclamar territorio en el disputado mar de China Meridional.
En una señal de creciente enemistad, la primera dama Liza Araneta Marcos dio a conocer su resentimiento hacia Sara Duterte en una entrevista radiofónica en abril. Dos meses después, Duterte renunció a su puesto de secretaria de Educación de Marcos y directora de un organismo de combate a insurgentes. El mes pasado dijo que su relación con Marcos se había “vuelto tan tóxica” que se imaginó “cortándole la cabeza”. En declaraciones al país el lunes, Marcos anunció que lucharía contra el “complot criminal” de la vicepresidenta y defendería el estado de derecho.
“La verdad no debe ser ejecutada en forma sumaria”, declaró el mandatario en tagalo, utilizando un término vinculado con los asesinatos ordenados por Rodrigo Duterte para combatir el tráfico de drogas.
Duterte, de 79 años y salud frágil, fue uno de los líderes contemporáneos más heterodoxos de Asia hasta que su mandato de seis años concluyó en 2022. Ha conservado un número considerable de seguidores y sigue siendo uno de los críticos más duros del presidente. En su carrera política de décadas, se forjó un nombre por sus arrebatos llenos de palabras soeces y su desdén por los derechos humanos y Occidente, al tiempo que cultivaba estrechos vínculos con el presidente chino Xi Jinping y el mandatario ruso Vladímir Putin. Ha acusado a Marcos, a su esposa y al presidente de la Cámara de Representantes de anomalías financieras, y en una ocasión advirtió que Marcos podría ser derrocado al igual que su padre si su gobierno intenta realizar reformas constitucionales para supuestamente prolongar su control del poder. En una conferencia de prensa el lunes, Duterte les preguntó a los militares cuánto tiempo seguirían apoyando a un presidente “que es un drogadicto”.
“Hay un gobierno fracturado... Sólo los militares pueden corregirlo”, declaró Duterte, pero aclaró que no estaba exhortando a cometer un golpe de Estado.
Se conjetura ampliamente que Romualdez —de 61 años e integrante de un rico clan del centro de Filipinas— alberga planes de postularse a la presidencia en 2028. Sara Duterte lo ha acusado de intentar destruir su reputación para eliminar a una futura contendiente. Romualdez ha desempeñado un papel crucial en la presidencia de la cámara baja, en la que predominan los aliados de Marcos, y será clave para manejar una posible denuncia de juicio político contra la vicepresidenta por el presunto mal uso de fondos. En declaraciones ante la Cámara de Representantes el lunes, Romualdez enfatizó que Sara Duterte debe rendir cuentas por las amenazas de muerte contra él, el presidente y su esposa.
“La gravedad de tal confesión exige rendición de cuentas. Exige respuestas. Exige que nosotros, como representantes del pueblo filipino, adoptemos una posición para proteger nuestra democracia de todas y cada una de las formas de amenaza”, afirmó Romualdez.
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El periodista de The Associated Press Joeal Calupitan contribuyó a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
