EEUU: cinco estados demandan a Trump por recorte de US$10.000 millones
Nueva York, California y otros tres estados a la justicia, por fondos sociales
Los estados demandantes son Nueva York, California, Colorado, Illinois y Minnesota, que impugnaron la decisión del Departamento de Salud de bloquear fondos federales destinados a subsidios para la infancia, asistencia social y ayudas a hogares de bajos ingresos.
Según informó Politico, el gobierno federal justificó el congelamiento alegando presuntas irregularidades vinculadas al uso de los fondos por parte de inmigrantes en situación irregular, acusaciones que los estados calificaron de infundadas y políticamente motivadas.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, denunció que la medida forma parte de una "campaña de caos y represalias" que podría afectar a cientos de miles de familias en situación de vulnerabilidad. "Estas decisiones no castigan a los estados, castigan a los niños y a las familias que dependen de estos programas", advirtió.
En la misma línea, el fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó que la administración Trump "no tiene una sola prueba, ni una sola" para respaldar las acusaciones. "Bloquear los fondos sin justificación alguna es ilegal y mezquino", sostuvo.
El conflicto se inscribe en un enfrentamiento más amplio entre la Casa Blanca y los estados gobernados por demócratas, que cuestionan lo que consideran un uso discrecional del poder federal para presionar políticamente a gobiernos locales. Desde el regreso de Trump al poder, varias decisiones vinculadas a inmigración, gasto social y regulación han sido impugnadas en los tribunales por administraciones estatales opositoras.
Para California, esta demanda representa la 53¦ acción judicial presentada contra Trump desde su retorno a la Casa Blanca, un indicador del elevado nivel de judicialización que atraviesa la relación entre el gobierno federal y los estados.
Casos similares en el pasado han derivado en suspensiones temporales de medidas federales mientras los tribunales analizan su constitucionalidad.
Los estados sostienen además que el congelamiento de los fondos viola leyes federales que obligan al Ejecutivo a distribuir recursos ya aprobados por el Congreso, y anticiparon que solicitarán medidas cautelares para forzar el restablecimiento inmediato de los programas afectados. (ANSA).
