El Gobierno de Bolivia garantiza la apertura de juicios de responsabilidad a Áñez tras una petición de la ONU
LA NACION
El viceministro de Justicia de Bolivia, César Siles, ha confirmado este lunes que el Gobierno impulsará la apertura de cuatro juicios de responsabilidades a la expresidenta Jeanine Áñez, tal y como sugirió el relator de Naciones Unidas para la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán.
"Por responsabilidad, por procedimiento, nos corresponde impulsar, lograr esa autorización legislativa, para luego iniciar el juicio de responsabilidades", ha explicado Siles en declaraciones a La Razón Radio, donde ha detallado que este proceso se encuentra ahora en trámites en la Asamblea Legislativa.
La Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa analiza a día de hoy cuatro acusaciones contra de Áñez por los casos de las masacres de Senkata y Sacaba; por el préstamo del Fondo Monetario Internacional; la ampliación de la concesión del registro de comercio a Fundempresa; y el decreto tildado de amenazar la libertad de expresión en la pandemia.
A este respecto, el viceministro Siles ha explicado que la cartera de Justicia ha firmado ya las proposiciones acusatorias en los cuatro casos, con lo que ahora corresponde a las autoridades "hacer el seguimiento" de las causas, más aún cuando el Ejecutivo ha sido "acusación particular".
En este contexto, el alto funcionario ha pedido a la oposición que "cumpla su compromiso" y allane el camino para que se abran juicios de responsabilidades a la expresidenta, algo que la propia Áñez ya pidió el pasado mes de abril.
Este cambio de rumbo del Gobierno de Bolivia se da después de que la Justicia condenase a Áñez a diez años de cárcel por su papel en la crisis política de noviembre de 2019, una sentencia que ha despertado las críticas de Naciones Unidas e incluso de la Unión Europea.
En este contexto, García-Sayán trasladó también su preocupación ante una "posible intervención" del Ejecutivo en el juicio contra Áñez y, por otro lado, aseveró que cualquier persona que se haya desempeñado como presidente, al margen de cómo surgió su mandato", debería ser evaluada mediante juicios de responsabilidades y no por la vía ordinaria.
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