EEUU: Juez pone en jaque el megaproyecto de Trump en la Casa Blanca
Calificó el plan de financiamiento como máquina de Rube Goldberg para esquivar control
Durante una audiencia, el juez del tribunal federal de distrito Richard Leon cuestionó duramente a los abogados del gobierno sobre la autoridad presidencial para demoler parte del ala este del complejo presidencial y costear las obras sin aprobación legislativa. El magistrado llegó a comparar el esquema de financiación con una "máquina de Rube Goldberg", en alusión a un mecanismo innecesariamente complejo diseñado para evitar la supervisión parlamentaria.
"¿Tiene realmente el presidente el poder de derribar una parte de un icono que es una institución nacional?", preguntó Leon, al tiempo que puso en duda que la legislación permita levantar una nueva construcción en terrenos federales sin autorización expresa del Congreso.
La demanda fue presentada el mes pasado por el National Trust for Historic Preservation, una organización privada designada por el Congreso para proteger sitios históricos, que busca frenar las obras hasta que el proyecto complete los estudios federales obligatorios y se abra un proceso de consulta pública.
Al cierre de la audiencia, que se extendió durante una hora, Leon anticipó que no tomará una decisión este mes, aunque espera hacerlo en febrero, y advirtió que la parte que resulte perdedora probablemente apelará.
La Casa Blanca anunció el proyecto a fines de julio y las demoliciones comenzaron de manera sorpresiva en octubre, cuando obreros fueron vistos derribando parte del ala este, donde funcionaban las oficinas de la primera dama.
El tamaño y el costo del emprendimiento crecieron rápidamente. En un primer momento se estimó en US$200 millones, pero en noviembre Trump elevó la cifra a US$400 millones, que, según la Casa Blanca, serán cubiertos íntegramente con donaciones privadas.
El vocero presidencial Davis Ingle defendió el proyecto en un comunicado enviado a ABC News. "El presidente Trump trabaja las 24 horas para hacer grande a Estados Unidos otra vez, incluida la histórica embellecimiento de la Casa Blanca, sin costo para los contribuyentes", afirmó. "Estas mejoras beneficiarán a generaciones de futuros presidentes y visitantes de la Casa del Pueblo".
Leon, designado juez durante la presidencia de George W.
Bush, señaló que la administración parece estar realizando una "maniobra" para esquivar al Congreso al recaudar fondos privados para una obra de esa magnitud.
El magistrado recordó que una ley federal prohíbe construir nuevos edificios en terrenos públicos del Distrito de Columbia sin autorización parlamentaria, y otra exige asignaciones presupuestarias anuales incluso para reformas en la Casa Blanca.
También subrayó que los US$2,5 millones recientemente aprobados por el Congreso para mantenimiento estaban pensados para "proyectos muy pequeños", no para un salón de baile monumental.
El abogado del Departamento de Justicia, Yaakov Roth, respondió que Trump no quería usar dinero de los contribuyentes y prefirió recurrir a donaciones canalizadas a través del Servicio de Parques Nacionales. También citó precedentes, como la construcción de una piscina durante el gobierno de Gerald Ford o un pabellón de tenis durante el primer mandato de Trump, que no requirieron aprobación legislativa específica.
Pero el juez no quedó convencido. "[Comparar esto] con una piscina de 1977… ¿y lo equiparan con demoler el ala este? Vamos, sean serios", ironizó. "No hay ninguna base legal, ninguna, cero", insistió sobre el uso de donaciones para financiar la obra.
Durante la audiencia, el abogado del National Trust, Tad Heuer, recordó que el presidente es un "inquilino temporal" de la Casa Blanca y no su dueño. Leon sugirió que el término más adecuado sería "custodio". "Él no es el propietario", remarcó Heuer. (ANSA).
