EEUU: Justicia archiva investigación contra Biden por uso de "autopen"
El DOJ no halló base legal para acusar al expresidente tras presión de Trump
La pesquisa había sido impulsada bajo presión política del presidente Donald Trump y de aliados republicanos que sostenían que asesores de Biden podrían haber utilizado el dispositivo para firmar documentos oficiales —incluidos indultos y decisiones ejecutivas— sin que el mandatario los autorizara personalmente.
Según fuentes citadas por medios estadounidenses, los fiscales federales no lograron identificar un estatuto penal aplicable que permitiera avanzar con una acusación formal, lo que llevó al Departamento de Justicia a cerrar el caso sin presentarlo siquiera ante un gran jurado.
La investigación había examinado si Biden o miembros de su equipo violaron la ley al emplear el autopen para firmar documentos presidenciales, una práctica utilizada durante décadas por mandatarios estadounidenses para gestionar grandes volúmenes de papeleo oficial.
El origen del caso se remonta a 2025, cuando Trump ordenó investigar si asesores de la Casa Blanca de Biden habían abusado del dispositivo para ocultar un supuesto deterioro cognitivo del entonces presidente y ejercer de facto funciones ejecutivas en su nombre.
La acusación fue promovida por sectores republicanos y por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que llegó a cuestionar si algunos indultos y decisiones administrativas habían sido firmados mediante autopen sin la autorización directa del mandatario.
El tema adquirió gran relevancia política en Washington y fue presentado por aliados de Trump como uno de los mayores escándalos institucionales recientes.
Sin embargo, Biden negó reiteradamente las acusaciones y aseguró que todas las decisiones ejecutivas, incluidos los indultos presidenciales, fueron adoptadas personalmente por él.
El autopen es un dispositivo mecánico utilizado desde hace décadas en la Casa Blanca para replicar la firma del presidente en documentos oficiales.
El Departamento de Justicia ya había avalado legalmente su uso en una opinión emitida durante la administración de George W. Bush, señalando que el presidente puede delegar la ejecución física de la firma, siempre que la decisión política haya sido tomada por él. (ANSA).
