El Congreso de EEUU debate los poderes de guerra de Trump
En múltiples ocasiones durante la segunda presidencia de Donald Trump, el Congreso ha debatido su autoridad militar, primero en América Latina y ahora en Oriente Medio.
La prueba más reciente llegará el jueves en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, después de que el Senado rechazó una medida demócrata para limitar a Trump, al menos en teoría, en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
Como muchos de sus predecesores, Trump afirma tener un poder amplio, incluso ilimitado, sobre las fuerzas de Estados Unidos. Aprobó ataques desde embarcaciones cerca de Venezuela, estableció un bloqueo naval y autorizó una operación militar para arrestar y deponer a su líder, Nicolás Maduro —todos actos discutibles de guerra según el derecho internacional. Hizo ruido sobre acciones adicionales en Groenlandia y América Latina, antes de lanzar una amplia campaña de bombardeos en Irán.
Según la Constitución, las fuerzas armadas responden al presidente. Pero el documento otorga al Congreso funciones de supervisión. Trump dice que no firmará nada que limite sus opciones, lo que para algunos expertos es una prueba de que el control sobre unas fuerzas armadas dirigidas por civiles se ha desviado de su diseño original.
“La Constitución otorga poderes de guerra a dos ramas distintas del gobierno”, señaló el historiador militar Peter Mansoor, profesor de la Universidad Estatal de Ohio y coronel retirado del Ejército de Estados Unidos. “El péndulo se ha inclinado hacia el Ejecutivo”, lamentó, al sostener que “los redactores pretendían que el Congreso fuera la rama más poderosa”.
A continuación, un vistazo a lo que dice la Constitución y a cómo se han desarrollado los poderes de guerra de Estados Unidos.
El Artículo I, que estableció el Congreso, indica que los legisladores “tendrán la facultad... de declarar la guerra”. El Artículo II, que estableció la presidencia, convierte al jefe del Ejecutivo en el “comandante en jefe del Ejército y la Marina”. La Constitución también otorga al Congreso autoridad sobre los presupuestos militares.
El Congreso no ha declarado un estado oficial de guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, desde 1945, miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos han combatido y muerto en conflictos a gran escala en Corea, Vietnam, Irak y Afganistán, entre otros lugares.
En la misión contra Maduro, un piloto del Ejército resultó herido, lo que llevó a Trump a concederle la Medalla de Honor, un reconocimiento que por ley está restringido a acciones realizadas al combatir contra un enemigo extranjero. Hasta el miércoles, seis miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos habían muerto en la guerra con Irán.
Durante el debate en el Senado el mes pasado sobre Venezuela, el senador Rand Paul, republicano por Kentucky, se burló de una “elaborada puesta en escena” y afirmó que es “un absurdo” sostener que las acciones de Trump fueran otra cosa que hacer la guerra.
El senador Tim Kaine, el demócrata de Virginia que patrocinó las resoluciones sobre poderes de guerra respecto de Venezuela e Irán, dijo que la versión más reciente —que fracasó 47-53— impediría que un presidente hiciera un “atajo” para eludir la Constitución.
El Congreso ha declarado la guerra a 11 naciones a lo largo de cinco guerras. Tres declaraciones se emitieron en el siglo XIX, dos durante la Primera Guerra Mundial y seis durante la Segunda Guerra Mundial. En cada ocasión, el presidente pidió formalmente al Congreso que actuara, citando algún ataque específico contra Estados Unidos u otro interés nacional.
El presidente James K. Polk incluso lo solicitó para la guerra con México, que se centró principalmente en expandir el territorio de Estados Unidos.
En el mismo periodo, el Congreso votó muchas veces para autorizar el uso de la fuerza sin declarar la guerra. Las primeras medidas solían referirse a acciones navales específicas para defender los intereses comerciales de Estados Unidos. El Congreso recurrió por primera vez a esta vía en 1798; se convirtió en una hoja de ruta para la era posterior a la Segunda Guerra Mundial.
El expresidente Harry Truman ganó la Segunda Guerra Mundial bajo declaraciones emitidas cuando Franklin Roosevelt era presidente. Luego, en 1950, las incipientes Naciones Unidas votaron actuar en Corea y pidieron a los países miembros que ayudaran.
Invocando a la ONU, Truman comprometió tropas de Estados Unidos en una llamada “acción policial” sin buscar la aprobación de los legisladores. Más tarde ese mismo año, el Congreso aprobó la Ley de Producción para la Defensa para movilizar la capacidad bélica de Estados Unidos. Fue un respaldo a posteriori de la decisión de Truman, y la ley sigue siendo una herramienta potencial del Pentágono.
