El éxodo de fiscales en Minnesota ante la presión política beneficia a algunos acusados
MINNEAPOLIS, Minnesota (AP) — La fiscalía federal en Minnesota ha quedado desmantelada por una ola de renuncias y jubilaciones de funcionarios de carrera debido a sus objeciones a las directrices del gobierno de Trump. Eso le dio un respiro a Cory Allen McKay, que ha sido condenado por diversos delitos en 12 ocasiones.
Con un historial de tres décadas de delitos violentos que incluye estrangular a una mujer embarazada y disparar una escopeta bajo la barbilla de una persona, McKay tenía previsto ir a juicio el próximo mes por cargos de tráfico de metanfetamina que podrían haberle mantenido preso durante 25 años. En cambio, quedó en libertad después de que el fiscal de su caso se jubilara.
El gobierno de Trump afirma que su agresiva aplicación de las leyes migratorias en Minnesota ha mejorado la seguridad pública. Sin embargo, a su paso ha dejado una fiscalía federal muy debilitada, con muchos fiscales molestos por la forma en que los designados políticos de Trump en el Departamento de Justicia los dirigían.
Las oficinas en otros estados, de Nueva York a Virginia, también se han visto afectadas por renuncias, ya que los fiscales se oponen a lo que consideran la politización de la toma de decisiones durante el mandato de Trump. Pero Minnesota ha sido golpeada con especial dureza.
Un número creciente de acusados como McKay está empezando a eludir la rendición de cuentas, ya que los fiscales que quedan se ven obligados a desestimar algunos casos, archivar otros antes de que se presenten cargos y buscar acuerdos de culpabilidad y aplazamientos.
Las autoridades locales temen que la oficina no pueda, al menos temporalmente, presentar cargos contra algunos de los delincuentes más graves del estado.
“El resultado será una capacidad reducida para perseguir a estafadores peligrosos, depredadores sexuales, pandillas violentas y traficantes de drogas”, manifestó John Marti, un abogado de Minneapolis que fue durante mucho tiempo fiscal de fraudes en la oficina hasta 2015.
Tras pedir un aplazamiento para encontrar a alguien que se hiciera cargo del caso de McKay, la oficina dirigida por el designado de Trump Daniel Rosen lo retiró de manera tan abrupta que la abogada de McKay no se enteró de la medida hasta después de que su cliente ya había sido liberado.
“Esto fue completamente sorprendente para mí”, comentó la abogada de McKay, Jean Brandl. Aunque no ha podido comunicarse con él, “puedo garantizarle que está contento con esto”.
Durante el último año, el número de fiscales federales adjuntos en Minnesota ha caído de más de 40 —antes de que Trump retomara el cargo— a menos de dos docenas. Así lo indicó un exfiscal federal que no estaba autorizado a hablar sobre asuntos de personal y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.
El éxodo comenzó el año pasado, cuando varios fiscales “vieron lo que se venía” y entendieron que sus empleos —y la definición de justicia del gobierno— iban a ser diferentes bajo el nuevo gobierno, señaló el exfiscal federal.
Se aceleró después de que designados de Trump en el Departamento de Justicia intervinieran para bloquear una investigación conjunta estatal y federal sobre el tiroteo mortal del 7 de enero en el que Renee Good murió a manos del agente de Inmigración y Control de Aduanas Jonathan Ross. Mientras funcionarios de Trump calificaron a Good de “terrorista interna” y sostuvieron que Ross disparó en defensa propia, algunos en la fiscalía consideraron la muerte como un posible homicidio.
Los fiscales de carrera también objetaron directrices que les exigían desviar gran parte de sus recursos a casos de inmigración, y se irritaron por repetidas violaciones de órdenes judiciales por parte de ICE que enfurecieron a jueces.
“No podían, en conciencia, participar en lo que han visto”, afirmó una carta difundida la semana pasada por ocho exfiscales de Estados Unidos permanentes o interinos en Minnesota.
Entre los muchos que se fueron el mes pasado estaban el exlíder interino de la oficina, Joe Thompson, y el jefe de la división penal, Harry Jacobs. Thompson era un veterano del Departamento de Justicia conocido por investigaciones de fraude de alto perfil. Él y Jacobs habían ayudado a destapar la trama de Feeding Our Future de 300 millones de dólares, en la que más de 75 acusados han sido imputados por defraudar un programa de nutrición infantil de la era del COVID-19.
