EEUU: crece el rechazo local a acuerdos con ICE por política migratoria
Comunidades y autoridades cuestionan contratos e instalaciones vinculadas a la agencia
En varias ciudades, residentes, alcaldes y responsables locales denunciaron haber sido informados tardíamente —o incluso después de firmados— sobre contratos que permiten a ICE utilizar infraestructuras públicas o privadas para entrenamiento, detención o procesamiento de migrantes, lo que generó protestas y presiones políticas para cancelar esos acuerdos.
El rechazo se produce mientras el gobierno federal avanza con un amplio plan para aumentar la capacidad de detención migratoria mediante la compra o alquiler de depósitos industriales y otras instalaciones en más de veinte localidades del país.
En numerosos casos, autoridades municipales y estatales manifestaron frustración por la falta de consulta previa, señalando que se enteraron de los proyectos solo después de que ICE hubiera concretado adquisiciones o firmado contratos.
La polémica también alcanza acuerdos más limitados, como el uso de campos de tiro policiales u otras instalaciones locales para entrenamiento federal, que algunos residentes consideran que pueden deteriorar la confianza entre comunidades inmigrantes y fuerzas de seguridad locales.
El aumento de estas disputas coincide con una estrategia federal más amplia orientada a reforzar las detenciones y acelerar las deportaciones, con inversiones multimillonarias destinadas a ampliar la red nacional de centros de detención migratoria.
La expansión ha generado además conflictos legales y políticos en varios estados, entre ellos demandas judiciales para frenar nuevos centros por presuntas irregularidades ambientales o falta de participación pública en los procesos de aprobación.
En otros casos, proyectos de instalaciones migratorias fueron suspendidos o cancelados tras la oposición de autoridades locales o comunidades, reflejando un creciente choque entre políticas federales y gobiernos territoriales.
Las tensiones se producen en un contexto nacional marcado por protestas contra las operaciones migratorias federales y por una creciente polarización política sobre la política migratoria, considerada uno de los ejes centrales del segundo mandato de Trump.
Funcionarios federales sostienen que la ampliación de la infraestructura de detención es necesaria para aplicar las leyes migratorias y garantizar la seguridad fronteriza, mientras que organizaciones civiles y autoridades locales advierten sobre el impacto social, económico y político de estas medidas en sus comunidades.
El debate sobre la cooperación entre gobiernos locales y la agencia federal de inmigración se perfila así como uno de los principales frentes institucionales en la política migratoria estadounidense. (ANSA)