Presidentes desde Dwight Eisenhower hasta Gerald Ford encabezaron lo que la historia recuerda como la “Guerra de Vietnam”, aunque a menudo se la llamó “el conflicto de Vietnam” a medida que las administraciones de Estados Unidos ampliaban las operaciones en el sudeste asiático.
Lyndon Johnson persuadió al Congreso para que aprobara la Resolución del Golfo de Tonkín en 1964 y la utilizó para acelerar la participación de Estados Unidos.
A medida que aumentaban las muertes de estadounidenses, la guerra se volvió impopular, pero Johnson —y luego Richard Nixon— contaron con una amplia autoridad otorgada por los legisladores. “El Congreso aprueba y respalda la determinación del Presidente, como Comandante en Jefe, de repeler cualquier ataque armado contra las fuerzas de Estados Unidos y de impedir una agresión adicional”, decía la resolución de 1964.
El Congreso derogó esa medida en 1971, pero Nixon no se retiró.
Mansoor dijo que las declaraciones de guerra no solo definen el inicio de una guerra. También, en la práctica, exigen un final oficial, lo que activa el papel del Senado en la ratificación de tratados de paz. Eludir esos límites legales, afirmó Mansoor, es “cómo se termina en estas guerras interminables”.
En 1973, mientras Estados Unidos avanzaba con dificultad hacia su salida de Vietnam, el Congreso aprobó la Resolución de Poderes de Guerra, con la intención de imponer límites a los presidentes al exigir ciertas comunicaciones con los legisladores y permitir que el Congreso celebrara votaciones para fijar parámetros de la acción militar. Ese fue el mecanismo legislativo que se activó este año para las fallidas resoluciones sobre Venezuela y las resoluciones sobre Irán.
En 2020, una Cámara de Representantes controlada por los demócratas adoptó por estrecho margen una medida destinada a recortar los poderes de Trump frente a Irán en ese momento. Pero, en la práctica, la Resolución de Poderes de Guerra no ha servido como un freno funcional al poder del Ejecutivo.
Ronald Reagan envió tropas al Líbano en 1982 como parte de una fuerza multinacional de mantenimiento de la paz. No citó la Resolución de Poderes de Guerra al notificar al Congreso y no aceptó una autorización del Congreso hasta 1983, después de que ya hubieran muerto miembros de las fuerzas armadas.
En 1990, George H.W. Bush notificó al Congreso, en virtud de la Resolución de Poderes de Guerra, que había enviado tropas a Oriente Medio después de que Irak invadiera Kuwait. Bush pidió al Congreso “apoyo”, en lugar de “autorización”, solo después de asegurar el respaldo de la ONU para una acción de una coalición internacional liderada por fuerzas de Estados Unidos. El Congreso autorizó el uso de la fuerza en enero de 1991.
Bill Clinton desplegó tropas de Estados Unidos en múltiples ocasiones, a Somalia, Haití, Ruanda, Bosnia y Herzegovina, Kosovo e Irak. Pidió al Congreso asignaciones presupuestarias, pero no autorizaciones explícitas. Cuando algunos legisladores presionaron a Clinton para que buscara aprobación para ataques en Irak en 1998, Clinton defendió su interpretación de la autoridad presidencial, no muy distinta de los argumentos de Trump.
Bush califica el 11 de septiembre como un acto de guerra, pero nunca busca una declaración
George W. Bush movilizó rápidamente a las fuerzas armadas tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Consultó con rapidez al Congreso, lo que derivó en una resolución conjunta que autorizó una acción de amplio alcance. Fue única porque no se apuntó a ningún país específico y al principio se centró en Al Qaeda. El Congreso respaldó la medida casi por unanimidad, pero pidió informes cada 60 días.
Mansoor, el historiador militar, señaló que Bush utilizó la votación para llevar a cabo esfuerzos antiterroristas en cualquier parte del mundo. Bush volvió al Congreso en 2002 y dijo a los líderes que quería autorización para actuar contra Irak.
Lo que el Congreso aprobó para Bush no tenía una fecha de finalización efectiva. Su sucesor, Barack Obama, heredó tropas en Irak y al principio no las retiró. Afganistán continuó durante los dos mandatos de Obama, la primera presidencia de Trump y hasta el mandato de Joe Biden.
Biden retiró las tropas de Estados Unidos de Afganistán después de que se convirtiera en la guerra más larga de Estados Unidos —nunca declarada— en la historia del país.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