Cada vez que se va un abogado con experiencia, los líderes evalúan la carga de casos de ese fiscal y toman decisiones sobre cuántos de esos casos pueden reasignarse al personal restante y cuáles se abandonarán por la disminución de recursos.
Los registros judiciales muestran que la oficina ha estado operando en modo de crisis, trayendo fiscales de otros estados, pidiendo a jueces que aplacen vistas e intentando hacer que algunos casos desaparezcan mediante desestimaciones y acuerdos de culpabilidad. Los abogados defensores buscan sacar provecho al exigir juicios rápidos para sus clientes y presentar otras mociones que requieren respuestas de los fiscales.
El Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos no respondieron a solicitudes de comentarios. La exvocera de la oficina, la fiscal Melinda Williams, fue una de las personas que se marcharon.
McKay, de 47 años, no es el único acusado de tráfico de drogas que se ha beneficiado.
La oficina también retiró el mes pasado un caso contra un hombre que fue arrestado en septiembre después de que investigadores dijeran haberlo encontrado en posesión de un alijo de drogas destinadas a ser traficadas en las Ciudades Gemelas, como se conoce a las urbes vecinas de Minneapolis y St. Paul, que incluía 7.600 pastillas de fentanilo y casi 7 kilogramos (15 libras) de cocaína.
Un tercer caso desestimado involucró a un hombre acusado de conspiración para distribuir metanfetamina después de que la policía en Rochester encontrara 1,3 kg (tres libras) de la droga durante un registro de su vehículo en enero de 2025.
“Con todo el mundo yéndose de allí, esto está presentando algunos desafíos para todos en el estado”, expresó el jefe de la policía del condado Clay, Mark Empting, quien dijo que McKay supondría “una gran preocupación para la seguridad pública” si regresa a Moorhead. “Ojalá reconstruyan la oficina y vuelvan a asumir estos casos”.
El caso contra McKay se remontaba a 2024, cuando empleados de FedEx en Fargo, Dakota del Norte, descubrieron un paquete que contenía 4,5 kg (casi 10 libras) de metanfetamina de alta pureza que llegaba desde California y estaba dirigido a McKay. La policía estimó el valor en la calle en $80.000.
Un detective que se hizo pasar por empleado de FedEx entregó el paquete a McKay, quien fue arrestado. Los investigadores dicen que registraron teléfonos celulares y encontraron mensajes de texto que vinculaban a McKay con otros presuntos traficantes de drogas en Minnesota, California, Chicago y México.
McKay estuvo encarcelado casi un año a la espera de juicio por cargos estatales, antes de que un jurado investigador federal presentara una acusación formal en mayo de 2025 imputándolo por dos cargos de distribución de metanfetamina. La acusación incluía un aumento de pena porque tenía más de dos condenas previas por delitos violentos.
Entre ellas figuran agresión agravada en 2013, agresión doméstica por estrangulamiento en 2017 y agresión que causó daño corporal sustancial en 2021. Los fiscales dijeron que tenía al menos una docena de condenas por delitos graves, iniciadas cuando tenía 16 años y disparó una escopeta de cañón recortado bajo la barbilla de una víctima.
El veterano fiscal federal adjunto Thomas Hollenhorst argumentó el verano pasado que McKay era demasiado peligroso para ser liberado antes del juicio, incluso para ingresar a un programa de abuso de sustancias, y sostuvo que su historial de violencia “pondría a innumerables personas en riesgo”.
Un juez estuvo de acuerdo, señalando que McKay había faltado repetidamente a comparecencias judiciales, había dado nombres falsos a la policía y se le había revocado la libertad condicional por infracciones.
Pero el mes pasado, la Fiscalía de Estados Unidos indicó que Hollenhorst se estaba “jubilando inesperadamente” y pidió un aplazamiento. Un juez movió la fecha del juicio del 12 de febrero al 2 de marzo. Aun así, la oficina retiró el caso días después en una presentación que no ofreció explicación. Un juez ordenó la liberación inmediata de McKay. Hollenhorst declinó hacer comentarios.
McKay salió el 31 de enero de la cárcel del condado de Sherburne en Elk River, a 30 millas de Minneapolis. Los intentos de AP por comunicarse con él no tuvieron éxito.
Brandl, la abogada de McKay, dijo que, aunque el resultado fue una victoria para su cliente, la jubilación de Hollenhorst tras 40 años en el Departamento de Justicia fue “una enorme pérdida”.
“Era un muy buen fiscal”, afirmó. “Era razonable y veía a nuestros clientes como seres humanos, no solo como números”.
___
Foley informó desde Iowa City, Iowa.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
