EEUU: Trump recorta US$600 millones en subvenciones gestionadas por los CDC
Financian programas de prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS)
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) comunicó que estos fondos —dirigidos a departamentos de salud estatales y locales, hospitales, universidades y organizaciones no gubernamentales— están siendo suspendidos porque "no reflejan las prioridades de la agencia", una decisión que afectará a estados como California, Colorado, Illinois y Minnesota.
Entre los recortes figuran subvenciones específicas, como US$1,1 millones para la vigilancia del VIH en el condado de Los Ángeles, US$5,2 millones destinados a un programa de incorporación de profilaxis previa a la exposición (PrEP) para mujeres negras en el Lurie Children's Hospital, y US$7 millones para estudiar poblaciones desproporcionadamente afectadas por ETS en Chicago.
La decisión generó críticas de líderes estatales y grupos de salud pública. Los fiscales generales de California, Colorado, Illinois y Minnesota presentaron una demanda federal para bloquear la medida, calificándola de ilegal y políticamente motivada, y advirtieron que los recortes pondrían en riesgo programas esenciales de respuesta a brotes de enfermedades, vigilancia epidemiológica y prevención del VIH.
Los críticos, incluidos funcionarios de salud pública locales, sostienen que los programas afectados representan herramientas clave para detectar tendencias de transmisión antes de que se propaguen, mantener sistemas de datos de salud pública y ofrecer servicios preventivos a comunidades vulnerables, especialmente en minorías raciales y poblaciones de alto riesgo.
Organizaciones de derechos civiles y expertos en salud han advertido que estos recortes podrían revertir décadas de avances en la lucha contra el VIH/SIDA y otras ETS, así como debilitar la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias en las comunidades más afectadas.
La decisión se enmarca en una serie de acciones de la administración Trump para reorientar la política de salud pública y priorizar fondos hacia áreas consideradas alineadas con sus objetivos programáticos, tras una serie de recortes y redirecciones presupuestarias impulsadas en 2025 y 2026.
Las demandas judiciales buscan un mandato que impida la retirada de fondos antes de que los tribunales evalúen si esta suspensión es constitucional o si viola leyes federales que protegen el financiamiento para programas de salud pública.
(ANSA).
