EEUU: Trump demanda a Nueva Jersey por su política migratoria
La Casa Blanca acusa al Estado de bloquear a autoridades federales y abre un nuevo frente
Según la acción judicial, la administración sostiene que las normas estatales obstaculizan la labor de los agentes federales y violan el principio de supremacía del derecho federal, al impedir detenciones o compartir información clave con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Este conflicto se enmarca en la ofensiva del gobierno para reforzar la aplicación de la política migratoria y presionar a estados y ciudades que restringen la colaboración policial con las autoridades federales.
Las disputas legales entre Washington y gobiernos locales por las políticas santuario llevan años, pero se intensificaron bajo administraciones republicanas, que argumentan que estas medidas dificultan la detención de inmigrantes irregulares con antecedentes penales.
Demandas similares ya han sido presentadas contra ciudades y estados —incluyendo Nueva York, Chicago y municipios de Nueva Jersey— argumentando que estas regulaciones interfieren con la aplicación de la ley federal de inmigración.
En esos casos, el Departamento de Justicia buscó órdenes judiciales para bloquear normas locales que prohíben a la policía colaborar con ICE o retener detenidos bajo solicitud migratoria.
La nueva causa se produce en un clima de fuerte tensión política respecto a la política migratoria del gobierno, que en su segundo mandato ha impulsado operaciones de detención ampliadas y mayor presencia de agentes federales en grandes ciudades.
Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia orientada a endurecer controles, acelerar deportaciones y presionar a jurisdicciones demócratas para que cooperen con la aplicación federal de las normas migratorias.
Al mismo tiempo, la política migratoria del gobierno enfrenta múltiples desafíos judiciales en distintos tribunales federales, reflejando la profunda división institucional sobre el alcance del poder ejecutivo en esta materia.
Los defensores de las leyes santuario sostienen que limitan la cooperación con ICE para proteger la confianza entre inmigrantes y fuerzas locales, evitando que víctimas o testigos teman denunciar delitos.
La Casa Blanca, en cambio, afirma que esas restricciones ponen en riesgo la seguridad pública al permitir que inmigrantes con antecedentes queden en libertad antes de que los agentes federales puedan actuar.
El caso podría convertirse en un nuevo test judicial clave sobre los límites del poder federal frente a la autonomía de los estados en materia policial y migratoria. (ANSA)
