EEUU: Trump demanda al IRS y al Tesoro por 10 mil millones
Por filtración de datos fiscales
La demanda fue presentada en un tribunal federal de Miami e incluye como demandantes a sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, así como a la Trump Organization. Los demandantes sostienen que la divulgación de los datos fiscales provocó daños financieros, perjuicios reputacionales y afectó la imagen pública y política del mandatario.
Según la acusación, la filtración se produjo entre 2019 y 2020 y habría sido realizada por un excontratista del IRS, Charles Littlejohn, quien posteriormente se declaró culpable de divulgar información fiscal confidencial y fue condenado a cinco años de prisión.
La acción legal sostiene que las agencias federales actuaron con negligencia grave o mala conducta al no proteger adecuadamente información tributaria sensible.
Las filtraciones permitieron que medios como The New York Times y ProPublica publicaran información sobre la carga fiscal de Trump, incluyendo reportes de que pagó montos muy bajos de impuesto federal sobre la renta en algunos años, lo que generó investigaciones mediáticas y políticas sobre sus finanzas.
El contratista señalado por la filtración trabajaba para la consultora Booz Allen Hamilton, cuyo contrato con el Tesoro fue posteriormente cancelado tras el escándalo por fallas en la protección de datos confidenciales.
La demanda forma parte de una serie de acciones legales impulsadas por Trump contra organismos públicos, empresas y medios, en el marco de disputas políticas y judiciales vinculadas a investigaciones sobre sus finanzas y actividad empresarial.
El movimiento es inusual porque implica que un presidente en funciones demande a agencias del propio gobierno federal, lo que podría abrir debates legales y políticos sobre posibles conflictos institucionales.
La presentación judicial también retoma un largo enfrentamiento entre Trump y las autoridades fiscales, que se remonta a años de disputas sobre la divulgación de sus declaraciones impositivas.
Las disputas judiciales de Donald Trump vinculadas a sus declaraciones fiscales se remontan a años previos a su presidencia y se intensificaron durante y después de su paso por la Casa Blanca.
Durante la campaña de 2016, Trump rompió con una tradición de décadas al negarse a publicar voluntariamente sus declaraciones impositivas, argumentando que estaban bajo auditoría. Investigaciones posteriores indicaron que esa auditoría no estaba activa en ese período, lo que generó controversia política y legislativa en Washington.
Tras asumir la presidencia, enfrentó múltiples procesos judiciales vinculados a citaciones de sus registros financieros y fiscales. En 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un intento de bloquear la entrega de seis años de declaraciones fiscales al Congreso, tras una batalla legal de varios años.
Paralelamente, fiscales de Nueva York obtuvieron acceso a documentación fiscal y financiera en investigaciones vinculadas a la Trump Organization y a posibles irregularidades contables y financieras, en un proceso que incluyó citaciones a sus contadores y bancos.
En el plano civil, Trump y su empresa también enfrentaron demandas por presuntas irregularidades en valuaciones financieras utilizadas para beneficios fiscales, créditos y seguros, en una causa que incluyó acusaciones de sobreestimar activos en cientos de casos para obtener ventajas financieras.
Las filtraciones de datos fiscales a medios en 2020, que mostraron pagos muy bajos de impuestos federales en algunos años, intensificaron el escrutinio político y mediático sobre sus finanzas personales y empresariales. (ANSA).
