EEUU: La Corte Suprema cuestiona ley de Hawái sobre porte de armas
Jueces conservadores ven inconstitucional exigir permiso para entrar armado a propiedades
La norma, conocida como la "regla del vampiro", requiere que las personas con permiso para portar armas ocultas obtengan autorización antes de ingresar armadas a propiedades privadas, lo que establece una metáfora con las leyendas sobre vampiros, que no pueden entrar a un lugar sin ser invitados.
Durante la audiencia oral, varios miembros del ala conservadora del tribunal -que cuenta con una mayoría de 6 a 3 y tradicionalmente apoya los derechos de posesión de armas- sugirieron que la exigencia es inconstitucional.
"Usted está relegando la Segunda Enmienda a un estatus de segunda clase", afirmó el juez conservador Samuel Alito al abogado del estado de Hawái, Neal Katyal.
El juez Brett Kavanaugh también intervino, argumentando que el caso es "bastante simple" y que, conforme a precedentes recientes del tribunal, Hawái no ha demostrado una "historia y tradición" significativa de leyes similares que limiten el derecho a portar armas.
Además, los magistrados no mostraron convencimiento por el argumento del estado sobre los derechos de propiedad privada.
El presidente de la Corte, John Roberts, comparó la regulación con hipotéticas restricciones a la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda en propiedades abiertas al público.
"¿Cuál es exactamente la base de esa distinción?", cuestionó Roberts al abogado de Hawái.
En la mayoría de los estados, la ley permite que una persona con un permiso de porte oculto ingrese armada a una propiedad privada abierta al público. Sin embargo, otros estados como Nueva York, Nueva Jersey, Maryland y California han adoptado normas que requieren autorización previa.
Aprobada en 2023 como parte de una legislación más amplia sobre control de armas, la ley de Hawái aplica a espacios privados en general abiertos al público, como estaciones de servicio, tiendas y restaurantes. Tribunales inferiores han bloqueado parcialmente otras disposiciones que imponen restricciones adicionales sobre el porte de armas.
Las violaciones a esta normativa pueden conllevar penas de hasta un año de prisión.
La ley fue impugnada por tres propietarios de armas con permisos: Jason Wolford, Alison Wolford y Atom Kasprzycki, junto con la Hawaii Firearms Coalition, un grupo defensor de los derechos de armas, obteniendo el respaldo de la administración de Donald Trump.
Un juez federal había bloqueado inicialmente la disposición sobre propiedades privadas, pero en septiembre de 2024, la Corte de Apelaciones del 9ø Circuito, con sede en San Francisco, falló a favor del estado de Hawái, llevando el caso hasta la Corte Suprema. (ANSA).
