EEUU/R.Unido.- Un juez paraliza la deportación de uno de los cinco ciudadanos europeos sancionados por EEUU
EEUU/R.Unido.- Un juez paraliza la deportación de uno de los cinco ciudadanos europeos sancionados por EEUU

MADRID, 26 dic. 2025 (Europa Press) -
Un juez de Estados Unidos ha paralizado de forma temporal el proceso de deportación del fundador del Centro para la Lucha contra el Odio Digital y activista británico Imran Ahmed, uno de los cinco ciudadanos europeos a los que la Administración Trump ha vetado la entrada en el país esta misma semana por su presunto papel en el fomento de la censura a plataformas digitales estadounidenses.
El juez del distrito sur de Nueva York, Vernon S. Broderick, ha fallado a favor de Ahmed, actual director ejecutivo de la citada ONG, después de que su defensa presentase una demanda contra la Administración Trump ante el temor de que pudiera ser deportado y separado de su esposa e hijo, ambos con nacionalidad estadounidense.
Según los documentos judiciales consultados por la cadena británica BBC, el juez ha determinado que Ahmed, quien actualmente reside en Nueva York junto con su familia, no podrá ser detenido y posteriormente deportado hasta que su caso sea revisado por la Justicia estadounidense.
Esto se produce después de que esta semana el Gobierno de Donald Trump impusiese restricciones de visado a cinco ciudadanos europeos, entre ellos Ahmed, así como al excomisario de Mercado Interior de la Unión Europea Thierry Breton; Clare Melford, del Índice Global de Desinformación; Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, ambas de HateAid.
El Departamento de Estado considera que "estos activistas radicales y ONG politizadas han impulsado medidas represivas de censura por parte de Estados extranjeros dirigidas contra estadounidenses", por lo que ha determinado que su presencia en Estados Unidos "tiene consecuencias potencialmente graves para la política exterior del país".
Las sanciones contra los ciudadanos europeos, especialmente contra Breton, provocaron una oleada de condenas por parte de la Comisión Europea y de otros países como Francia o España, que resaltó que su papel consiste en representar a "organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la desinformación y los discursos de odio".



